El Gobierno de Sheinbaum Institucionaliza la Austeridad como Herramienta Expansiva en el PEF 2026
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para 2026 bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum consolida la “austeridad republicana” como el pilar técnico de la política fiscal de la Cuarta Transformación. Lejos de ser un concepto meramente moral, el primer presupuesto de Sheinbaum lo convierte en una estrategia sofisticada para la redistribución del gasto: se recorta con severidad el gasto operativo y burocrático (gasto corriente) para liberar una inyección histórica de recursos hacia la inversión física y el fortalecimiento de los programas sociales. Este enfoque, que el gobierno define como "austeridad expansiva", busca acelerar la transformación sin comprometer la estabilidad macroeconómica, proyectando un crecimiento del PIB del 2.5% y una reducción del déficit público al 3.5%.
La clave de la estrategia fiscal para 2026, cifrada en 9.7 billones de pesos, reside en un contraste radical. Las dependencias y organismos autónomos, como el Poder Judicial (con un recorte del 14.1%) y el INEGI (10.4%), enfrentan tijeretazos operativos, eliminando plazas y reduciendo viáticos, en línea con el mandato de tener "un gobierno sin lujos". Por otra parte, el gasto de capital (inversión física) se dispara un 29.1% en términos reales, alcanzando el nivel más alto de la historia reciente del país. Este aumento masivo se destina directamente a finalizar y operar proyectos emblemáticos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, priorizando la infraestructura sobre la burocracia para estimular la economía desde la base.
La protección de los programas sociales es absoluta y se convierte en el corazón del pacto social. Pensiones universales, becas y apoyos al campo están blindados de cualquier ajuste, reafirmando el compromiso con el bienestar. Además de la inversión en infraestructura, el presupuesto destina recursos robustos al sector energético, principalmente a PEMEX y CFE, manteniendo la autosuficiencia como meta nacional, aunque el enfoque, según Hacienda, será la rentabilidad y la eficiencia operativa para reducir la carga fiscal a mediano plazo.
Sin embargo, la implementación de esta audaz estrategia no está exenta de riesgos. Analistas advierten que la profundidad de los recortes a órganos como el INEGI o el Poder Judicial podría minar su operatividad y capacidad técnica, generando costos a largo plazo en la impartición de justicia y la generación de estadísticas. El plan también es vulnerable a shocks externos, pues la dependencia en que se materialice la meta de crecimiento del 2.5\% es crucial; cualquier desviación podría presionar las finanzas públicas y forzar un mayor endeudamiento para sostener el ambicioso plan de inversión.
A nivel político, la gestión de la Presidenta Sheinbaum deberá sortear las tensiones internas generadas por los recortes a organismos autónomos, que han abierto frentes de fricción con otros Poderes de la Unión. Además, la continua dependencia en las transferencias fiscales a Pemex persiste como el "talón de Aquiles" del modelo, poniendo en tela de juicio la eficiencia total de esta austeridad selectiva. La justificación gubernamental es clara: la prioridad es la inversión pública y la protección social, y la eficiencia burocrática es el costo necesario para lograrlo.
@_Melchisedech
