Puebla, México – En un golpe contundente a la inteligencia del crimen organizado en la capital poblana, un operativo coordinado entre el Ayuntamiento de Puebla y diversas fuerzas federales y estatales desmanteló una sofisticada red de videovigilancia clandestina. Un total de 17 cámaras fueron retiradas de puntos estratégicos de la ciudad, presuntamente utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las autoridades y evadir la acción de la justicia.

El despliegue, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, reveló la audacia con la que el crimen organizado busca ejercer control territorial y operar con impunidad en zonas urbanas.

Puntos Estratégicos Bajo la Mirada Criminal. Las cámaras fueron detectadas y desinstaladas en cuatro zonas neurálgicas de Puebla: el Centro Histórico, la zona del Estadio Cuauhtémoc, la colonia Romero Vargas y Maravillas. Estos sectores no solo son relevantes por su ubicación geográfica y social, sino que también son conocidos por ser focos de actividades ilícitas como el narcomenudeo, el robo a transeúnte y la extorsión.

Especialistas en seguridad han señalado que el uso de tecnología de vigilancia por parte de grupos criminales no es una novedad, pero la presencia de estos dispositivos en lugares tan visibles y su operación sin ningún tipo de autorización demuestran un preocupante nivel de sofisticación logística y una percepción de impunidad.

Una Amenaza a la Inteligencia Policial. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla confirmaron que las cámaras estaban conectadas a sistemas independientes, presumiblemente a través de señales inalámbricas o módems clandestinos. Esto les permitía a los delincuentes transmitir en tiempo real información vital: movimientos de unidades policiales, patrullajes, cambios de turno e incluso intervenciones tácticas. Se cree que esta información era utilizada para planificar delitos, advertir a cómplices o evadir operativos.

La ubicación estratégica de estos dispositivos sugiere que los grupos criminales contaban con inteligencia previa sobre las rutas y operativos de las fuerzas del orden. Esta situación representa un desafío significativo para las instituciones de seguridad y abre interrogantes sobre posibles filtraciones o redes de complicidad interna.

Respuesta Institucional y Repercusiones Legales. El presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, ha declarado que no se permitirán "zonas ciegas" para la ley y que los hallazgos serán canalizados de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las carpetas de investigación correspondientes.

La instalación de dispositivos de vigilancia sin autorización legal constituye una violación grave a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Además, podrían configurarse delitos relacionados con espionaje, intervención de comunicaciones privadas y asociación delictuosa.

@_Melchisedech