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Contraparte/Staff

Como resultado de las acciones jurídicas, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Héctor N. (50 años) y Anita N. (46 años), por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, en agravio de una adolescente, hechos ocurridos en el municipio de Teziutlán.

El 25 de agosto de 2025, el hoy imputado ingresó a una habitación donde se encontraba la víctima y realizó actos de carácter sexual, mientras la imputada participaba mediante conductas intimidatorias.

El 29 de marzo de 2026, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a ambos imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De esta manera, los imputados quedaron a disposición del juez de control. La Fiscalía General del Estado mantiene acciones firmes para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de las y los niños y adolescentes.

​El Gobierno de la Cuarta Transformación, a través de la Secretaría de las Mujeres (SM), ha lanzado el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una iniciativa que se proyecta como un hito en la política pública con perspectiva de género. Este plan no se limita a ser un mero ajuste normativo, sino que propone una reestructuración profunda que ataca la violencia sexual como un fenómeno estructural y cultural. La propuesta, impulsada con visión de Estado, busca subsanar la histórica fragmentación legal y la ineficacia institucional que, por años, han negado el acceso a la justicia a miles de víctimas en el país. Se trata de un ejercicio de filosofía de la praxis, que articula los principios de derechos humanos con acciones concretas para transformar la realidad.

​El corazón de esta estrategia reside en la homologación del tipo penal de abuso sexual en los 32 códigos estatales. La disparidad actual en la legislación, donde la gravedad del delito y el acceso a la justicia dependen de la ubicación geográfica de la víctima, es una falla estructural que este gobierno se ha comprometido a corregir. Esta acción en el eje jurídico-legal busca imponer un orden universal y coherente, garantizando que el delito sea tipificado como grave, imprescriptible y que contemple la reparación del daño y la pérdida de la patria potestad. Es una respuesta racional y técnica que demuestra la voluntad política de unificar el frente contra la impunidad.

​Además de la reforma legal, el plan se centra en el fortalecimiento del acceso a la justicia y la capacitación institucional. La coordinación con fiscalías y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) tiene el objetivo de agilizar y hacer más seguros los procesos de denuncia, integrando de manera efectiva la perspectiva de género en la operación burocrática. La capacitación especializada para ministerios públicos, jueces y personal clave, como el de transporte público, es vital para transformar el sistema desde adentro, migrando de una lógica de revictimización a una de acompañamiento y restitución.

​El aspecto más ambicioso del Plan Integral es su Eje Socio-Cultural, que busca un cambio profundo en la conciencia colectiva. La secretaria Citlalli Hernández Mora ha puesto el acento en campañas de concientización dirigidas específicamente a hombres, en diversos ámbitos, con el fin de deconstruir la masculinidad hegemónica y la normalización de la violencia. Esto trasciende el marco punitivo de la ley y se adentra en la "psicopolítica" social, intentando intervenir en la producción de subjetividades más igualitarias y respetuosas. Este enfoque reconoce que la raíz de la violencia es cultural e histórica, y solo una transformación profunda en las relaciones sociales podrá erradicarla.

​No obstante, la implementación enfrentará retos que este gobierno está preparado para abordar. La coordinación federativa con los 32 congresos locales requerirá una negociación política firme para evitar que visiones conservadoras diluyan o bloqueen la armonización legislativa. Asimismo, la métrica del cambio cultural será a largo plazo y demandará sostener la estrategia con recursos claros y una estructura administrativa sólida. El Gobierno de la 4T entiende que el éxito del plan no será instantáneo, sino una labor constante que requiere articular la voluntad política federal con la praxis social y la operatividad estatal.

​@_Melchisedech

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia condenatoria contra Gerardo N., penalmente responsable de los delitos de abuso sexual y lesiones.

Se obtuvo la vinculación a proceso de José Eduardo N., Eduardo N. y Eutimio N., quienes en hechos diferentes, habrían participado en el delito de abuso sexual.

Mediante el aporte de datos probatorios, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Christian N. y Juan Vicente N., investigados por el delito de abuso sexual.

Fue denunciado de agredir sexualmente a dos menores de edad

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia de más de 17 años de prisión en contra de José Pedro N., penalmente responsable de los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una menor de edad.

Uno de los problemas más graves que ha callado la Universidad Iberoamericana, fue cuando uno de sus alumnos abusó de unas niñas de un kínder.

En menor sufrió presunto abuso sexual en el Internado Enseñanza Primaria Número 16 “Julián Hinojosa”, ubicado en Xonaca

Miguel Ángel N, de 42 años está acusado de tocamientos lascivos contra una menor de 15 años en un cibercafé de Bosques de San Sebastián