José Carlos Sánchez
El gobierno de Puebla confirmó que la empresa relacionada con el presunto responsable del ataque ocurrido en la Vía Atlixcáyotl sí se encontraba inscrita en el padrón de proveedores y contratistas del estado, al tiempo que anunció un endurecimiento en los mecanismos de revisión para evitar que empresas con documentación irregular accedan a contratos públicos.
Durante la conferencia matutina, el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, informó que la empresa fue constituida el 29 de marzo de 2017 y, a partir de entonces, obtuvo registro en el padrón de contratistas, por lo que pudo participar en procesos de contratación conforme a la especialidad con la que fue inscrita.
El funcionario explicó que la iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública, recientemente enviada al Congreso del Estado, busca fortalecer los procesos de calificación y registro de proveedores, luego de detectar que algunas empresas han presentado documentación alterada.
"Se ha detectado que algunas personas presentan documentos alterados", señaló, al precisar que con la reforma se verificará con mayor rigor la solvencia económica, técnica y moral, así como la experiencia de quienes pretendan contratar obra pública.
Asimismo, reveló que la dependencia ha presentado seis denuncias penales contra representantes de empresas por la presunta entrega de documentación falsa para obtener su registro como contratistas.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración revisará cuidadosamente a las empresas interesadas en trabajar con el estado y exhortó al sector empresarial a mantener en regla su situación fiscal.
"Exhorto a los empresarios poblanos que tienen interés de participar con el gobierno del estado a que se abstengan de mantener relación con empresas fachada o con empresas que tengan vínculos con empresas que prestan servicios de manera simulada", expresó.
El mandatario añadió que los proveedores deberán cuidar su cumplimiento ante el SAT y el IMSS, pues el gobierno estatal mantendrá una revisión permanente de los procesos de contratación para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
