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Gabriela García Guzmán

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que se han identificado nuevos involucrados en el caso del desvío de recursos de más de 600 millones de pesos depositados por la ex secretaria de Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa, al desaparecido Accendo Banco.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las carpetas de investigación continúan en integración, y que el proceso avanza con la recopilación de pruebas y declaraciones que apuntan a más personas con posible responsabilidad en la operación financiera ocurrida durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

“En el expediente relativo a Accendo Banco hemos identificado a diversas personas que podrían tener participación en los hechos que se investigan”, señaló la fiscal general.

El caso cuenta ya con antecedentes judiciales en Puebla, pues la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, fue sancionada por faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones y desvío de recursos públicos, debido a su intervención en la inversión del dinero estatal en la institución bancaria, la cual se declaró en quiebra meses después.

Hasta ahora, la esposa de Miguel Barbosa, Rosario Orozco Caballeto, ha guardado un silencio sepulcral.

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Gabriela García Guzmán

La Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo este viernes un operativo en la zona de la 46 Poniente, en la ciudad de Puebla, un punto ampliamente señalado por la presunta comercialización de autopartes robadas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron varios establecimientos dedicados a esta actividad ilícita.

El despliegue se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad. Un convoy de agentes ministeriales llegó al área ubicada al norte de la capital, donde procedieron a catear locales y bodegas sospechosos de almacenar o vender piezas de vehículos de procedencia ilegal.

Entre los negocios inspeccionados se encuentra el establecimiento “Truckin”, dedicado a la venta de accesorios como rines, estribos, tumba burros y cubre bateas, el cual fue sellado por las autoridades tras la revisión. Los agentes ordenaron el cierre total del sitio y colocaron sellos de aseguramiento para impedir el acceso.

Minutos más tarde, otros locales también fueron clausurados, siguiendo el mismo protocolo, mientras la circulación vehicular permanecía cerrada en el tramo comprendido entre la calle 11 Norte y la avenida 46 Poniente.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado cuántos negocios fueron intervenidos ni los resultados totales del operativo, aunque se espera un reporte oficial en las próximas horas.

La zona de la 46 Poniente es conocida por su intensa actividad comercial de refacciones automotrices, pero también por ser uno de los principales focos de venta de autopartes robadas en el estado, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente y acciones de decomiso para combatir este delito.

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Gracias a la intervención oportuna del personal especializado de la Fiscalía General del Estado, fue localizado ileso un adolescente de 15 años de edad, víctima de secuestro virtual en la ciudad de Puebla.

El 15 de octubre del año en curso, la mamá de la víctima recibió una llamada telefónica en la que aparentemente escuchó la voz de su hijo. Posteriormente, un sujeto que dijo ser miembro de una célula delictiva le informó que tenían secuestrado al menor y le exigió 300 mil pesos a cambio de liberarlo.

Simultáneamente, la víctima recibió una llamada telefónica de un masculino, quien, bajo amenazas, le indicó que saliera de su domicilio, manteniéndolo incomunicado.

Una vez que los familiares decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado, se implementó de forma inmediata un operativo de búsqueda en las inmediaciones de su domicilio, siendo localizado el agraviado en un centro comercial de la ciudad de Puebla, para posteriormente reintegrarlo al seno familiar.

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Gracias a una investigación sustentada, la Fiscalía General del Estado consiguió una sentencia ejemplar de 80 años de prisión contra Octavio N., de 42 años, al demostrarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Epatlán, Puebla.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 3 de abril de 2021, la víctima, un hombre de 66 años, salió de su domicilio con dirección a un establecimiento ubicado detrás de la iglesia del municipio de Epatlán. Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.

Horas más tarde, recibieron una llamada telefónica desde el celular de la víctima, mediante la cual se les informó que el hombre se encontraba privado de la libertad, exigiendo la cantidad de un millón y medio de pesos a cambio de su liberación. Tras diversas llamadas, los captores accedieron a recibir 142 mil 500 pesos, monto que debía ser entregado el 19 de abril del mismo año.

Mediante un operativo controlado implementado por agentes de investigación, se logró la detención en flagrancia de Octavio N. y de otra persona involucrada en los hechos.

Con base en la aportación de pruebas científicas el agente del Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal de Octavio N. En consecuencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 80 años de prisión, imponiendo además el pago de una multa de más de 1 millón de pesos, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

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La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer en rueda de prensa que gracias al Programa de Identificación Humana, se han logrado entregar 100 cuerpos en menos de tres meses. “Es un hecho histórico que ninguna otra Fiscalía en el país ha conseguido en tan poco tiempo. Este resultado no solo refleja capacidad técnica, sino un profundo respeto por la dignidad humana y el derecho de las familias a reencontrarse con sus seres queridos”, destacó.

Por su parte, el Director del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la FGE, Alejo Rogelio Carpio Ríos, reconoció que, gracias al compromiso asumido por la Fiscal General, esta institución procuradora de justicia brinda una respuesta humanitaria a través del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario.

Carpio Ríos precisó que, de los 100 cuerpos entregados, 33 permanecían en cámara fría y 67 fueron exhumados. Las personas eran originarias de: Puebla (67), Guerrero (2), Oaxaca (2), Chiapas (2), Estado de México (4), Tabasco (2), Tlaxcala (5), Veracruz (9), Ciudad de México (5), Morelos (1) y Michoacán (1).

Por otra parte, informó que hay tres cuerpos próximos a ser entregados: uno proveniente de cámara fría y dos más de exhumación. Además, dio a conocer que se tiene en el sitio 131 personas identificadas que aún no han acudido sus familiares. También, hasta el momento se han realizado 135 entrevistas positivas como parte del proceso de identificación, de las cuales se han entregado 100.

Cabe destacar que personal especializado en la materia, continúa con la elaboración de nuevos lotes de huellas dactilares, con el objetivo de fortalecer los procesos de identificación y dar seguimiento al trabajo ya realizado.

Este logro no solo representa un avance técnico en materia forense, sino también un acto de justicia y humanidad, reafirmando el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Puebla con las víctimas, sus familias y la construcción de un sistema de procuración de justicia más cercano, sensible y eficaz.

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“Hoy compartimos una noticia que nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros. En la Fiscalía General del Estado renovamos la certificación ISO 9001:2015, lo que demuestra que seguimos trabajando con altos estándares de calidad y con un firme compromiso con la ciudadanía”, informó en rueda de prensa Idamis Pastor Betancourt, Fiscal General del Estado de Puebla.

“Es importante destacar que esta certificación no fue un trámite sencillo, nos evaluó una entidad externa y muy rigurosa, sobre todo por tratarse de una nueva administración. Esto confirma que nuestra labor se realiza con profesionalismo, constancia y orden”, indicó.

Asimismo, Pastor Betancourt explicó que esta certificación en gestión de calidad contempla cuatro rubros clave, dos de ellos están directamente orientados a fortalecer la atención a la ciudadanía: la Expedición de Constancias de No Antecedentes Penales, con más de 84,200 constancias emitidas entre diciembre de 2024 y septiembre de este año, servicio que además ha sido extendido a 11 municipios a través de la Unidad Móvil; y el sistema de Denuncia en Línea, mediante el cual tan solo en lo que va del año, más de 25 mil personas han podido presentar sus denuncias de forma ágil y segura.

“Estos servicios que antes podían resultar complejos, hoy se ofrecen de manera más ágil, accesible y con procesos mucho más claros”, expuso.

Respecto a los otros dos rubros certificados, de carácter interno, destacó el funcionamiento de la Sala de Entrenamiento de Juicios Orales, en la que se han llevado a cabo más de 400 sesiones de capacitación durante el presente año. Asimismo, resaltó el trabajo de la Sala de Conducción Ministerial, que ha realizado 1,469 sesiones de conducción en lo que va del año.

“Esto es muestra de nuestro compromiso por fortalecer la capacidad operativa de la institución, ya que ambas áreas hoy trabajan bajo protocolos estrictos que brindan a nuestro personal las herramientas necesarias para conducir los casos con mayor eficiencia, orden y responsabilidad, teniendo como finalidad el ejercicio de la acción penal y cero impunidad”, puntualizó.

Finalmente, la Fiscal del Estado, manifestó que más allá del papel o del reconocimiento, esto refleja el esfuerzo constante por consolidar una institución fuerte, moderna y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

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Mediante trabajo de coordinación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se llevaron a cabo acciones de investigación e inteligencia, tras detectar publicaciones en redes sociales que contenían amenazas dirigidas a estudiantes y personal docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), lo cual permitió obtener resultados inmediatos para esclarecer este caso.

A partir del análisis técnico de la información difundida, y como parte del compromiso institucional en la protección de la ciudadanía, se inició una carpeta de investigación, dando paso a labores especializadas en materia digital.

Como resultado de dichas acciones, se identificó al probable responsable quien fue detenido en inmediaciones de la colonia Jardines de San Manuel, de la ciudad de Puebla, en posesión de un instrumento punzocortante.

Posteriormente, la autoridad judicial otorgó una orden de cateo con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado.

Durante la diligencia ministerial, se aseguró un arma de fuego y dispositivos electrónicos que pudieran estar relacionados con los mensajes difundidos en redes sociales en contra de la comunidad universitaria.

Con su detención y el aseguramiento de evidencia, se corroboró la existencia de una amenaza latente y su posible materialización, logrando evitar afectaciones importantes para las y los universitarios.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su compromiso con la protección de la integridad de todas y todos los ciudadanos.

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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan N., de 52 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su ex pareja sentimental.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio de 2025, cuando la víctima se encontraba en una estética ubicada en el municipio de San Andrés Cholula. En ese momento, Juan N., presuntamente ingresó al establecimiento y comenzó a agredirla con un instrumento punzocortante.

La víctima logró salir del lugar y refugiarse en su domicilio, donde se encontraba un familiar que intervino oportunamente para evitar que continuara la agresión.

Tras realizar actos de investigación y reunir datos de prueba, la Fiscalía del Estado identificó al probable responsable y solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue ejecutada en la colonia Cuayantla, perteneciente a la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula.

Juan N., quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica.

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La Fiscalía General del Estado realizó labores de inteligencia y de campo, mismas que permitieron localizar a cuatro integrantes de una familia que fueron víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cuando la familia se hospedaba en un hotel ubicado en la colonia Centro de la Ciudad de Puebla. En ese lugar, una de las víctimas recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como miembro de un grupo delictivo. A partir de ese momento, los mantuvieron incomunicados durante toda la noche mediante videollamadas, bajo la instrucción de no salir de su habitación.

Durante el tiempo en que estuvieron aislados, los delincuentes exigieron una transferencia de 7 mil pesos y obtuvieron información sobre otros familiares.

Al día siguiente, un familiar que se encontraba en la Ciudad de México recibió una llamada en la que un sujeto le informó que sus parientes estaban secuestrados. Para presionarlo, le enviaron una imagen de los afectados y le exigieron la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su "liberación".

Derivado de estos hechos, se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De inmediato, agentes investigadores implementaron un operativo de búsqueda, logrando localizar a la familia encerrada en su habitación y cortar la comunicación con los delincuentes.

Las víctimas fueron trasladadas a las oficinas de la institución, donde recibieron contención emocional y asesoría jurídica, sin embargo, manifestaron que no deseaban presentar una denuncia formal.

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La Fiscalía General del Estado informa que derivado de los actos de investigación realizados, se obtuvo la vinculación a proceso de Santiago N., por su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales, ocurridos el 27 de mayo de 2024 en la colonia Valle Verde de la ciudad de Puebla.

Se sabe que el hoy imputado presuntamente se apoderó de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, el cual era propiedad de un Capacitador del Instituto Electoral del Estado (IEE) y en cuyo interior se encontraban dos mil 85 boletas que serían utilizadas para las elecciones del 02 de junio del año pasado.

Como resultado de las indagatorias, se tuvo conocimiento que Santiago N., quemó el material y la documentación electoral que sería entregada a los funcionarios de casilla, esto inmediatamente después de apoderarse del automóvil.

Derivado del análisis técnico, la Fiscalía General del Estado obtuvo datos de prueba contra Santiago N., como presunto responsable de estos hechos, por lo que durante audiencia logró que la autoridad judicial determinara su vinculación a proceso, otorgando además prisión preventiva justificada como medida cautelar y por la obstaculización y robo del material electoral.

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