José Carlos Sánchez
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, respaldó la investigación federal sobre una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría obtenido contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos y sostuvo que las irregularidades deben investigarse desde su origen, sin limitarse a los años recientes.
Durante la conferencia de prensa en el CIS de Angelópolis, García Parra señaló que el esquema de contrataciones tiene antecedentes de varias décadas y que, a partir de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entonces encabezado por Lorenzo Córdova, asumió la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales.
Como ejemplo, mencionó a Guadalupe Taddei, quien fue designada presidenta del órgano electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General del INE. Posteriormente, en 2023, llegó a la presidencia nacional del instituto mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados.
El funcionario también recordó que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados como principales operadores de la red empresarial investigada, trabajaron en dependencias federales desde la década de 1980, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, antes de participar en empresas proveedoras de materiales electorales.
García Parra pidió que las investigaciones no se concentren en una sola administración y que se revisen los contratos, los procedimientos de adjudicación y la entrega de los servicios. Afirmó que deben deslindarse responsabilidades conforme avance la revisión de las autoridades competentes.
En el caso de Puebla, informó que el Instituto Electoral del Estado otorgó contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023 a Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEG; mientras que en 2024 y 2025 se registraron otros 129.7 millones de pesos mediante contratos con Comercializadora JVLY.
Por ello, solicitó que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones del organismo electoral poblano y que se transparenten los procedimientos.
A través de X, el coordinador resumió su postura al señalar que “la mafia electoral tiene una larga historia” y que las investigaciones presentadas por el Gobierno de México apuntan a una red de contrataciones que viene de muchos años atrás. También expresó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y del Gobierno de Puebla a la presidenta Claudia Sheinbaum en las acciones de transparencia y rendición de cuentas.
