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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM), obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Francisco N., probable responsable de los delitos contra los animales en su modalidad de apoderamiento y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 28 de octubre de 2024 un ejemplar canino de raza pastor belga fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en el Barrio de San Sebastián de la ciudad de Puebla para recibir atención médica especializada a cargo del hoy imputado.

El 9 de noviembre de 2024, una mujer acudió al establecimiento para recoger a la mascota tras su alta médica; no obstante, al no cubrir la totalidad del pago solicitado por los servicios, el médico veterinario presuntamente le impidió salir del lugar mediante actos de intimidación, negándose además a entregar al animal.

Derivado de la denuncia y de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a José Francisco N. por su probable participación en ambos ilícitos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de procurar justicia con estricto apego a la legalidad y garantizar la debida atención a hechos que vulneren la libertad personal y la protección y bienestar animal en la entidad.

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Ciudad de México. Un juez adscrito al Centro de Justicia del penal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso a Fausto Corrales Rodríguez, por los delitos de encubrimiento en el caso del homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, y falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad diversa a la judicial.

Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fausto Corrales Rodríguez, también es considerado testigo clave del secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024. En continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba que fueron contundentes para obtener del impartidor de justicia dicha determinación.

Corrales Rodríguez fue aprehendido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la semana pasada en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), formuló imputación y luego de la duplicidad del término constitucional que la defensa solicitó, obtuvo la vinculación a proceso.

En la audiencia inicial de imputación de cargos que se realizó el miércoles pasado de manera privada, el juez calificó de legal la detención de Corrales Rodríguez, quien enfrenta acusaciones por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento.

Vínculos con 'El Mayo' Zambada

Corrales Rodríguez es testigo clave para saber qué sucedió la tarde y noche del 25 de julio de 2024, cuando fue asesinado el rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, y simultáneamente fue secuestrado el capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien horas después fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Esa tarde, Corrales Rodríguez había llevado a Melesio Cuén a una reunión en la que supuestamente estaría presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en la Finca Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán.

En su momento, declaró a la Fiscalía de Sinaloa que había trasladado a Cuén a un hospital, después de que sujetos armados dispararon contra el ex rector de la UAS en una gasolinera, en un intento de robo, pero se descubrió que todo había sido un montaje y que el rector fue asesinado en la finca, lugar donde Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, secuestró con engaños a “El Mayo” Zambada, para después llevárselo vía aérea a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades de aquel país.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), rescató de manera ilesa a una mujer y detuvo a Javier N., José Carlos N., Marco Edu N., Andrés N. y Eduardo N., por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Los hechos se registraron el 20 de agosto de 2026 en el municipio de Atlixco, donde sujetos armados a bordo de una camioneta ingresaron al negocio de la denunciante, agredieron físicamente a los trabajadores y privaron de la libertad a la víctima. 

Posteriormente, los captores se comunicaron vía telefónica haciéndose pasar por integrantes de un grupo del crimen organizado, exigiendo la entrega de 3 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras interponer la denuncia correspondiente ante la FGE, personal especializado en manejo de crisis y negociación asesoró a la familia, logrando pactar una entrega de 150 mil pesos en efectivo.

Con la información técnica y de inteligencia obtenida, agentes de la FEISE desplegaron un operativo táctico en las inmediaciones del municipio de Huaquechula durante el momento del cobro del rescate, logrando la liberación inmediata de la víctima y la detención de los cinco probables responsables.

En la intervención operativa, la autoridad ministerial aseguró los 150 mil pesos en efectivo producto del rescate, un arma de fuego larga calibre 5.56 mm con 21 cartuchos útiles, un arma de fuego corta calibre .45 mm con cuatro cartuchos, dos camionetas y seis teléfonos celulares presuntamente utilizados para las llamadas extorsivas.

A la víctima se le brindó atención médica y psicológica integral para salvaguardar su bienestar físico y emocional, en tanto que los cinco detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica en el término constitucional correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de actuar con inmediatez y eficacia ante conductas de alto impacto, garantizando la procuración de justicia y el combate frontal al delito de secuestro en la entidad.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Óscar N., de 18 años de edad, como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos personas de sexo masculino.

De acuerdo con las investigaciones a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, el 19 de agosto de 2026 ambas víctimas se trasladaron a bordo de una motocicleta al municipio de San Salvador Huixcolotla para encontrarse con el hoy imputado.

Al arribar al sitio, Óscar N. sacó un arma de fuego y disparó en la cabeza a uno de los masculinos, provocándole la muerte de manera instantánea. Al advertir la agresión, la segunda víctima intentó ponerse a salvo corriendo en sentido opuesto; sin embargo, el imputado le disparó en repetidas ocasiones causándole el fallecimiento, para después huir en la motocicleta de los afectados.

En seguimiento a las labores de campo y gabinete, agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y aportó datos de prueba determinantes que permitieron al Juez de Control dictar vinculación a proceso contra Óscar N., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableciendo un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene el seguimiento procesal estricto para esclarecer los hechos delictivos y combatir la impunidad en la entidad.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cateó y aseguró un inmueble con giro comercial utilizado presuntamente para el almacenamiento y comercialización de narcóticos en la capital poblana, logrando la detención de Juana Lucía N.

 La intervención ministerial fue desahogada por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en estrecha colaboración operativa con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva.

 Derivado de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia policial de campo y gabinete, se identificó un establecimiento habilitado con fachada comercial en la colonia Miguel Hidalgo, donde presuntamente se distribuían estupefacientes las 24 horas del día.

 Al cumplimentar la orden de cateo obsequiada por la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad aseguraron al interior del predio 44 dosis con sustancia granulada de aparente cristal, así como un objeto con características de arma de fuego tipo pistola.

 Tanto el establecimiento como los indicios asegurados quedaron bajo resguardo ministerial, mientras que Juana Lucía N. fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público como probable responsable de delitos contra la salud, a fin de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

 La Fiscalía General del Estado de Puebla fortalece el trabajo coordinado con corporaciones federales y estatales para desarticular puntos de narcomenudeo y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía..

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició carpeta de investigación contra Arturo N., de 25 años de edad, y José Manuel N., de 23 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado cometido en agravio de una tienda departamental en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los antecedentes, el 18 de agosto de 2026, los detenidos, junto con otra persona, presuntamente ingresaron a un establecimiento comercial ubicado en la colonia San José Xilotzingo, donde rompieron vitrinas en las que se encontraban equipos celulares.

Durante el hecho, los probables responsables habrían obligado al personal a tirarse al suelo, para posteriormente sustraer diversos teléfonos celulares, guardarlos en mochilas y salir del inmueble.

A través de la ubicación GPS de uno de los equipos activos, fue posible localizar a los señalados.

Al realizarles una inspección, les fueron encontrados 18 teléfonos celulares, por lo que quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía cuenta con informe policial homologado, entrevista de un empleado, inspección del lugar de los hechos, inspección de la detención y revisión de indicios.

La FGE mantiene el seguimiento de la investigación para esclarecer los hechos.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en colaboración con autoridades del estado de Veracruz, cumplió orden de aprehensión contra Luis Graviel N., de 41 años de edad, originario de República Dominicana, investigado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.

El mandamiento judicial fue cumplido el 6 de agosto de 2026, por agentes de la Unidad de Apoyo Policial de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, derivado de un oficio de colaboración que permitió ubicar al imputado en el municipio de Orizaba, Veracruz.

De acuerdo con los antecedentes, el 11 de noviembre de 2019, por la tarde, la víctima se encontraba al interior de su domicilio en compañía de su pareja y se disponía a salir, cuando presuntamente escuchó que el ahora detenido golpeaba la puerta del inmueble.

Al asomarse, observaron que Luis Graviel N. presuntamente portaba un desarmador y exigía la entrega de las llaves de la vivienda, bajo amenazas de privarlos de la vida si no salían del lugar. Posteriormente, al salir del domicilio, el imputado habría agredido a la víctima con dicho objeto, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras su aprehensión, el imputado quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará con el seguimiento del proceso penal para procurar justicia a favor de la víctima.

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El detenido fue identificado como Héctor Iván “N”, quien es originario del estado de Tamaulipas

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra José Miguel N., José Higinio N. y Laura N., por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en Santiago Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso.

De acuerdo con la investigación, el 9 de febrero de 2023, aproximadamente a las 19:30 horas, la víctima se encontraba en su domicilio acompañada de familiares cuando seis personas, vestidas con uniformes similares a los militares, ingresaron al inmueble, la sometieron y posteriormente la privaron de la libertad. Ese mismo día, los responsables se comunicaron con uno de sus familiares para exigir 6 millones de pesos a cambio de su liberación.

Las negociaciones no llegaron a un acuerdo y el 19 de febrero de 2023 fue localizado el cuerpo de la víctima. A partir de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía se obtuvieron órdenes de aprehensión contra quienes posteriormente fueron llevados ante la autoridad judicial y ahora recibieron sentencia condenatoria.

El 6 de agosto de 2026, el Tribunal dictó fallo condenatorio e impuso a los sentenciados una pena de 80 años de prisión, además de una multa por 1 millón 244 mil 880 pesos, la reparación del daño moral y material —cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución— y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad de las personas, así como de presentar ante los tribunales los elementos necesarios para que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

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Una red de despojo que tiene conexiones con una notaría del estado de México se apropió ilegalmente de la casa de la familia de Alberto Sorkin, ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en 2010. Después de 16 años de los hechos, no han podido recuperarla.

Alberto acudió a las reuniones que se hicieron esta semana con víctimas de despojo para hacer visible su caso, pues apegarse a los procedimientos legales no le ha restituido el inmueble en donde creció, además de que ya es rematado por la inmobiliaria Inmonova Bienes por 60 millones de pesos.

Dicha red de despojo es encabezada por Carlos Eugenio Cuenca Aznar, un sujeto al que la entonces Procuraduría General de Justicia de la ciudad encarceló en el Reclusorio Oriente en 2012 por fraude, pero que quedó en libertad para continuar operando.

Él, en coordinación con su hermano Ernesto Eduardo Cuenca Aznar, presunto abogado, hicieron un “contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria” en 2008 en la notaría número 91 de Tlalnepantla, en el que involucraban a la madre de Alberto. Eso ocurrió tan sólo dos años antes de que ella perdiera la vida por temas de salud.

Falsificación de entrega de aval, el punto de partida

En el contrato, que fue consultado por La Jornada, María Rodríguez Sorkin fue puesta ilegalmente como aval de Constructor Celo Salvador SA de CV, con supuestas oficinas en Paseo del Río, en la colonia Paseos de Tasqueña, Coyoacán, para respaldar un préstamo de 4 millones de pesos que la empresa debía liquidar en determinado plazo o, de lo contrario, la casa ubicada en la Segunda Cerrada de Frontera 6, propiedad de la familia en esa misma colonia, pasaría a ser de los despojantes.

Los hermanos Aznar presentaron firmas falsas y una identificación ilegible de la madre de Alberto ante la notaria pública María Guadalupe Pérez Palomino, quien firmó el documento y dio fe de los hechos. Cabe señalar que, posteriormente, la letrada perdió la vida durante la pandemia de covid-19.

Tras recibir el contrato de mutuo, en 2010, los hermanos Cuenca, propietarios de la supuesta constructora, interpusieron un juicio en el juzgado noveno de lo civil en Tlalnepantla, en el que el juez José Luis Martín López Santana les otorgó la posesión del inmueble de la familia Sorkin en la Ciudad de México.

Yazmín Ortega

Una vez que la madre de Alberto falleció, y con una sentencia a su favor, Ernesto Eduardo Cuenca se apersonó en el domicilio señalando que le pertenecía, pero la familia Sorkin le impidió la entrada. Meses después, con ayuda de elementos de la policía capitalina, los sacaron de su casa a la fuerza y pusieron a un velador a cuidarla desde entonces.

Este diario recorrió por fuera el predio despojado con la víctima y constató que un sujeto monitoreaba las actividades que se realizaban.

Tras el despojo, la familia Sorkin emprendió diversos procedimientos civiles con abogados que, según relataron Alberto y su esposa Verónica, sólo les “sacaron” dinero y permitieron que jueces en la Ciudad de México le dieran la razón a los despojantes.

Ignoran peritaje clave

A pesar de que una perito del estado de México señaló a las autoridades que la firma que presentaron los despojadores era falsa, resolución que quedó asentada en el documento FC/74/TI/325/15-06, esto no fue tomado en cuenta por los jueces José Encarnación Lozada y María Teresa Rincón, ni por los magistrados de la tercera sala civil de la capital, Mónica Venegas Hernández, Carlos Camargo Correa y Antonio Hernández Sánchez. Todos ellos, en algún momento en estos 16 años, tuvieron el expediente 1565/2025.

Al destaparse los casos de despojo en la ciudad, la familia de Alberto acudió a la reunión del pasado miércoles en la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) para visibilizar su caso. Ahí, Verónica hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, para que revisen su caso.

También pidieron específicamente que detengan la red de despojo que encabezan los hermanos Cuenca Aznar en colusión con autoridades del estado de México, pues las investigaciones que han emprendido a lo largo de los años los llevaron a detectar 17 notarías en aquella entidad que han expedido documentos que son utilizados con el objetivo de apropiarse de inmuebles.

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