Un un balance de la última década, Ernesto López Portillo, director ejecutivo de Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), recordó que aún con los militares en las calles, los homicidios siguen en aumento.

En la antesala de la discusión de la ley de seguridad interior, señaló que “se está jugando la posibilidad de que se modifique la relación entre el poder civil y el poder militar en México”.
México se distinguía en la región por haber generado un pacto histórico que subordinaba al poder militar, respecto al poder civil; ahora “estamos observando la posibilidad de que esto se modifique… cada paso que da hacia atrás el poder civil, lo da hacia adelante el poder militar”, dijo en entrevista para Aristegui CNN.
“Si el poder civil dice no puedo, y le llama al poder militar con autorización de la Corte misma… con 50 mil elementos hoy en la calle, las consecuencias ya son estas, estamos viviendo una fase superior de un bomberazo, el bomberazo hecho una política de Estado… en el sentido del dominio de las políticas reactivas sobre las políticas de prevención, en donde la fuerza está por delante, la pregunta es si ahora la fuerza que está por delante es la militar… de facto, ya”, expuso.
“En 2007, México tenía 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, en ese año se declara la guerra… cuatro años después teníamos tres veces más homicidios por cada 100 mil habitantes, 24… Hoy, según algunos expertos, cerraremos 2016 con 21 homicidios por cada cien mil habitantes. Cuando es 10 para arriba, es declarado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia de homicidios. En ese plazo de diez años según el periódico Reforma se han gastado 1.8 billones en esa inversión. El presidente Peña Nieto prometió la reducción de homicidios. En este momento, comparando los primeros tres años del presidente Calderón y los primeros tres años del presidente Calderón, hay más homicidios con el presidente Peña Nieto. Es decir, si la política pública busca reducir la violencia, estamos caminando exactamente en sentido contrario. Que la gente sepa que con los militares en las calles, los homicidios han seguido para arriba”, abundó.
Con la nueva ley, “el salto cualitativo es que regularizas la transferencia de poderes”.
Apuntó que hoy por hoy, “los militares están en la calle porque los policías no hacen su trabajo”.
Y lo que se busca es la “posibilidad de generar un manto de autonomía, de autogobierno, del poder militar para funciones de seguridad, aunque en los hechos el poder civil no controla al poder militar”.
Al respecto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, refirió que está “en juego hacer patente un modelo de seguridad de corte militarizado, pone un incentivo político sumamente mafioso en no fortalecer las instituciones policiales de carácter civil”.
“Estamos cumpliendo justo 10 años de la denominada guerra contra el crimen organizado, no hay una evaluación seria de estos 10 años, los índices delictivos, los índices de homicidios no han bajado durante estos 10 años”, lamentó.
Con una ley de seguridad interior, “se olvida el fortalecimiento de las instituciones civiles”.
“El mismo general (Salvador Cienfuegos) reconoce que no son sus funciones, que la naturaleza del Ejército no es para perseguir delitos… que fue una decisión política la que los llevó a las calles”, indicó.
“En lo que no podemos estar de acuerdo es que sea el propio general secretario quien pida un marco jurídico específico para formalizar, constitucionalizar y patentizar su vinculación en tareas de seguridad”, mencionó Patrón.
Explicó que el titular de la Sedena también reconoce “expresamente que su naturaleza no es propia ni concordante con las tareas de seguridad pública”.
Lo que se busca, sostuvo, “es un modelo que propicia contextos y escenarios para graves violaciones de derechos humanos”. Y bastan ver los casos de los últimos años en los que a las fuerzas armadas se les vincula con graves violaciones.
“El debate no es que salgan de las calles inmediatamente, hay regiones donde la propia ciudadanía pide al Ejército y nos tenemos que hacer cargo de eso… pero ir por una apuesta de una ley de seguridad interior… no fortalece a las instituciones civiles”, insistió.
“Dotar a las fuerzas armadas de facultades que hoy no tienen legalmente y habría que revisar si tienen un manto constitucional adecuado… es una suerte de regularización de Estado excepcional, donde se dota al Ejército con facultades para hacer labores de inteligencia y de obtención de información”, precisó.