En un episodio que oscila entre la ineficacia operativa y el oportunismo político, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos protagonizó un despliegue de poder unilateral al cerrar el espacio aéreo en El Paso, Texas. Bajo el pretexto de una supuesta "amenaza de drones" vinculada a cárteles mexicanos, el gobierno estadounidense paralizó actividades estratégicas en la frontera, solo para retractarse horas después sin presentar una sola prueba técnica del incidente. Esta maniobra, carente de sustento documental, evidencia una peligrosa tendencia de ciertos sectores en Washington a utilizar la seguridad fronteriza como un escenario de propaganda, afectando la estabilidad económica y la movilidad de miles de usuarios.
La respuesta de México no se hizo esperar y marcó una línea clara de dignidad republicana. La presidenta Claudia Sheinbaum, con el rigor informativo que caracteriza su gestión, desmanteló la narrativa del pánico al confirmar que las agencias mexicanas no tienen registro alguno de tales incursiones. Al exigir información oficial y rechazar las especulaciones vertidas por funcionarios como Sean Duffy, la mandataria dejó en claro que la relación bilateral debe basarse en la cooperación y la inteligencia compartida, no en comunicados incendiarios en redes sociales que vulneran los protocolos del Entendimiento Bicentenario.
Resulta sospechoso que el cierre de un espacio aéreo Clase B —medida de extrema gravedad que generalmente responde a riesgos inminentes de catástrofe— haya sido levantado con la misma ligereza con la que se impuso. El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, utilizó un lenguaje bélico al hablar de una amenaza "neutralizada", pero la ausencia de trazas de radar o restos de aeronaves sugiere que el incidente podría ser más un ejercicio de retórica interna que una operación de seguridad real. México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, es enfático: la soberanía no se negocia y la seguridad fronteriza no puede ser rehén de narrativas unilaterales que criminalizan al territorio nacional sin sustento.
Este incidente ocurre en un contexto donde los sectores más conservadores de Estados Unidos buscan desesperadamente catalogar a los grupos delictivos como organizaciones terroristas para justificar intervenciones. El uso mediático de los drones parece ser la nueva herramienta para alimentar esta percepción, intentando atribuir capacidades militares a la delincuencia organizada que el Estado mexicano está combatiendo con una estrategia de inteligencia y atención a las causas. Sin embargo, la celeridad con la que la FAA revocó su orden tras las declaraciones de la presidenta mexicana sugiere que la diplomacia de la verdad obligó a Washington a recular ante la falta de argumentos sólidos.
En términos operativos, lo ocurrido en El Paso expone una alarmante fragilidad en los canales de comunicación binacional. No es aceptable que una potencia vecina tome decisiones que impactan la conectividad y la percepción de seguridad en la frontera sin una notificación previa a su contraparte mexicana. Este vacío protocolario es el que permite que se filtren versiones sesgadas que solo sirven para erosionar la confianza mutua. La exigencia de Sheinbaum por una "comunicación permanente" es, en última instancia, un llamado al orden y al respeto internacional que debe prevalecer entre dos naciones que comparten mucho más que una línea divisoria.
@_Melchisedech
