Gabriela García Guzmán
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, aseguró que el penal de San Miguel mantiene sus operaciones con normalidad y que no se han registrado incidentes al interior, pese a las manifestaciones y denuncias realizadas durante la semana pasada por familiares de personas privadas de la libertad.
El funcionario sostuvo que las protestas ocurrieron fuera del centro penitenciario y rechazó que exista una situación de crisis interna, como se ha señalado públicamente.
Explicó que, ante los cuestionamientos sobre las condiciones en las que permanecen los internos, esta semana se realizará una inspección conjunta con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y autoridades sanitarias.
El objetivo será verificar directamente las condiciones de las personas privadas de la libertad y atender posibles irregularidades detectadas durante el recorrido.
Sánchez González informó que, durante 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 32 observaciones relacionadas con el sistema penitenciario, de las cuales 23 han sido solventadas y nueve continúan en proceso de atención.
Aseguró que las observaciones pendientes serán atendidas antes de concluir el año y afirmó que mantiene comunicación directa con la presidenta del organismo para dar seguimiento a las denuncias.
Respecto a los señalamientos difundidos por la activista Niño de Rivera sobre las condiciones del penal de San Miguel, el vicealmirante explicó que en noviembre de 2025 se le autorizó ingresar al centro penitenciario para realizar un reportaje y grabar imágenes de sus instalaciones.
Indicó que la activista contó con facilidades para documentar el funcionamiento del reclusorio, aunque existen áreas de acceso restringido debido a las condiciones de seguridad y al perfil de determinados internos.
Ante los cuestionamientos sobre el área conocida como módulo W, adelantó que esta semana se efectuará una revisión específica junto con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Si tenemos que corregir alguna situación, la corregiremos”, afirmó el titular de Seguridad Pública.
Por otra parte, anunció que el pasado 4 de noviembre comenzaron los procedimientos de licitación para adquirir inhibidores de señal y cámaras de videovigilancia destinadas a reforzar la seguridad dentro del centro penitenciario.
Reconoció que estas mejoras no pudieron ejecutarse anteriormente, pero aseguró que ya forman parte de los procesos de contratación correspondientes al ejercicio 2026.
Las declaraciones del vicealmirante se producen después de las protestas y bloqueos realizados por familiares de internos, quienes denunciaron presuntas extorsiones, agresiones y otras irregularidades dentro del penal.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública sostiene que San Miguel funciona sin incidentes, la inspección anunciada permitirá contrastar la versión oficial con las denuncias sobre las condiciones de reclusión y determinar si existen situaciones que requieran medidas correctivas.
