Aurelia Navarro Niño
La situación financiera y operativa del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) refleja un panorama complejo, marcado tanto por deudas institucionales como por irregularidades en la ejecución de obra concesionada.
Durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, la directora Josefina Morales Guerrero reveló que el organismo no solo deberá cubrir 542 millones de pesos a Banobras antes de 2028, sino que además arrastra un adeudo de mil 499 millones de pesos con Finanzas, lo que presiona su estabilidad presupuestal.
Sin embargo, el punto más crítico radica en la relación con la concesionaria Agua de Puebla para Todos. De los 2 mil 113 millones de pesos autorizados para inversión entre 2022 y 2024, existe la posibilidad de reconocer hasta mil 803 millones, siempre y cuando se logren solventar observaciones y justificar obras no contempladas originalmente.
Aun en ese escenario, persistiría un faltante de 309 millones de pesos sin acreditar en dicho periodo. Para 2025, el panorama no mejora: de los 252 millones de pesos que debían invertirse, únicamente se han identificado obras por 114 millones, dejando un rezago de 137 millones de pesos.
Además, destaca la ejecución de más de mil millones de pesos en obras fuera del esquema autorizado, lo que abre cuestionamientos sobre la planeación, supervisión y cumplimiento contractual, así como posibles responsabilidades administrativas por 165 millones de pesos detectados con irregularidades.
Del saldo que se debe a Banobras, que debe ser saldado para 2028 es de 542 millones de pesos, mientras que a finanzas se le deben mil 499 millones de pesos al cierre de febrero.
“Cuando lleguemos al año 2028, Banobras va a estar saldado, y la deuda total se le va a deber al Gobierno del Estado”, dijo.
