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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la acusación en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por posible asociación con el Cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció hoy 30 de abril de 2026 sobre la acusación de una Fiscalía en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un documento difundido por autoridades de Estados Unidos, se menciona que Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa estarían involucrados con el narcotráfico.
La autoridad de Estados Unidos señala que Rubén Rocha Moya tendría algún tipo de asociación con el Cártel de Sinaloa, lo cual favoreció al grupo delictivo para ingresar droga a territorio norteamericano.

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto sobre los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya por parte de EUA.

Además de Rocha Moya, aparecen Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza Cázarez, senador, y Dámaso Castro Saavedra, exfiscal de Sinaloa, entre otros funcionarios.
La acusación de reemplazo, certificada el 23 de abril de 2026, no involucra a un funcionario aislado: describe una red que, según los fiscales federales estadounidenses, abarcó desde el despacho del gobernador hasta las patrullas de la Policía Municipal de Culiacán. Los diez acusados son funcionarios en activo o exfuncionarios de Sinaloa.

La pena máxima, en caso de ser detenidos y enviados a Estados Unidos, podría ser de hasta cadena perpetua.

Rubén Rocha Moya confirmó ayer a N+ que luego de revelarse la acusación en su contra habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre acusación contra Rocha Moya?

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la acusación a Rocha Moya por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa.

"Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", dijo la presidenta.

Además, enfatizó en que "nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".

La mandataria federal leyó un comunicado de prensa en el cual resaltó la defensa de la soberanía de México. "Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de Mexico".

En el mismo sentido, en el texto que leyó resaltó que "México establece relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, menos de entreguismo", y finalizó con la frase "verdad, justicia y defensa de la soberanía".

Los perfiles centrales del expediente:

Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, 76 años

Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años

Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, 54 años

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años

Todos enfrentan cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y posibilidad de cadena perpetua.

De la campaña electoral al acuerdo con los Chapitos

La acusación traza el origen del vínculo entre Rocha Moya y la cúpula del cartel antes de las elecciones de junio de 2021. Según el expediente, el entonces candidato se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes prometieron asegurar su triunfo a cambio de que, una vez en el cargo, colocara en posiciones de autoridad a funcionarios favorables a sus operaciones de tráfico de drogas.

El expediente detalla que, para garantizar ese resultado, sicarios del cártel robaron boletas y urnas, secuestraron candidatos opositores e intimidaron a votantes. Enrique Díaz Vega, entonces colaborador cercano de Rocha Moya, habría entregado a los líderes de los Chapitos una lista con nombres y domicilios de los contrincantes del candidato.

Una nómina mensual de corrupción

Parte de la evidencia que cita la acusación son fotografías de listas manuscritas con los sobornos que la facción de los Chapitos distribuía mensualmente entre funcionarios. Según el expediente, el fiscal adjunto Castro Zaavedra recibía el equivalente a unos 11,000 dólares al mes; el jefe de la Policía de Investigación, alrededor de 16,000 dólares; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", aproximadamente 41,000 dólares para repartir entre él y decenas de agentes bajo su mando.

Valenzuela Millán es además el único de los diez acusados que enfrenta cargos de secuestro con resultado de muerte, por los que la legislación estadounidense contempla cadena perpetua obligatoria.

El expediente lo señala de haber participado, en octubre de 2023, en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona, en represalia por su colaboración con las autoridades estadounidenses en la investigación del caso.