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La autoridad tributaria investiga a estas empresas como ‘presuntas fantasma’ debido a que, hasta el momento, no han podido comprobar que tengan capital, infraestructura, ni personal con el que sustenten operaciones comerciales millonarias.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias de personas o empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes de grupos delictivos.