La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), inició una investigación relacionada con la agresión que sufrieron periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, y que estaba en manos de civiles armados.

El sábado por la tarde un grupo de 100 hombres armados atacaron a siete reporteros –entre ellos Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, y Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador de esta casa editorial– en el municipio de Acapetlahuaya, en la zona norte de Guerrero.
También fueron agredidos Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen Tv, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.
La Jornada publicó ayer que luego de permanecer retenidos, los pistoleros –presuntamente pertenecientes a la organización delictiva La familia michoacana– los despojaron de sus pertenencias, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero, así como una camioneta Patriot (propiedad de Sergio Ocampo).
Los comunicadores, quienes realizaban trabajo periodístico sobre los acontecimientos que se suscitaron desde el viernes en el municipio de San Miguel Totolapan, fueron trasladados a un callejón donde había unas viviendas, mientras un grupo de pistoleros sacaba de las camionetas las pertenencias y carteras de los informadores.
Al respecto, la Feadle informó que inició una carpeta de investigación desde ayer por la noche y que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ‘‘contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la indagatoria de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan’’.
Según las autoridades federales, se dará seguimiento a la situación de los comunicadores agredidos de manera conjunta con la coordinación ejecutiva nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La PGR condenó la agresión en contra de ‘‘personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna’’.