El síndico del ayuntamiento Puebla, Gonzalo Castillo Pérez, informó que el 26 de enero fue publicado en el Periódico Oficial la reforma al Capítulo 9 con algunos lineamientos que debe llevar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que se implementará en la entidad.

En la Comisión de Reglamentación, el funcionario señaló que el documento cuenta con más de 500 hojas que deberán ser analizadas para evitar malas interpretaciones, además se debe definir claramente las facultades del gobierno estatal y municipal para la implementación del proyecto.

“Este documento consta de 500 hojas que hay que leer y estudiar para no cometer el error de publicar o autorizar algo al marco del capítulo 9 que vaya a contraponerse. (…) Cuando nos adentramos en el contenido de anexos, este tiene un estudio a conciencia de todas las estadísticas que se han generado en cuanto a la policía estatal y municipal, la justica cívica va totalmente de la mano con protocolos y activación de actuación”, dijo.

En este sentido, agregó que el Modelo establece que el municipio realice una proximidad orientada a la solución de problemas, realice investigación y haga análisis, además la sindicatura deberá promover la justicia cívica y el trabajo en favor de la comunidad.

“Estamos trabajando en el estudio para adecuar los anexos. La federación determinará las reglas del juego, veo prematuro aventarnos a una reforma del capítulo 9 y que se ajuste conforme pase el tiempo. Me comprometo a que antes del 28 de febrero el documento esté adecuado y circulado a miembros de la Comisión para que tengan una perspectiva de la reforma propuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno de México, para recuperar la seguridad en el país, es necesario un trabajo que trasciende la competencia de las policías y de la Justicia Cívica, ya que se requiere de una procuración de justicia capaz de litigar las imputaciones exitosamente en los tribunales, de una defensoría que proteja al inocente, de tribunales que permitan conocer la verdad de los hechos a través del principio de contradicción procesal protegiendo al inocente, sancionando al culpable y de un sistema de ejecución de sanciones que promueva el justo cumplimiento de la sanción y la reinserción de los sentenciados.