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Pese a que la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, pretendió dar un manotazo en la mesa tras ventilarse una serie de denuncias por la rampante corrupción que ahí impera, en realidad solo sirvió para confirmar que el Ayuntamiento de ese lugar se encuentra sumido en una profunda crisis política, en la que solo existe una lógica: la lucha de todos contra todos.

Lo interesante es que dicha guerra interna, en la que existen al menos tres grupos visibles, ya comenzó a sacar a la luz las irregularidades y el cochinero que existe en la administración sampetrina, así como los negocios que se hacen en lo oscurito y a cargo del erario.

La gravedad se encuentra en que, antes de la pugna, todos eran aliados y compartían intereses en común. En otras palabras: Cada grupo conoce los cadáveres que sus adversarios esconden en el armario.

El primer grupo está encabezado, obviamente, por la presidenta municipal y allí confluyen:

Karol Talavera, directora de Administración.

José Alexis Domínguez Alcudia, secretario General.

Guadalupe Fernández, presidenta del DIF municipal y madre de la alcaldesa.

Johan Guzmán, tesorero.

Máximo Ortega, presidente de la Asociación de Comerciantes de San Pedro Cholula.

Presidentes auxiliares.

Un segundo bloque está constituido por:

Iván Cuautle Minutti, síndico.

Maira Toxqui Ramírez, suplente de la alcaldesa, exdirectora del DIF y directora de Turismo municipal.

Paolo Rabines Rebaza, director de Servicios Públicos.

El Sombrerero, un comerciante del mercado “Cosme del Razo”, quien es la avanzada del Círculo de Organizaciones Populares, que controla el tianguis de San Martín Texmelucan y es liderado por la familia Méndez Márquez —Jorge, Rosa y David— y Elim Garzón Badillo.

En el tercer grupo se encuentran:

Lizzet Minto García, expanista y regidora de Morena.

Francisco David Quitl Murillo, exsecretario particular de Minto y recién destituido de la dirección de Normatividad.

Ambos tienen como aliados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

El detonante de la crisis no es menor. Un comando armado ingresó al mercado “Cosme del Razo” el pasado 8 de julio, golpeó al administrador y personal, destruyó la oficina y sacó documentación valiosa sobre los títulos de propiedad de los locales.

La violenta irrupción surgió ante el incumplimiento de la supuesta entrega de millones de pesos a cambio de espacios en dicho centro de abasto y/o la apertura de un nuevo tianguis.

El escándalo, más allá de derivar en una profunda investigación y la separación de sus cargos de todos los señalados, dio inicio a la guerra intestina que hoy tiene sumido al Ayuntamiento de San Pedro Cholula en una crisis sin precedentes.

Iván Cuautle Minutti fue el primero en ser responsabilizado por la venta de espacios. La denuncia no corrió a cargo de sus ahora adversarios sino por parte de los propios comerciantes.

Hoy se sabe que, unos días después del incidente en el mercado, la presidenta Tonantzin Fernández solicitó a Iván Cuautle presentar su separación al cargo, pero la reunión del desencuentro quedó registrada en un audio que grabó a escondidas el síndico, cuyos extractos ya comenzaron a circular este fin de semana en redes sociales.

El síndico, a su vez, no se quedó callado y, aunque dilató una semana en responder a los señalamientos, terminó por afirmar que, en realidad, Francisco Quitl era el responsable de las promesas incumplidas hacia la “28 de Octubre”. Sus declaraciones ocurrieron justo después de que supiera que la presidenta municipal lo dejaría solo y le exigiera la separación del cargo.

Para completar el círculo, en redes sociales se extendió la responsabilidad hacia la exjefa y protectora del funcionario, la regidora Lizett Minto, además de que se filtró un video en el que aparece el exdirector junto con las mismas personas que irrumpieron en el mercado.

El escándalo del comando armado rompió la frágil relación que mantenían Iván Cuautle y Tonantzin Fernández. Eso llevó a que la alcaldesa escalara el conflicto a la Secretaría de Gobernación estatal, en donde presentó una amplia relatoría sobre los supuestos negocios que realizaba el síndico municipal con los laudos y juicios contra el Ayuntamiento a manos de particulares.

Asimismo, a través de varios columnistas y medios regionales de Cholula, se supo de la existencia de una queja presentada ante la Oficialía de Partes del gobierno del estado, en la que denunciaban al síndico municipal por solicitar un moche de 200 mil pesos a una extrabajadora del Ayuntamiento para que se operara un fallo a su favor en un laudo por despido injustificado y salarios caídos.

El dato más importante: En lo que va de la administración municipal se han erogado más de 20 millones de pesos para el pago de juicios que la Sindicatura habría perdido intencionalmente.

La pugna arreció el miércoles de la semana pasada, luego de que el síndico fuera llamado a la Secretaría de Gobernación estatal para que presentara su separación al cargo, pero rechazó la solicitud.

La rebeldía evidenció que tanto Iván Cuautle como sus aliados Maira Toxqui y Paolo Rabines vieron la oportunidad de utilizar la crisis para provocar la caída de Tonantzin Fernández y/o fomentar el encono suficiente para frenar su reelección.

En esta discusión otro dato importante saltó a la vista: La alcaldesa cholulteca pretendería ignorar el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no reelección. Sabedora de que en Morena tiene las puertas cerradas debido a que no cuenta con una buena relación en el epicentro del poder en Puebla, ahora pretendería competir bajo el cobijo del PT.

Para cumplir su objetivo, la ruta incluiría favorecer a la senadora y presidenta estatal de dicho partido, Liz Sánchez, vía el erario, sobre todo del DIF municipal, para que le abra las puertas.

En medio de la pelea a muerte al interior del Ayuntamiento, los comerciantes y locatarios del mercado tuvieron que alzar la voz para advertir que todo estaba mal. Vea usted el duro mensaje que enviaron, a través de un comunicado:

“Ese mismo día (de la irrupción del comando armado) se instaló una mesa de trabajo con la presidenta municipal, quien se comprometió a reforzar la seguridad y garantizar la integridad de quienes laboramos en el mercado. Se acordó mantener el diálogo y dar seguimiento puntual para esclarecer los hechos. No obstante, este proceso fue obstaculizado por la aparición de información contundente que apunta a posibles vínculos internos del propio Ayuntamiento en estos lamentables acontecimientos”.

“Hoy, lejos de encontrar respuestas y soluciones, observamos con preocupación una disputa política dentro del Ayuntamiento para deslindarse de responsabilidades.

“Exigimos que se investigue a fondo, que se presenten los resultados y que quienes hayan participado o encubierto estos hechos respondan ante la justicia. Igualmente exigimos certeza jurídica sobre la documentación extraviada ese día, que incluye títulos de concesión esenciales para la operación legal de nuestros espacios.

“No estamos dispuestos a tolerar más omisiones ni indiferencia. La ciudadanía está atenta, y si el Ayuntamiento no actúa con firmeza, claridad y responsabilidad, el enojo social será inminente”.

Fue ahí que los focos rojos se prendieron para Tonantzin Fernández, ya que una cosa es la pelea por el poder y una muy diferente el tener que enfrentar al poderoso sector de los comerciantes cholultecas. (Para entender esta fuerza solo basta remontarse a la administración de Miguel Blanca García \[1990-1993], quien estuvo a punto de caer de la presidencia municipal tras una serie de conflictos con ese sector y que derivó en un movimiento social de resistencia).

La noche del mismo miércoles, con la negativa del síndico a solicitar licencia y la amenaza de los comerciantes, la presidenta municipal no tuvo otra opción que mandar un mensaje de rompimiento total con sus otrora aliados, al afirmar:

“Quiero decir, no vamos a permitir corrupción de ningún integrante del Gobierno municipal de San Pedro Cholula, ni tampoco de ningún integrante de nuestro Cabildo que pretenda pactar con personas ajenas a nuestro municipio. Nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de su familia”.

Al referirse a funcionarios, la alcaldesa metió en el mismo costal a Francisco Quitl y a los aliados del síndico, mientras que al extender la advertencia al Cabildo incluyó tanto a Iván Cuautle como a Lizett Minto.

Al día siguiente, dio cumplimiento a la advertencia al imponer sellos en la oficina del síndico y la filtración de un video que documentaba las presuntas grabaciones que realizaba a los visitantes sin su consentimiento.

El viernes, la carnicería se extendió. Rodeada por su cuerpo de regidores, incluidos los de oposición, Tonantzin Fernández anunció el despido de los servidores públicos presuntamente involucrados en permitir la irrupción de un grupo ajeno al municipio que, según versiones, sustrajo documentación relacionada con títulos de propiedad.

En la grabación no apareció Lizett Minto y uno de los funcionarios defenestrados fue Francisco Quitl. Aunque la regidora publicó un video a las pocas horas, en el que justificó que no había estado presente debido a un asunto personal y daba su respaldo a la decisión de la presidenta municipal, en realidad esa acción fue interpretada como una medida desesperada para intentar calmar las aguas.

Como era de esperarse, el pleito escaló. Iván Cuautle, por ejemplo, concedió una entrevista en la que reveló una serie de presuntos actos de corrupción —sobre todo despojo de predios— por parte de Karol Talavera, directora de Administración, los cuales investigó a raíz de varias denuncias ciudadanas.

Allí, fortaleció la narrativa tejida junto a sus aliados: el inicio de una persecución en su contra porque se había convertido en un obstáculo para la administración municipal. Lo que no dijo es que la relación comenzó a desmoronarse ante el inicio de una investigación por su comportamiento ante los laudos y juicios perdidos.

El fin de semana, la caja de Pandora fue abierta todavía más. En redes sociales aparecieron audios, capturas de conversaciones de WhatsApp y golpes bajos en redes sociales de todos contra todos.

En las redes del medio regional Rentería Informa —que hace unos días había sido involucrado en la guerra sucia que se inició en redes sociales contra la regidora Liz Minto—, se difundieron un par de imágenes de una presunta conversación entre el tesorero y Francisco Quitl, en la que el exdirector de Normatividad aseguraría que la alcaldesa lo envió directamente a negociar con Rita Amador, pareja del líder de la organización “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, alias *Simitrio*.

De igual forma, desde el 17 de julio, en esa misma página de Facebook comenzaron a difundirse extractos de la grabación que el síndico habría realizado sin permiso cuando se reunió con Tonantzin Fernández, aquella vez en que le pidió solicitar licencia por primera ocasión.

Otro de los damnificados fue Máximo Ortega, dirigente de la Asociación de Comerciantes de San Pedro Cholula y aliado de la alcaldesa, a quien señalaron de cobrar cifras exorbitantes por los espacios en un evento que tendrá lugar del 25 de julio al 12 de agosto en ese municipio.

Para demostrar que había algo turbio, los responsables de la filtración acompañaron la denuncia con un audio de WhatsApp de un presunto operador de Ortega.

Conforme las horas pasaron, más y más información fue apareciendo.

Todos contra todos.

La guerra seguirá hasta que caiga el más débil.

Así que prepárese para seguir leyendo más porquerías de San Pedro Cholula.

(Tip: Si quiere saber quién es el emisario de los mensajes que irán apareciendo, solo vea qué funcionarios o políticos cholultecas no aparecen en el golpeteo y ahí tendrá la respuesta).

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Este conflicto incluye estallido de versiones encontradas, acusaciones de corrupción, comunicados cruzados y una crisis de legitimidad que alcanzó al corazón del Ayuntamiento

Lo que comenzó como un violento ataque el pasado 8 de julio en el mercado municipal “Cosme del Razo”, cuando un grupo armado ingresó al inmueble y presuntamente sustrajo documentos relacionados con títulos de propiedad, se convirtió en una auténtica tormenta política que ya sacudió los cimientos del gobierno que encabeza la morenista Tonantzin Fernández.

En el centro del escándalo se encuentran el Síndico municipal, Iván Cuautle Minutti, y el ya cesado exdirector de Normatividad, Francisco Quitl, ambos cercanos a la presidenta municipal y señalados por su presunta omisión ante el ingreso del grupo ajeno al municipio, así como el cobro de moches.

Sin embargo, el conflicto escaló a tal grado que los hechos en el mercado desataron una guerra intestina en el Ayuntamiento en el que se formaron tres frentes: el grupo de la alcaldesa y sus secretarios alfiles; otro bloque conformado por Iván Cuautle y el Círculo de Organizaciones Populares; así como el grupo del defenestrado exdirector de Normatividad y la regidora Lizzet Minto.

Lo que siguió fue un estallido de versiones encontradas, acusaciones de corrupción, comunicados cruzados y una crisis de legitimidad que alcanzó al corazón del Ayuntamiento.

El jueves por la noche, la alcaldesa trató de tomar la iniciativa y declaró que no permitiría actos de corrupción ni entre funcionarios ni regidores. Horas antes, había sostenido una reunión en la Secretaría de Gobernación estatal en la que se le habría pedido al Síndico separarse del cargo.

Cuautle Minutti se negó, pero ese mismo día, comerciantes del mercado emitieron un duro comunicado en el que acusaron a todo el aparato municipal de evadir responsabilidades por los hechos violentos, señalando una cadena de negligencias que permitió la operación del comando.

El hartazgo de los comerciantes llegó a tal grado que convocaron a una manifestación pacífica para este lunes 21 de julio a las 9:00 horas partiendo del mercado a la Presidencia municipal.

En el escrito señalaron tajantemente que la administración municipal enfocó sus baterías en los conflictos al interior del Ayuntamiento entre la presidenta y sus secretarios, en lugar de resolver su principal demanda: tener certeza sobre los títulos de propiedad de sus negocios tras el robo que sufrieron el pasado 8 de julio.

“Desafortunadamente, la atención mediática se ha centrado en los conflictos internos de los miembros del Ayuntamiento y del Cabildo, dejando en estado de indefensión a los comerciantes. Han transcurrido 11 días después del ataque a nuestro centro de trabajo y no existen medidas claras por parte de la autoridad correspondiente”, denunciaron.

Una medida desesperada

Fue hasta que la amenaza de una movilización llegó a las oficinas del Ayuntamiento, que las autoridades municipales decidieron convocar de última hora y por la noche de este domingo a una reunión en el Complejo Cultural del municipio.

Allí, para evitar una desestabilización mayor, pidieron a los locatarios acudir con recibos de pago o comprobantes similares y horas más tarde, Tonantzin Fernández compartió en sus redes sociales que entre los acuerdos pactados se encuentra reforzar la seguridad con vigilancia permanente, que no tolerarían ningún acto de corrupción y que sus espacios estarían seguros, pese al robo de sus documentos.

Además, la información se complementó con un comunicado, en el que descartaron la toma de posesión del mercado por parte de grupos externos, que se reforzó la seguridad con dos patrullas permanentes, así como que el Gobierno del estado y Fiscalía se encuentran en proceso de revisión de cámaras de vigilancia para ubicar a todos los responsables del ataque al mercado.

“Durante el diálogo, las y los comerciantes expresaron sus inquietudes, mismas que fueron atendidas directamente por la presidenta municipal, acompañada por regidoras y regidores del Cabildo, quienes refrendaron su compromiso con la tranquilidad del mercado y el desarrollo normal de las actividades comerciales”, señaló el comunicado.

El Ayuntamiento afirmó que se les brindaría certeza jurídica y que no se politizaría el tema. Aunque el daño ya estaba hecho.

Desde el viernes, la Contraloría municipal colocó sellos de resguardo en las oficinas del Síndico como parte de una investigación por posibles actos de corrupción.

Y aunque oficialmente no se ha detallado la causa, fuentes extraoficiales apuntan que se le investiga por la pérdida dolosa de juicios legales contra el Ayuntamiento, presuntamente a cambio de sobornos, que habrían costado al erario cerca de 20 millones de pesos.

Cuautle Minutti fue sorprendido en su oficina durante el operativo y no tuvo oportunidad de retirar documentación, mientras que, tras la revisión, cuatro de sus colaboradores fueron también despedidos.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, la presidenta municipal anunció el cese de varios funcionarios sin dar nombres. Sin embargo, se confirmó la salida de Francisco Quitl de la Dirección de Normatividad, junto a seis elementos más.

«Es importante informar a las y los ciudadanos de San Pedro Cholula que pueden tener la total certeza que se han tomado todas las acciones contundentes en torno a estos hechos, claro ejemplo es que personajes que presuntamente se encontraban involucrados ya han sido dados de baja de este Ayuntamiento”, señaló la alcaldesa.

Aunque el discurso oficial fue firme, en redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que Quitl no fue despedido, sino que presentó su renuncia para no ser involucrado en el escándalo.

Y así lo confirmó más tarde en un video, en el que el exfuncionario aseguró que también presentaría denuncias por las acusaciones que dijo, fueron infundadas en su contra y motivadas desde Presidencia.

La narrativa institucional también se vio afectada por la ausencia de algunos regidores en el mensaje del viernes. Una de ellas, la expanista Liz Minto, publicó el sábado un video en el que expresó su respaldo a la presidenta, pero aclaró que no había estado presente en el pronunciamiento oficial “por motivos personales”.

“Desde el Cabildo pasado fui la primera en alzar la voz y solicitar de manera directa la separación del cargo del Síndico municipal. Mi postura ha sido consistente y firme en este tema, siempre velando por el buen funcionamiento de nuestra administración y por la confianza de las y los ciudadanos hacia sus representantes”, afirmó.

La regidora, además reconoció haber sido colaboradora del exdirector de Normatividad, aunque aseguró que desde el inicio de la administración de Tonantzin Fernández no tuvo mayor relación con él, con lo cual se deslindó de presuntas colusiones, como dijo, afirmaron algunos medios de comunicación.

Mientras tanto, Cuautle Minutti rompió el silencio y denunció que el Cabildo en el que se pretendía formalizar su separación del cargo era ilegal: “No fui legalmente convocado. Quieren realizar un Cabildo ilegal, violando el artículo 11 del Reglamento Interno”, publicó en sus redes sociales.

A la par, fueron difundidas imágenes que revelaron que el síndico presuntamente grababa en secreto a ciudadanos dentro de sus oficinas, situación que escaló al punto que el director de la Policía municipal acudió personalmente a pedirle que se retirara del edificio mientras se realizaban diligencias sobre su trabajo.

Filtran conversaciones

El municipio de San Pedro Cholula se sumergió, en los últimos días, en una tormenta política no vista antes en la administración, luego de que filtraciones de audios comprometedores, acusaciones de corrupción y una presunta red de extorsión pusieron bajo la lupa al Síndico municipal y a diversos funcionarios públicos.

Uno de los elementos que encendió las alertas fue la filtración de un audio en el que el propio Iván Cuautli grabó una conversación con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, en el momento que le pidió separarse del cargo. En el fragmento se escucha a la alcaldesa presionar:

“¿Cuál es la acción que tú nos vas a dar para decir cómo yo después te voy a poner a apoyar? ¿Cómo te voy a ayudar si al final lo que estamos solicitando no se realiza?”.

A esto se suma otro clip difundido por el medio “Renteria Informa Recargada”, donde Tonantzin confronta al Síndico, molesta y le exige que suba a la oficina mientras él pregunta irónicamente: “¿Me vas a jalonear ahora?”.

Por otro lado, en chats atribuidos a funcionarios cercanos al área de Normatividad, se exhiben intercambios entre Francisco Quitl y Johan Guzman, tesorero de San Pedro Cholula, éste último quien expresa su temor sobre la información que daría la alcaldesa en una conferencia de prensa reciente, además de que señalan que, tras el reciente escándalo por los hechos en el mercado «Cosme del Razo», sostendrían una reunión con Rita Amador, una de las lideresas de la organización «28 de Octubre» y cercana a Tonantzin Fernández.

Johan Guzmán (Tesorero): ¿Viste que va a dar una rueda de prensa?

Francisco Quitl (exdirector de Normatividad): Patadas de ahogado

JG: Oye y si dice mamadas

FQ: Wey, todo está bien cuadrado

JG: Mames si me da culito

FQ: ¿Tú crees que la jefa es tonta? Ella sabe bien lo que se está haciendo. Además, está respaldada, tranqui.

JG: Pues haber. Yo la neta ya ando buscando depa en otro lado por si cae el bibi jajaja (sic)

A esto se suman otros indicios sobre la corrupción en el negocio de espacios en el municipio cholulteca, luego de que la página “Esto es Cholula” filtró un audio en el que incriminan a Max Ortega, líder de la Agrupación de Comerciantes y Prestadores de Servicios, por presuntamente imponer cobros excesivos en la próxima vendimia que se desarrollaría del 25 de julio al 12 de agosto en el municipio.

De acuerdo con los denunciantes, los espacios que normalmente se rentan por 2 mil 600 pesos eran ofrecidos hasta en 9 mil pesos, según se escucha en un audio difundido en redes sociales.

Según los testimonios, Ortega estaría operando a través de un intermediario identificado como Miguel Calderón, quien funge como presunto prestanombres para encubrir los abusos económicos.

En el mismo video, se acusa al líder de enriquecerse a costa del comercio popular, todo mientras se sospecha de un posible encubrimiento por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Cabe recordar que Max Ortega fue detenido en el pasado por elementos de la policía municipal durante la gestión de Paola Angón. Más tarde, durante las campañas electorales de 2024, hizo pública su adhesión al proyecto político de Tonantzin Fernández, entonces candidata de Morena a la alcaldía.

Síndico sale al quite

Luego de que se realizaron los primeros despidos, en un intento por salir del paso de las acusaciones, el síndico municipal denunció públicamente que personal de distintas áreas del Ayuntamiento ingresó a las oficinas de la Sindicatura sin su autorización, acción que calificó como “delictuosa” y “una atrocidad”, sin considerar que se trató de una intervención legítima en un inmueble público y bajo facultades administrativas.

En una entrevista concedida al medio El Ciudadano, Cuautle Minutti afirmó que las personas involucradas, entre ellas personal de Recursos Humanos, Bienes Patrimoniales, Contraloría y Sistemas “irrumpieron” en su oficina, cortaron la luz, bloquearon las puertas y despidieron al personal adscrito a la Sindicatura.

Aunque adelantó que interpondrá denuncias, no presentó pruebas sobre la existencia de un allanamiento o saqueo y tampoco mencionó que la oficina no le pertenece a título personal, sino que es parte del patrimonio público.

“Ayer tuvieron el atrevimiento delictuoso de meterse a una oficina pública sin autorización del titular de dicha oficina, entonces yo quiero compartirles que además estarán ejerciendo las acciones legales contra cada una de esas personas o servidores públicos que en su desconocimiento de la ley que no les exime del cumplimiento”, justificó.

De paso, aseguró que ya tenía en la lupa presuntos delitos cometidos desde la Dirección de Normatividad por la entrega de licencias de funcionamiento sin firmas. Lo que no dijo es el porqué, pese a tener conocimiento de actos irregulares, no se tomaron cartas en el asunto, y dejó toda la responsabilidad al Ministerio Público.

“Yo lo único que pude hacer es trasladar esta información y quien tipifica esta conducta es el Ministerio Público y en su momento el juez. Únicamente mi labor como Síndico es advertir que existe una posible conducta”, dijo.

Iván Cuautle fue más allá, al asegurar que la solicitud de renunciar al cargo por parte de la alcaldesa podría deberse a investigaciones que llevaba a cabo desde la Sindicatura por presuntos despojos de predios de la secretaria de Administración municipal, Karol Talavera.

“Sí he podido ver que existe esta red de un negocio, en distintas áreas del Ayuntamiento hemos visto irregularidades, desde el hecho de la opacidad en los estados financieros. Lo que yo advierto es que estorbo para este fin, que la ética profesional con la que se me crió a mi persona, no cabe en esta administración, hay hasta lo que se puede catalogar como extorsiones para dimitir del cargo”, dijo.

El Síndico municipal también acusó que no fue convocado a la sesión de Cabildo celebrada el pasado viernes, lo cual afirmó que constituía una violación a sus derechos como integrante del Ayuntamiento.

Sin embargo, las recientes intervenciones se dieron conforme a los procedimientos institucionales y que fueron motivadas por reportes de posibles malos manejos administrativos dentro de la Sindicatura que están siendo documentados por las áreas de control interno.

Exigen cuentas

Este domingo, además, regidores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula anunciaron que exigirán al Síndico que rinda un informe detallado sobre las acciones legales emprendidas, o en su caso omitidas, luego del incidente ocurrido el pasado 8 de julio en el mercado “Cosme del Razo”.

Durante una próxima sesión del Cabildo, se presentará un punto de acuerdo para que la sindicatura explique si se presentó alguna denuncia formal, si se notificó a la Fiscalía o si existe una carpeta de investigación en curso respecto a lo sucedido, hecho que, según versiones, habría sido ejecutado por personas vinculadas a la organización 28 de Octubre.

La iniciativa se origina ante la opacidad que ha prevalecido desde el incidente. Hasta el momento, el cuerpo edilicio asegura no haber recibido información oficial sobre el seguimiento jurídico del caso, por lo que solicitarán claridad y transparencia al área legal del municipio respecto a un hecho que compromete archivos del gobierno municipal.

Las denuncias

La irrupción en el mercado municipal Cosme del Razo donde Iván Cuautle habría facilitado el ingreso de un grupo de choque para que la organización «UPVA 28 de Octubre» se apropiara de espacios comerciales son apenas la punta del iceberg de una serie de denuncias en su contra.

Entre los principales señalamientos se encuentran actos de corrupción ligados al cobro de moches a cambio de dejar perder juicios laborales, la supuesta venta irregular de espacios públicos y vínculos con grupos que han operado de manera violenta en el municipio, hechos que detonaron una investigación interna que derivó en la toma de su oficina por parte de la Contraloría municipal.

La intervención, ocurrida el jueves pasado, consistió en el desalojo del personal de la Sindicatura y el sellado de la oficina para resguardar documentación.

Las acusaciones más graves señalan que el síndico habría solicitado hasta 200 mil pesos a una exempleada para agilizar el pago de un laudo, en contubernio con personal del Tribunal.

La administración encabezada por Tonantzin Fernández desembolsó más de 20 millones de pesos por juicios perdidos en menos de un año, lo cual alimenta la sospecha de omisiones deliberadas por parte de la Sindicatura.

A la par, medios locales revelaron que Cuautle instaló cámaras en su oficina para grabar a ciudadanos sin consentimiento, lo que podría costarle hasta 12 años de prisión y fue señalado por comerciantes, especialmente tras el ataque en el mercado «Cosme del Razo», donde un grupo armado exigía el cumplimiento de acuerdos económicos presuntamente pactados con él.

El hecho derivó en la detención de nueve personas. Desde entonces, comerciantes y organizaciones sociales han exigido una investigación a fondo, ante la sospecha de complicidades internas en el Ayuntamiento para permitir la operación de grupos irregulares.

Otras acusaciones apuntan a que el funcionario presuntamente operaba una red para apropiarse de predios de personas vulnerables, ofrecía ilegalmente baños públicos y filtraba información para posibles invasiones.

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Con el fin de que vehículos puedan transitar por la zona y los peatones no se vean afectados, Protección Civil intervino en la zona

San Pedro Cholula, Pue.- En la junta auxiliar de San Juan Tlautla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, autoridades y vecinos dieron a conocer que debido a las lluvias se inundo toda esta zona, principalmente la calle 6 sur. Por ello atendieron elementos de Protección Civil municipal.

Las labores que están realizado pretenden restablecer el tránsito vehicular y peatonal, para no afectar a los pobladores. Según un reporte oficial, personal de bomberos y Protección Civil acudió al sitio para detectar afectaciones importantes dentro de esta vialidad, sobre todo en la zona de Villas del Rosario.

Como respuesta a ellos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula decidió cerrar las calles temporalmente, para así poder evitar que los automovilistas queden atrapados, o sus vehículos se vean gravemente afectados por el agua, así como los objetos que esta puede traer por la corriente.

A esta se suma otra inundación registrada en el centro del municipio, específicamente en las calles 2 Poniente y 5 Norte, cerca del Mercado Municipal, aquí triciclos y unidades de transporte púbico tuvieron bastantes dificultades para circular adecuadamente, debido a los altos niveles del agua y su contaminación.

De la misma forma, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, vecinos también reportaron graves problemas de acumulación de agua en la calle Vicente Guerrero. Toda esta situación genero mucha inquietud entre los vecinos, quienes exigieron soluciones definitivas a las autoridades, ante la temporada de lluvias.

Vecinos reportaron cuatro detonaciones por arma de fuego en el andador B, entre la 30 Oriente y 2 Norte de la unidad habitacional

• El gobierno estatal a través del organismo y del SMDIF de San Pedro Cholula impulsa el programa “Abrigando Cholula” con la entrega de chamarras, chalecos y cobertores a abuelitas y abuelitos.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana en San Pedro Cholula, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez fue dado de baja tras conocer su historial laboral, debido a que en el 2020 apareció manta supuestamente de grupos delictivos en Amozoc.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana en San Pedro Cholula, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez fue dado de baja tras conocer su historial laboral, debido a que en el 2020 apareció una manta supuestamente de grupos delictivos en Amozoc.

El secretario de Gobernación Estatal, Javier Aquino Limón, informó que los rellenos sanitarios como el de Chiltepeque ubicado en Puebla capital y el de San Martín Texmelucan están a "tope" debido a que sigue cerrado el relleno San Pedro Cholula.

Durante 17 dias el SOSAPACH, organismo del agua en San Pedro Cholula operó sin cobro con tarjetas de crédito y débito, por instrucción arbitraria de Paola Angón Silva, presidenta municipal de dicha demarcación.

Desde la dirigencia estatal, expondrán en caso ante el IEE para que tome cartas en el asunto