Gabriela García Guzmán

Ante el anuncio de un posible paro del transporte público programado para el 3 de febrero, el gobernador Alejandro Armenta dejó clara la postura de su administración: apertura al diálogo, pero tolerancia cero al chantaje.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal aseguró que el Gobierno de Puebla ha mantenido canales permanentes de comunicación con el sector transportista y ha otorgado diversas facilidades y estímulos para el cumplimiento de la normatividad vigente. No obstante, subrayó que estas condiciones no pueden utilizarse como herramienta de presión en contra de la autoridad ni de la ciudadanía.

“El diálogo está garantizado y seguirá existiendo, pero no vamos a permitir chantajes. El gobierno no se va a someter a presiones que afecten a los ciudadanos”, sostuvo.

Armenta Mier señaló que las movilizaciones anunciadas no responden únicamente a intereses legítimos de transportistas, sino que detrás existen grupos con prácticas monopólicas que buscan mantener privilegios y frenar la regulación del sector.

“No estamos frente a transportistas que quieren cumplir la ley; hay intereses que operan como monopolios y eso lo tenemos perfectamente identificado”, afirmó.

El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que su gobierno no permitirá que se paralice la entidad ni que los usuarios sean utilizados como rehenes, reiterando que la prioridad es garantizar un servicio de transporte eficiente, seguro y ordenado.

“Siempre habrá disposición para dialogar, pero nadie puede poner contra las cuerdas al gobierno ni afectar a las familias poblanas. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos y asegurar que el transporte funcione correctamente”, recalcó.

El pronunciamiento se da luego de que la Unión de Transportistas del Estado de Puebla convocara a un paro de actividades tras el vencimiento del plazo para la Revista Vehicular 2025, concluido el pasado 2 de febrero, como medida de presión frente a las acciones de regulación emprendidas por el gobierno estatal.

Finalmente, Alejandro Armenta reiteró que su administración continuará aplicando la ley sin excepciones, con el objetivo de ordenar el sistema de transporte y ofrecer a la población un servicio digno, seguro y acorde a las necesidades de movilidad del estado.