Gabriela García Guzmán

El distrito judicial de Acatzingo ya se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, como parte de la nueva integración de 24 distritos judiciales, informó el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández.

El funcionario explicó que la Casa de Justicia de Acatzingo ya concluyó su primera etapa de construcción y actualmente se encuentra en proceso de equipamiento, por lo que se prevé que en los próximos días se realicen los trabajos finales para ponerla en condiciones de operación.

Martínez Hernández señaló que esta semana se tiene programado un recorrido de supervisión para revisar los avances y afinar los detalles de la infraestructura, entre ellos la instalación del audio de las nuevas salas.

Detalló que la Casa de Justicia contará con una plantilla aproximada de 123 personas, con lo que se busca garantizar la atención de los servicios judiciales en esta región.

El presidente del Consejo de la Judicatura también informó que se contempla la puesta en marcha de otros espacios de justicia, entre ellos los relacionados con convivencia familiar, además de trabajos en municipios como Chiapas, Tecamachalco y otras demarcaciones.

Revisan funcionamiento de áreas de atención familiar

Respecto a los cambios realizados recientemente en el Centro de Justicia Familiar, Martínez Hernández confirmó que se llevaron a cabo movimientos de personal en distintas áreas, entre ellas direcciones, jefaturas de departamento, psicología y trabajo social.

Precisó que en menos de un mes se realizó la rotación de una coordinación de Psicología, debido a que no se había encontrado la forma adecuada para que dicha área funcionara conforme a las necesidades de la institución.

Sobre el número de trabajadores removidos y los posibles señalamientos relacionados con la aplicación y cobro de exámenes, el funcionario indicó que los casos son revisados bajo los procedimientos correspondientes y con respeto al debido proceso.

Añadió que existen elementos identificados respecto a pagos y transferencias, por lo que la información financiera y administrativa deberá ser revisada para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Martínez Hernández sostuvo que cualquier procedimiento de responsabilidad administrativa deberá realizarse conforme a la normativa vigente, evitando adelantar conclusiones hasta contar con los elementos correspondientes.