Aurelia Navarro Niño

Sigue el destape de irregularidades encabezadas por la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas en el municipio de Acatlán de Osorio, como obras fantasma, desvío de recursos públicos y sobrecosto en obras.

El Ayuntamiento habría reportado como concluidas y pagado alrededor de 2.2 millones de pesos por tres obras de rehabilitación de caminos rurales que, de acuerdo con los inconformes, no fueron ejecutadas.

Mientras continúan las protestas de los habitantes, la principal exigencia es que se esclarezca el destino de los 2.18 millones de pesos destinados a las tres obras, se verifique físicamente si los trabajos fueron ejecutados y, en caso de confirmarse irregularidades, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Los recursos corresponderían al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinado a financiar obras y acciones de infraestructura para atender necesidades prioritarias de las comunidades.

Entre las obras no ejecutadas esta la rehabilitación del camino de San Vicente Boquerón a Garzones, por la que se habría realizado un pago de 418 mil 32.42 pesos.

Sin embargo, habitantes y regidores sostienen que la vialidad continúa en condiciones deficientes, con baches, hundimientos y acumulación de basura.

Mientras que los pobladores destacaron que este camino resulta particularmente importante debido a que comunica con una clínica de salud y el panteón de la comunidad.

Según su denuncia, la única intervención parcial que ha recibido el tramo fue resultado de gestiones realizadas directamente por vecinos de Garzones y no de la obra que habría sido reportada como terminada por el Ayuntamiento.

Otra de las obras cuestionadas corresponde al camino de Nuevos Horizontes a San Miguel San Bernardo, por el que se habría pagado 1 millón 109 mil 203.97 pesos.

A esta se suma el proyecto para el tramo San Bernardo a Rancho La Lima, cuyo monto reportado asciende a 661 mil 620.78 pesos.

En conjunto, los tres pagos representan 2 millones 188 mil 857.17 pesos, recursos públicos cuya aplicación es cuestionada por habitantes y representantes del Cabildo, quienes demandan esclarecer si las obras fueron realmente ejecutadas y, en su caso, determinar quién autorizó y recibió los pagos.

La denuncia también alcanza a las autoridades encargadas de revisar el uso de los recursos públicos. Los inconformes señalaron que, pese a que habitantes de Acatlán mantienen un plantón en la cabecera municipal desde hace aproximadamente 60 días, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) no habría informado públicamente sobre avances de una revisión, posibles responsabilidades o acciones relacionadas con la administración encabezada por Guadalupe Bárcenas.

Los pobladores demandan que las autoridades fiscalizadoras transparenten el estado de las investigaciones y determinen si existieron irregularidades en la contratación, ejecución, supervisión y pago de las obras.
De ser así, que se promueva acción legal contra la responsable.

El conflicto adquiere además una dimensión política debido a que, según el reporte, algunos de los regidores que participaron en la documentación y denuncia de presuntos abusos, sobrecostos y desvío de recursos podrían enfrentar la remoción de sus cargos.

La eventual salida de integrantes del Cabildo se produciría en el contexto de la posibilidad de sustituir al Ayuntamiento por un Concejo Municipal, situación que los denunciantes consideran contradictoria, pues quienes han señalado presuntas irregularidades podrían terminar fuera de sus posiciones junto con la propia presidenta municipal.