José Carlos Sánchez

La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) asegura que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas del año 2024 continúa conforme a derecho.

Por lo tanto, llamó a evitar sacar conclusiones anticipadas sobre posibles responsabilidades, esto luego de la difusión de información falsa en medios de comunicación y del posicionamiento público realizado de forma reciente por el ex titular del Poder Ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esta situación se deriva de la polémica generada en redes sociales a raíz de las observaciones preliminares que aparecieron en los informes individuales de la cuenta pública del año 2024.

La ASE puntualizó que los informes individuales privados de la fiscalización ya están disponibles públicamente desde el pasado 30 de abril mediante los canales oficiales del organismo, tal y como lo precisan los principios de transparencia y acceso a la información pública; s embargo, la institución recalcó que el procedimiento legal sigue en curso.

Explicó que conforme al artículo 62 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la Auditoría tiene 20 días hábiles para notificar formalmente los informes a las entidades fiscalizadas, plazo que no ha vencido.

El debido proceso indica que las entidades auditadas tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar las respectivas aclaraciones, solventaciones y la documentación complementaria correspondiente.

En contraparte, la ASE recordó a la ciudadanía que de conformidad con el artículo 64 de la misma normatividad se establece un periodo de 160 días hábiles para emitir una resolución respecto a las propuestas presentadas por las entidades o dependencias que fueron sometidas a revisión.

Por lo tanto, el organismo considera improcedente emitir juicios definitivos a estas alturas sobre las observaciones o posibles responsabilidades, pues tanto el proceso técnico como jurídico todavía no ha terminado.

“La Auditoría Superior del Estado de Puebla actúa con plena autonomía técnica, objetividad y estricto apego a derecho”, sostuvo el órgano fiscalizador e igualmente enfatizó que sus determinaciones dependen solamente de análisis legal y técnico correspondiente.

Finalmente, la ASE advirtió que la fiscalización superior requiere de “responsabilidad institucional, respeto al marco legal y prudencia”, pues el tratamiento público de información todavía se encuentra sujeto a revisión.