La propuesta presentada por los diputados de Morena Gabriel Biestro y Nora Merino Escamilla (PES), en el sentido de castigar a quien difunda información falsa y dolosa que haga referencia a la pandemia del Coronavirus, de entrada es buena pero podría traerles severas consecuencias.

Y es que es evidente que los mencionados no son expertos en medios de comunicación, redes sociales, comunicación masiva, periodismo y diversas teorías de la Comunicación.

Los mencionados no han calculado el que líderes políticos, empresariales, académicos, comunicadores, periodistas, ciudadanos y ONG’S, exijan también acciones legales en contra de los legisladores (incluídos ellos), que no cumplan con su trabajo.

Y esas sanciones se antoja que sean sin fecha de caducidad, es decir, que si los diputados votaron por una ley que a la larga perjudica a la sociedad, que sean enjuiciados sin importar que ya no sean legisladores. Porque el daño lo heredan a la sociedad. 

Otro aspecto también podría ser el obligar a los diputados a trabajar y que presenten cada mes por lo menos tres iniciativas, y quien no cumpla con su cuota que regrese su dieta, solo así se quitarán la imagen de  “levantadedos”.

También no deben gozar de prebendas y ser encarcelados si atentan contra los intereses de la sociedad y el Estado.

La pena no es nada blanda pues serían 12 años de cárcel a quien comparta fake news o también no cumpla con sus obligaciones legislativas.

Repito: no estoy en contra de sancionar a quienes difundan información falsa y dolosa con tal de llamar la atención y menos en meció de la pandemia.

Lo justo es que haya piso parejo porque hasta hoy, no conozco un solo legislador que haga su trabajo por amor a la sociedad.