Gabriela García Guzmán

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció con orgullo que, a partir de ahora, el Museo Internacional Barroco (MIB), “pertenece al pueblo de Puebla”, tras referir que esta decisión histórica se concretó tras una compleja negociación que culminó con la terminación anticipada del contrato de Asociación Público-Privada (APP) con la empresa Hermes, con lo cual se eliminó una deuda de más de 10 mil millones de pesos que comprometía las finanzas del estado hasta el año 2039.

“Hoy celebramos que el Museo Internacional Barroco es de Puebla y de las y los poblanos. Desde campaña ofrecimos poner orden, aplicar la ley y buscar la reconciliación social. Esta es una muestra de que, con voluntad y responsabilidad, se pueden tomar decisiones en beneficio del pueblo”, dijo.

El mandatario reconoció la disposición de la empresa Hermes para llegar a un acuerdo justo y responsable, tras numerosas mesas de trabajo lideradas por las áreas de Finanzas, la Consejería Jurídica y la Coordinación del Gabinete.

El convenio establece que, en lugar de pagar la deuda completa, el gobierno estatal realizará un pago único de 2 mil millones de pesos, lo que representa un ahorro de 8 mil millones de pesos para las y los poblanos.

Por su parte, Hugo Domínguez Amado, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, explicó que el contrato original contemplaba dos obligaciones para la empresa: la construcción de la obra y la operación del museo.

El costo inicial de la construcción fue de 1,740 millones de pesos, parcialmente financiados con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mientras que el resto sería cubierto mediante pagos anuales que en 2024 ascendían ya a 523 millones de pesos.

Detalló que, pese a haberse destinado casi 4 mil millones de pesos desde 2016 a la fecha, el contrato nunca cumplió con su propósito original.

A raíz de una auditoría y análisis jurídico, económico y social, se determinó que continuar con el convenio significaría un grave daño al erario público. Por ello, el gobernador ordenó la terminación anticipada del contrato, amparado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, por razones de interés general y desaparición de la necesidad del servicio.

“Este no es un acto de ruptura, ni una venganza política. Es una decisión de justicia social y responsabilidad histórica”, afirmó Armenta, tras recalcar que los recursos liberados podrán ahora destinarse a proyectos prioritarios como seguridad, salud, educación y programas sociales.

“Hablamos de un monto equivalente a miles de patrullas con tecnología de punta, o cinco veces el presupuesto anual para el campo”, finalizó.

Cabe destacar que el gobernador Armenta, anunció que lo mismo que ocurrió en el Museo Internacional del Barroco, ocurrirá en el Centro Integral de Servicios (CIS) y otras deudas gubernamentales, con la finalidad de evitar daños a los poblanos.