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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó tipificar este delito y castigarlo con penas de 4 a 8 años de prisión
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó tipificar el delito de suplantación de identidad digital, y castigarlo con penas de 4 a 8 años de prisión y multas de hasta 586 mil pesos.
Al respecto Carina Piceno, secretaria de Comisión de Justicia, indicó:
“Comete el delito de suplantación de identidad quien sin consentimiento de la persona titular y con la finalidad de cometer un delito o facilitar la comisión de un delito del que derive un beneficio para sí o para un tercero, o de causar un daño o perjuicio, se atribuya, utilice, apropia, transfiera, posea o disponga por cualquier medio datos personales, información de medios de autenticación, documentación, elementos biométricos o cualquier identificador de identidad digital de otra persona”
Las reformas aprobadas incorporan un nuevo capítulo sexto bis al Código Penal Federal denominado Suplantación de Identidad, en el que se definen como medios de autenticación o identificadores digitales, aquellos que permitan validar o confirmar la identidad de una persona en entornos físicos o digitales tales como contraseñas, códigos de verificación, firmas electrónicas, certificados digitales, datos biométricos, cuentas o perfiles electrónicos, y que tengan el propósito de obtener un beneficio indebido o cometer fraude.
Orden de apellidos
Los legisladores también aprobaron reformas al Código Civil en materia de orden de los apellidos.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión Justicia, señaló:
“El dictamen tiene por objeto reformar el artículo 58 del Código Civil Federal para reconocer expresamente el derecho de las personas progenitoras a decidir en común acuerdo el orden de apellidos de sus hijas e hijos, eliminando la preferencia implícita del apellido paterno y adecuándola la legislación a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como el derecho de la identidad”
Abuso sexual
También se avalaron reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, para adecuar la legislación a la reforma de marzo pasado que incorporó consentimiento como elemento central de quien cometa este delito.
