La declaración del expresidente estadounidense Donald Trump de categorizar el fentanilo como “arma de destrucción masiva” (ADM) ha reabierto un debate geopolítico fundamental, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado con una postura clara de soberanía y salud pública, distanciándose de la fallida "Guerra contra las Drogas". Mientras la retórica punitiva busca militarizar la respuesta y externalizar la culpa hacia naciones como México, el nuevo liderazgo mexicano insiste en que la solución al problema de los opioides sintéticos radica en atender las causas estructurales de la demanda en Estados Unidos —como la desigualdad, la crisis de salud mental y la desregulación farmacéutica— y no en una escalada de seguridad que afecte la cooperación bilateral. Este enfoque no solo es humanista, sino que está alineado con las recomendaciones de organismos globales como la OMS y refleja una racionalidad política enfocada en la biopolítica del cuidado, frente a la obsoleta biopolítica punitiva.
La designación de ADM, un concepto tradicionalmente reservado para armas nucleares o químicas de carácter bélico, no es casual. Su aplicación al fentanilo busca elevar la crisis de opioides a la categoría de una amenaza existencial para justificar respuestas excepcionales y agresivas, incluyendo la posible activación de mecanismos de seguridad nacional, la imposición de sanciones económicas a México bajo marcos como la Ley Magnitsky, e incluso la presión para realizar operaciones extraterritoriales que socavarían la soberanía mexicana. El objetivo subyacente de la doctrina Trump es construir un “enemigo químico” abstracto, simplificando la complejidad del problema —que incluye la sobreprescripción médica en EE. UU.— y proyectando la responsabilidad hacia los cárteles mexicanos y redes transnacionales.
Frente a esta narrativa de seguridad nacional, la presidenta Sheinbaum ha sido enfática: “Declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva no resuelve el problema de fondo […] Si no atendemos las causas estructurales, será fentanilo u otra droga.” Esta crítica se sustenta en el principio de que el consumo problemático es un síntoma de déficits sociales más amplios y no un problema de guerra. La postura de México no solo protege el uso médico legítimo del fentanilo en anestesiología y cuidados paliativos —que sería amenazado por la designación de ADM—, sino que también exige la corresponsabilidad internacional a un país que consume cerca del 80% de los opioides recetados globalmente.
El riesgo geopolítico para México ante una posible implementación de esta doctrina es palpable: la reactivación de las políticas fallidas de la "Guerra contra las Drogas" de los años 80 y 90, que solo resultaron en violencia sistémica, violaciones a derechos humanos y el fortalecimiento de las organizaciones criminales en el país. En lugar de ceder a la presión militarista, la administración actual apuesta por el fortalecimiento del tejido social, la prevención, y la alineación con enfoques de reducción de daños adoptados por países progresistas como Portugal o Suiza. Este paradigma prioriza el tratamiento sobre el encarcelamiento y aborda la salud colectiva como el verdadero pilar de la seguridad.
@_Melchisedech
