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Iniciativa Sinaloa advirtió que la reforma impulsada por el gobernador con licencia ampliaría las causales para ocultar información y eliminaría obligaciones de transparencia para partidos políticos.
La organización Iniciativa Sinaloa advirtió sobre riesgos de opacidad y retrocesos en materia de rendición de cuentas derivados de la iniciativa de reforma a la ley de transparencia enviada al Congreso local por el gobernador Rubén Rocha Moya días antes de solicitar licencia al cargo, tras ser acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de cargos relacionados con el narcotráfico.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Marlene León, directora de la organización, señaló que la propuesta fue presentada el 21 de abril y que “nunca fue difundida, nunca se socializó por parte de las autoridades”, pese a que colectivos y organismos ciudadanos solicitaron durante más de un año conocer su contenido.
Explicó que la iniciativa corresponde a la legislación secundaria derivada de la reforma en materia de transparencia y que el documento se conoció públicamente el mismo día en que recibió primera lectura en el Congreso estatal y avanzó rápidamente a segunda lectura.
Dijo que durante la revisión detectaron “varios riesgos muy preocupantes en materia de opacidad”, así como “un retroceso inminente en temas anticorrupción, de rendición de cuentas”.
León sostuvo que uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones civiles es que la propuesta permitiría reservar información relacionada con comprobantes, recibos y gasto público. “Nosotros creemos que este es un intento por el gobierno de Rocha Moya por blindarse, de blindar su administración ante el escrutinio público”, afirmó.
También alertó sobre disposiciones que impedirían acceder a información sobre denuncias e investigaciones administrativas contra servidores públicos. Sostuvo que esto cobra relevancia, particularmente a la luz de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. “Tenemos derecho a saber cuáles son las investigaciones o las denuncias que haya en este sentido”, indicó.
La activista señaló que, de aprobarse la iniciativa en sus términos actuales, tampoco podría conocerse el estado de procedimientos administrativos o investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. “No vamos a tener ese acceso a la verdad”, dijo.
Otro de los riesgos es la eliminación de obligaciones de transparencia para partidos políticos. León afirmó que la iniciativa “está quitando a los partidos políticos como entes obligados a transparentar información”. Añadió que, en caso de aprobarse, ya no sería posible acceder a datos sobre contratos, convenios, recursos públicos, número de militantes o tabuladores salariales de los partidos.
Indicó que el financiamiento público destinado a los partidos en Sinaloa rondó los 180 millones de pesos para 2025 y advirtió que la ciudadanía perdería acceso a información sobre ingresos y contratos vinculados a esos recursos.
Asimismo, expresó preocupación porque los municipios dejarían de ser considerados sujetos obligados en materia de transparencia. Según explicó, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo estatal concentre funciones relacionadas con el acceso a información municipal.
La directora de Iniciativa Sinaloa también cuestionó que sindicatos y universidades queden fuera de diversas obligaciones de transparencia. Señaló que se trata de sectores sobre los que existen cuestionamientos públicos y consideró que la propuesta “no va a abonar nada” a la rendición de cuentas.
“Las universidades también han sido muy cuestionadas por el posible vínculo que hay con el crimen organizado”, afirmó.
León aseguró que la iniciativa amplía además el catálogo de causales para reservar información pública y extiende los plazos de respuesta a solicitudes de información. “Pasamos de que cuando solicitabas información te la entregaban en 10 días y ahora te están proponiendo que te la van a entregar en 20 días”, explicó, con posibilidad de prórroga adicional.
Sostuvo que la propuesta representa “una ley nueva que está buscando blindar a las autoridades” y afirmó que “no nos está garantizando nuestro derecho a saber y tener rendición de cuentas”.
La activista vinculó además la reforma con las recientes investigaciones periodísticas sobre presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos por parte de exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, como el caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y coacusado en Estados Unidos junto con el gobernador con licencia.
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“Se encontró que él posiblemente incurrió en corrupción al tener un enriquecimiento ilícito y hacer compras al contado”, señaló. Advirtió que, si la iniciativa se aprueba, información de este tipo podría quedar reservada por varios años.
La activista recordó que Sinaloa -que tuvo la primera ley de transparencia en el país en 2002- fue una de las primeras entidades en incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia y lamentó que la iniciativa implique, a su juicio, un retroceso de décadas.
También señaló que organizaciones civiles han solicitado audiencias con legisladores desde hace más de un año sin obtener respuesta. Ante ello, pidió que el Congreso estatal revise y modifique el contenido de la iniciativa antes de dictaminarla: “El Congreso podría enviar una señal a la ciudadanía de que hay un deslinde del gobierno de Rubén Rocha Moya”.
“Nos preocupa muchísimo que se apruebe y que nos hayan dado la espalda nuevamente”, declaró.
Adelantó que, en caso de que la reforma avance sin cambios, las organizaciones promoverán recursos legales. “Vamos a presentar amparos”, afirmó, al considerar que la propuesta vulnera principios de progresividad y derechos vinculados al acceso a la información.
La iniciativa fue enviada al Congreso local, donde Morena y aliados tienen la mayoría legislativa.
Dijo que durante la revisión detectaron “varios riesgos muy preocupantes en materia de opacidad”, así como “un retroceso inminente en temas anticorrupción, de rendición de cuentas”.
León sostuvo que uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones civiles es que la propuesta permitiría reservar información relacionada con comprobantes, recibos y gasto público. “Nosotros creemos que este es un intento por el gobierno de Rocha Moya por blindarse, de blindar su administración ante el escrutinio público”, afirmó.
También alertó sobre disposiciones que impedirían acceder a información sobre denuncias e investigaciones administrativas contra servidores públicos. Sostuvo que esto cobra relevancia, particularmente a la luz de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. “Tenemos derecho a saber cuáles son las investigaciones o las denuncias que haya en este sentido”, indicó.
La activista señaló que, de aprobarse la iniciativa en sus términos actuales, tampoco podría conocerse el estado de procedimientos administrativos o investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. “No vamos a tener ese acceso a la verdad”, dijo.
Otro de los riesgos es la eliminación de obligaciones de transparencia para partidos políticos. León afirmó que la iniciativa “está quitando a los partidos políticos como entes obligados a transparentar información”. Añadió que, en caso de aprobarse, ya no sería posible acceder a datos sobre contratos, convenios, recursos públicos, número de militantes o tabuladores salariales de los partidos.
Indicó que el financiamiento público destinado a los partidos en Sinaloa rondó los 180 millones de pesos para 2025 y advirtió que la ciudadanía perdería acceso a información sobre ingresos y contratos vinculados a esos recursos.
Asimismo, expresó preocupación porque los municipios dejarían de ser considerados sujetos obligados en materia de transparencia. Según explicó, la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo estatal concentre funciones relacionadas con el acceso a información municipal.
La directora de Iniciativa Sinaloa también cuestionó que sindicatos y universidades queden fuera de diversas obligaciones de transparencia. Señaló que se trata de sectores sobre los que existen cuestionamientos públicos y consideró que la propuesta “no va a abonar nada” a la rendición de cuentas.
“Las universidades también han sido muy cuestionadas por el posible vínculo que hay con el crimen organizado”, afirmó.
León aseguró que la iniciativa amplía además el catálogo de causales para reservar información pública y extiende los plazos de respuesta a solicitudes de información. “Pasamos de que cuando solicitabas información te la entregaban en 10 días y ahora te están proponiendo que te la van a entregar en 20 días”, explicó, con posibilidad de prórroga adicional.
Sostuvo que la propuesta representa “una ley nueva que está buscando blindar a las autoridades” y afirmó que “no nos está garantizando nuestro derecho a saber y tener rendición de cuentas”.
La activista vinculó además la reforma con las recientes investigaciones periodísticas sobre presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de recursos por parte de exfuncionarios cercanos a Rocha Moya, como el caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y coacusado en Estados Unidos junto con el gobernador con licencia.
“Se encontró que él posiblemente incurrió en corrupción al tener un enriquecimiento ilícito y hacer compras al contado”, señaló. Advirtió que, si la iniciativa se aprueba, información de este tipo podría quedar reservada por varios años.
La activista recordó que Sinaloa -que tuvo la primera ley de transparencia en el país en 2002- fue una de las primeras entidades en incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia y lamentó que la iniciativa implique, a su juicio, un retroceso de décadas.
También señaló que organizaciones civiles han solicitado audiencias con legisladores desde hace más de un año sin obtener respuesta. Ante ello, pidió que el Congreso estatal revise y modifique el contenido de la iniciativa antes de dictaminarla: “El Congreso podría enviar una señal a la ciudadanía de que hay un deslinde del gobierno de Rubén Rocha Moya”.
“Nos preocupa muchísimo que se apruebe y que nos hayan dado la espalda nuevamente”, declaró.
Adelantó que, en caso de que la reforma avance sin cambios, las organizaciones promoverán recursos legales. “Vamos a presentar amparos”, afirmó, al considerar que la propuesta vulnera principios de progresividad y derechos vinculados al acceso a la información.
La iniciativa fue enviada al Congreso local, donde Morena y aliados tienen la mayoría legislativa.
