Aurelia Navarro Niño
El Congreso del Estado de Puebla aseguró que el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tomará acciones directas contra Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”, figura señalada por su presunta operación como líder huachicolero en el Triángulo Rojo desde 2017.
El pronunciamiento marca un nuevo cierre de filas entre el Legislativo local y la administración estatal de Alejandro Armenta en la exigencia de enfrentar estructuras criminales que, intentan influir en la vida pública de la entidad.
El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, acompañado del diputado morenista Julio Huerta, llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía General de la República (FGR), actuar con contundencia para frenar las prácticas ilícitas atribuidas a Martínez Fuentes.
En sintonía con la postura del gobernador Armenta Mier, los diputados destacaron que la LXII Legislatura se mantendrá vigilante del proceso jurídico que involucra a la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez —hija de “El Toñín”— y esperará a recibir la solicitud formal que permita iniciar el análisis para su posible destitución.
Julio Huerta condenó particularmente las expresiones del presunto líder huachicolero contra el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, calificándolas de “inadmisibles” y de una “teatrificación” que busca desacreditar sin sustento a un funcionario que actuó ante denuncias de violencia política de género.
El posicionamiento del Congreso refuerza la narrativa de que el combate al huachicol y la desarticulación de redes que han logrado presencia política en municipios del Triángulo Rojo es ahora una prioridad compartida entre los gobiernos estatal y federal, mientras el Legislativo se prepara para intervenir si el caso de Quecholac así lo requiere.
