José Carlos Sánchez

El caso de Santa María Coapan representa un ejemplo del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas mediante el diálogo institucional y el reconocimiento de sus derechos, afirmaron autoridades estatales y federales durante la conferencia de prensa de este lunes.

La directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo, informó que el conflicto registrado en esa comunidad fue atendido mediante mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Gobernación estatal, con la participación del instituto y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Explicó que, como resultado de ese proceso, se alcanzaron acuerdos entre las partes y la comunidad recibió los recursos que había solicitado, aunque precisó que aún permanece pendiente la resolución de un juicio de amparo promovido por los habitantes.

"Ya se resolvió ese asunto y nada más queda un punto pendiente, que será determinado a partir del amparo que ellos promovieron", señaló.

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Puebla, David Fernández Acosta, destacó que Santa María Coapan constituye un referente del reconocimiento a la libre determinación de las comunidades indígenas, al haber privilegiado el diálogo para atender sus demandas relacionadas con el manejo directo de sus recursos.

"Santa María la Alta es el ejemplo claro cuando se establece un proceso de negociación (...) hoy las comunidades indígenas están viviendo un momento histórico", expresó.

El funcionario federal explicó que las comunidades indígenas cuentan con el derecho de ejercer su libre determinación y administrar sus recursos conforme al marco constitucional vigente, al tiempo que aclaró que ello debe distinguirse de los procedimientos para la elección de autoridades municipales, los cuales continúan regulados por la legislación electoral y la Ley Orgánica Municipal.

Durante la conferencia, las autoridades también señalaron que en Puebla se mantiene el trabajo coordinado para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, así como para fortalecer los mecanismos de diálogo y atención a sus demandas mediante las instituciones estatales y federales.