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Noroña defiende compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN, pues es una herramienta de trabajo.

El Universal Online

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee por parte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que corresponde al propio Poder Judicial informar con detalle sobre esta compra, su justificación en materia de seguridad y los criterios utilizados por su órgano administrativo.

Indicó que pidió información, y el Poder Judicial le informaron que significa un ahorro de más de mil millones de pesos.

Luego de que se diera a conocer que los vehículos —cuyos precios oscilan entre un millón 100 mil y un millón 800 mil pesos sin blindaje— fueron adquiridos para garantizar la seguridad e integridad de las ministras y ministros, la mandataria federal explicó que solicitó información al respecto a través de la Secretaría de Gobernación.

“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración del Poder Judicial y nos dieron una nota informativa en la que se señala que existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos”, señaló Sheinbaum.

No obstante, la presidenta subrayó que la Suprema Corte debe informar públicamente sobre la adquisición, particularmente si ésta responde a alguna situación de riesgo o amenaza específica contra las ministras y ministros.

“Todo ello tiene que informarlo la Corte”, enfatizó, al precisar que su gobierno únicamente dio cuenta de la información que le fue proporcionada de manera institucional.

Sheinbaum habla sobre desempeño del nuevo pleno de la Corte

En otro tema relacionado con el Poder Judicial, Sheinbaum fue cuestionada sobre el desempeño del nuevo pleno de la SCJN, que desde el inicio de sus funciones en septiembre del año pasado ha emitido al menos seis fallos favorables a reformas y decretos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de ratificar cambios impulsados por Morena en el Congreso, como la reforma que otorga facultades a la presidencia del INE para realizar nombramientos sin consultar al Consejo General tal como lo publicó EL UNIVERSAL.

Ante los señalamientos de una posible inclinación política del máximo tribunal, la presidenta rechazó emitir juicios y reiteró que esas preguntas deben ser respondidas por el propio Poder Judicial.

"Ellos tienen sesiones públicas; ahí están las discusiones de las ministras y los ministros y se pueden conocer sus argumentos”, sostuvo.

Sheinbaum contrastó el funcionamiento actual de la Corte con etapas anteriores, en las que —dijo— las decisiones se tomaban de manera privada y llegaban prácticamente acordadas al pleno. “Hoy todas las sesiones son públicas, ya no existen las salas de discusión como antes, y los argumentos están a la vista”, afirmó.

Finalmente, señaló que, como en cualquier tribunal constitucional, las resoluciones se sustentan en criterios legales y constitucionales, y recordó que en el pasado la Corte también votaba sistemáticamente en contra de las iniciativas del Ejecutivo.

"La función principal de la Corte es definir la constitucionalidad de lo que se discute, y ahí están sus argumentos”, concluyó.

Debate

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la cantante y actriz mexicana Sasha Sokol habló sobre la situación legal que mantiene con el productor Luis de Llano, tras su demanda por daño moral. A pesar de haber obtenido una victoria contundente en los tribunales, la ex integrante de Timbiriche manifestó su profunda frustración ante el incumplimiento de las medidas de reparación del daño dictadas por la justicia mexicana.

Sasha Sokol fue enfática al señalar que, aunque la sentencia es firme, la contraparte no ha acatado la totalidad de las sanciones impuestas. El punto central del descontento de la cantante radica en la ausencia de la disculpa pública, una de las condiciones fundamentales estipuladas en la condena. Según lo relatado por la actriz, la fecha límite para que Luis de Llano emitiera dicho pronunciamiento venció el pasado 9 de enero, sin que hasta el momento se haya registrado acción alguna.

El desacato a las medidas de reparación
Durante su declaración, Sasha Sokol detalló las cuatro obligaciones que la sentencia impuso a Luis de Llano para resarcir el daño causado por la relación ilícita que mantuvieron cuando ella era una menor de 14 años y él un hombre de 39. Estas medidas incluyen:

La prohibición de hablar sobre ella o la relación

El pago de una indemnización económica (que donará a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual)

Capacitación en temas de prevención de abuso

Una disculpa pública

La cantante confirmó que el productor ya presentó constancia de haber tomado el curso, pero ha ignorado el resto de los mandatos cruciales. La indignación de Sasha Sokol se hizo patente al cuestionar la eficacia del sistema si las sentencias del máximo tribunal no se ejecutan.

"Si ya se llegó hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte de Justicia y se puso un castigo para el señor Luis de Llano, que no lo cumpla, pues, ¿dónde estamos?", cuestionó la ex Timbiriche. Sus palabras reflejan el sentir de muchas víctimas que, tras arduas batallas legales, se enfrentan a la indiferencia de sus agresores ante los mandatos judiciales.

Sasha Sokol utilizó una expresión coloquial pero contundente para describir la actitud del productor musical, afirmando que hay personas que se pasan las decisiones legales "por el Arco del Triunfo". La cantante hizo un llamado a las autoridades para que encuentren los mecanismos necesarios que obliguen al cumplimiento irrestricto de lo acordado.

Un precedente legal histórico en México

Es imperativo recordar que este conflicto legal se originó en 2022, después de que Luis de Llano ofreciera una entrevista a Yordi Rosado en la que minimizó la gravedad de la relación asimétrica que sostuvo con Sasha Sokol décadas atrás. Aquellas declaraciones, percibidas como una normalización del estupro, motivaron a la cantante a interponer una demanda civil por daño moral, buscando no solo justicia personal, sino enviar un mensaje claro sobre la protección a los menores de edad.

El proceso culminó en un hito para la jurisprudencia mexicana cuando, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo solicitado por la defensa del productor. Al ratificar la condena, la Corte estableció un precedente fundamental: la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual y la posibilidad de demandar por la vía civil sin importar el tiempo transcurrido. Este fallo derribó el argumento de la defensa que apelaba a la extinción del derecho a demandar por el paso de más de tres décadas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahora ratificada, confirmó que se violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor de Sasha Sokol. La resolución valida la postura de que el abuso de poder y la pederastia no pueden ser borrados por el tiempo ni justificados bajo el amparo de relaciones "amorosas" cuando existe una disparidad de edad y madurez tan abismal como la que se presentó en este caso.

Reflexiones sobre el silencio y la revictimización

Más allá de su caso particular, Sasha Sokol aprovechó la atención mediática para reflexionar sobre la evolución social en el tratamiento de los abusos. “Creo que es normal que las personas que vivieron situaciones de abuso, hombres o mujeres, aún pasado el tiempo, de pronto con las leyes que cambian, con los medios de comunicación que se vuelven más empáticos y comunican este tipo de notas, pues algunas personas se atrevan a vivir de forma pública, sí, a revelar sus abusos”.

Al abordar las críticas recurrentes que cuestionan por qué las víctimas tardan años en denunciar, Sasha Sokol fue tajante al explicar la psicología detrás del silencio. “Es lo mismo que he vivido yo y es lo mismo que ha vivido muchísimas personas que se atreven a hablar. Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes".

Finalmente, la cantante reiteró su compromiso con la causa: "creo que es bien importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno, desde la trinchera en la que esté, juega para que esto sea así y no juzgar de esa manera".

Luis de Llano y la “Ley Magno”

Resulta paradójico que, mientras Luis de Llano incumple la orden judicial de disculparse, apenas hace unos meses impulsaba activamente la llamada “Ley Magno”. Esta iniciativa legislativa, promovida por el productor de televisión tras las acusaciones en su contra, buscaba reformar las leyes para proteger a los hombres de lo que él calificaba como “difamación mediática” y juicios sin pruebas, argumentando la presunción de inocencia.

Sin embargo, ahora que existe una sentencia definitiva probada en el máximo tribunal que confirma el daño moral y el abuso, su negativa a acatar la ley contradice su propio discurso de respeto a la legalidad que pregonaba ante el Senado.

-Grupo Elektra debe pagar una nueva multa por más de 67 millones de pesos al SAT, resuelve SCJN.

aristeguinoticias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales, en una decisión que se suma a una serie de reveses judiciales para el empresario.

Esta resolución se produce pocos días después de que el Pleno desechó siete amparos de Elektra y TV Azteca que lo obligan a cubrir más de 50 mil millones de pesos.
Con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto de la ministra Lenia Batres en el amparo directo en revisión 3842/2024, en el que se determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí tiene facultades para fiscalizar directamente a empresas individuales que forman parte de un grupo que declara de manera consolidada.

Esta interpretación revocó un fallo previo que establecía que el SAT solo podía revisar a la empresa controladora del conglomerado.
El criterio implica que Nueva Elektra del Milenio deberá responder por adeudos por poco más de 67.16 millones de pesos.

Aunque estaba previsto que se discutiera también el amparo directo en revisión 2526/2025, por 645.7 millones de pesos en el caso de TotalPlay, el ministro presidente Hugo Aguilar solicitó mantenerlo en lista para un análisis más amplio, por lo que su discusión fue pospuesta.

La resolución ocurre en un contexto en el que la SCJN ha rechazado la mayoría de los recursos con los que Elektra y TV Azteca buscaban evitar el pago de adeudos fiscales acumulados entre 2008 y 2016.
El pasado 13 de noviembre, la Corte desechó siete amparos que, en conjunto, obligan a Salinas Pliego a pagar 50 mil 409 millones de pesos, entre ellos uno por más de 33 mil millones al que se le negó el “interés excepcional” requerido para su revisión.

Con los fallos más recientes, el máximo tribunal del país cerró el paso a varios de los intentos de las empresas de Salinas Pliego por frenar los cobros del fisco, mientras aún permanecen en lista otros asuntos de alto monto que seguirán definiéndose en las próximas semanas.
Luego del fallo de la SCJN, Grupo Salinas dijo nuevamente que seguirá defendiendo sus causas у derechos ante otras instancias nacionales e internacionales.

Añadió que su voluntad de pagar lo que es justo y correcto siempre ha estado presente, pero dijo, “lo que no haremos jamás es conceder ante pretensiones excesivas e ilegales”.

- Descarta cancelar licencia por 10 años

Aurelia Navarro Niño

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligatoriedad de contar con un seguro de daños a terceros para circular en Puebla.

Pero en sesión de este lunes 6 de octubre, la SCJN dejó sin efecto la cancelación de la licencia de conducir por 10 años para quienes no cuenten con póliza, al considerar que esa sanción era excesiva.
El máximo tribunal también avaló la suspensión de la licencia por un año a los conductores que resulten positivos en el alcoholímetro, al reconocer que la medida contribuye a la seguridad vial.

La resolución deriva de la acción de inconstitucionalidad 1/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestionó diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla.

“El proyecto estima que la sanción consistente en la cancelación de la licencia de conducir por diez años, o la restricción de que no se pueda expedir alguna otra por un periodo igual, resulta excesiva y no genera ningún beneficio a la seguridad vial”, explicó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Durante la discusión se presentó información del INEGI que revela que en 2024 se registraron en Puebla 12 mil 920 incidentes de tránsito:

440 por colisión con peatones, mil 193 contra objetos fijos, 8 mil 258 entre vehículos, 937 por salida de camino, mil 461 con motociclistas y 363 volcaduras, con un saldo de 264 muertes por accidentes viales.

De acuerdo con el mismo informe, en el estado circulan 1 millón 269 mil 822 vehículos, de los cuales el 49 por ciento —equivalente a 618 mil 404 unidades— carece de seguro para cubrir a los ocupantes en caso de siniestro vial.

Aurelia Navarro Niño

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Giovanni Azael Figueroa Mejía, admitió que sería prematuro emitir un juicio sobre la Reforma Electoral que está siendo estudiada por la Comisión Presidencial.

Dijo que a la SCJN llegara cuando se tenga que intervenir en la revisión de alguna ley a fin de aclarar si es acorde o contraria a la Constitución.

“Una vez que se resuelva, los ministros podrían comentar sobre el tema, incluso se hablaría del por qué se resolvió de esa forma”, explicó Giovanni Azael Figueroa durante su visita al estado de Puebla.

En esa idea, consideró importante que se empiecen a emitir sentencias “más cortas”, con un lenguaje claro entendible para los ciudadanos.

Indicó que la forma tradicional de emitir sentencias deriva de procesos muy largos, por ello se trabaja en emitir alegatos fundamentados, sin violaciones a los derechos humanos, pero más cortos, reiteró el ministro.

Sharim Guzmán, exintegrante de La Luz del Mundo, señaló en ‘Aristegui en Vivo’ que la iglesia evita registrar oficialmente a sus ministros de culto para facilitar su participación en cargos públicos y mantener influencia en los tres poderes de gobierno.

msn

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, manifestó su inconformidad con la reducción de salarios aplicada a partir de enero de 2025. En entrevista con Radio Fórmula, señaló que el ajuste fue desproporcionado para la magnitud de la responsabilidad que tienen los ministros.

Nos disminuyeron el salario, yo ganaba 200 y pico y ahora gano 137 mil (pesos al mes)”, explicó.

Calificó la reducción como “muy, muy fuerte” y cuando se le preguntó si era injusta, respondió: “Yo creo que sí, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos”.

Si bien reconoció que la disminución de remuneraciones fue una condición del proceso de elección por voto popular, insistió en que debe revisarse el tema de las prestaciones, al considerar que la carga de trabajo y las funciones que desempeñan justifican una revisión más amplia.

¿Cuánto ganan los ministros tras el recorte?

Con la reforma judicial de 2024, los sueldos de ministros, magistrados y jueces quedaron por debajo de lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum. El ingreso neto mensual de un ministro se fijó en 137,582 pesos, cantidad que recibe actualmente el presidente de la Corte, Héctor Hugo Aguilar Ortiz.

No obstante, hay casos como el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien decidió voluntariamente percibir 128,992 pesos al mes para ajustarse al mandato del Artículo 127 constitucional, que prohíbe que un funcionario público gane más que el Presidente de la República.

Las nuevas medidas de austeridad en la Corte

El nuevo ministro presidente de la SCJN, Héctor Hugo Aguilar Ortiz, ha impulsado cambios internos para alinear a la Corte con la política de austeridad. Entre ellos:

La eliminación del seguro privado de gastos médicos y del seguro de jubilación anticipada. “Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE”, señaló.

Un ahorro estimado de 800 millones de pesos anuales por la cancelación de esos beneficios.

Una revisión de las pensiones de exministros retirados, con el objetivo de ajustarlas a lo permitido por la Constitución.

Aguilar Ortiz señaló que estas medidas buscan mantener la confianza ciudadana y garantizar un uso responsable del presupuesto.