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México y Brasil enfrentarán 'asedio' de Trump hasta que cedan recursos estratégicos: Buscaglia
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El académico sostuvo que la presión de la administración de Donald Trump contra ambos países responde a su interés por acceder a minerales estratégicos y recursos energéticos de la región, en el marco de la competencia de EE.UU. con China.
Edgardo Buscaglia, académico investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia y miembro del Consejo Directivo de Wildlife Justice Commission, sostuvo que el gobierno de Donald Trump utiliza el combate a los cárteles de la droga como argumento para ampliar la presencia militarizada de EE.UU. en países de Latinoamérica y, al mismo tiempo, asegurar el acceso a recursos estratégicos necesarios para competir con China.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que en Panamá se realizó una reunión de carácter político que, según dijo, elevó a ese nivel un grupo de trabajo impulsado por el Pentágono con gobiernos latinoamericanos que, a su juicio, comparten rasgos con la administración de Trump por su concentración de poder y su relación con el Estado de Derecho. Mencionó entre ellos a los gobiernos de Argentina, El Salvador y los que se perfilan en Colombia y Perú.
De acuerdo con el académico, la reunión involucró a representantes políticos de esos países, desde presidentes hasta ministros de seguridad, y tuvo como argumento el combate a los cárteles de la droga. Sin embargo, afirmó que el propósito real sería establecer programas de presencia militarizada de Estados Unidos en los territorios de 11 países latinoamericanos.
Buscaglia cuestionó que la estrategia estadounidense se concentre exclusivamente en el narcotráfico, debido a que las organizaciones criminales de la región participan en múltiples actividades ilícitas. “Porque primero, que la delincuencia organizada a la cual Trump se refiere, a la cual se refiere Bukele, a la cual se refiere Milei, están lejísimos de solamente dedicarse al tráfico de drogas”, señaló.
Añadió que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Primer Comando Capital (PCC) brasileño participan, según su análisis, en más de 75 actividades ilícitas, por lo que reducir el fenómeno criminal al narcotráfico deja fuera delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes, los fraudes cibernéticos y las desapariciones forzadas.
El investigador puso como ejemplo el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien describió como un integrante del Cártel de Sinaloa sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión y al que Trump liberó mediante un indulto presidencial después de llegar al poder, a cambio de condiciones políticas que facilitaran la intervención estadounidense en Honduras.
“Entonces el objetivo de Trump no es combatir a los carteles”, afirmó. A su juicio, el hecho de que se hayan concedido indultos a personas que identificó como integrantes de organizaciones criminales contradice la explicación de que la prioridad de la estrategia estadounidense sea combatir a los cárteles.
Buscaglia sostuvo que detrás de la estrategia existe además un interés por controlar fuentes de minerales estratégicos y recursos energéticos de América Latina. Mencionó minerales como el germanio y el tungsteno, que, dijo, son utilizados para producir armamento de alta tecnología y para desarrollar baterías y chips, en un contexto de competencia estratégica con China.
“Entonces necesita controlar las fuentes de minerales que están ubicadas en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, en Bolivia, en Perú, para poder enfrentarse a China y ganar la competencia estratégica y táctica con China, que es la otra superpotencia mundial en la actualidad”, afirmó.
El académico vinculó esa estrategia con la necesidad estadounidense de reducir su dependencia de China en sectores tecnológicos. Señaló que el país asiático produce más de 80% de los drones a nivel mundial y más de 80% de las baterías utilizadas en automóviles eléctricos, además de concentrar la producción y procesamiento de minerales estratégicos necesarios para distintas industrias.
Aseguró que la restricción china al acceso estadounidense a minerales estratégicos, después de que Trump elevó los aranceles a productos chinos, obligó al gobierno estadounidense a retroceder en sus medidas comerciales. “China inmediatamente le restringió el acceso a minerales estratégicos en donde China tiene un monopolio en el procesamiento y Trump tuvo que retroceder, tuvo que bajarle los aranceles a China”, sostuvo.
En ese contexto, Buscaglia afirmó que los grupos de trabajo promovidos por el Pentágono para combatir a los cárteles constituyen una vía para establecer presencia militar y, eventualmente, paramilitar en países con recursos estratégicos.
“Eso es un caballo de Troya, es una simulación lo de los carteles. A Trump le importa muy poco combatir a los carteles”, dijo. Según explicó, la estrategia permitiría establecer fuerzas estadounidenses o empresas militares privadas para custodiar minas, recursos energéticos y otras inversiones consideradas estratégicas para competir con China.
El investigador también cuestionó el respaldo que, según dijo, Trump brinda a gobiernos y movimientos políticos que considera autoritarios. Mencionó a los gobiernos de El Salvador, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Honduras, y sostuvo que Washington busca favorecer a dirigentes que concentran el poder o debilitan los contrapesos institucionales.
“Está apoyando a las fuerzas más oscuras, más autocráticas, más corruptas de Latinoamérica”, afirmó, al referirse a la política de Trump en la región.
El “asedio” a México y Brasil
Según Buscaglia, los gobiernos que no se alinean con esa estrategia son sometidos a presión económica y política. Colocó a México y Brasil en esa categoría y sostuvo que ambos países enfrentan un proceso de “asedio” que busca debilitarlos hasta que acepten determinadas condiciones.
“Si no son a la imagen y semejanza de Trump, como es el gobierno de México o el gobierno de Brasil con Lula, someterlos a un asedio, a castigos, a un hostigamiento continuo para debilitarlos políticamente y sean reemplazados por otros presidentes similares a Milei, o similares a Bolsonaro, similares a De la Espriella, o similares a Bukele”, expuso.
Sobre México, sostuvo que el país ha conseguido mantener cierto equilibrio en su relación con Washington, aunque enfrenta problemas de corrupción política y desapariciones forzadas. Afirmó que Estados Unidos interviene cada vez más en asuntos políticos y sociales mexicanos y advirtió que la presión regional podría terminar afectando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El académico planteó después una hipótesis para explicar las diferencias entre el trato de Trump hacia México y el que, según su lectura, ha dado a otros gobiernos latinoamericanos. Señaló que, si Sheinbaum aceptara entregar a Estados Unidos amplias facilidades de inversión y presencia militar, el gobierno de Trump reduciría sus críticas hacia México.
“Si la presidenta Sheinbaum actuase como actuó Delcy Rodríguez, la supuesta presidenta de Venezuela, o como actúa Milei, decirle a Donald Trump ‘mi país es tuyo, entra a todo tipo de inversión que tú quieras con un vacío regulatorio’, establece un puerto militar en Ushuaia como ya acordaron hacer con Trump”, planteó. Aclaró que se trataba de una hipótesis “totalmente contrafáctica, no realista”.
A partir de ese escenario, el especialista afirmó que Trump estaría dispuesto a mantener relaciones con gobiernos vinculados con redes criminales siempre que estos permitan a Estados Unidos acceder a determinados sectores estratégicos. Como ejemplo, se refirió a Venezuela y sostuvo que el Estado venezolano se transformó, durante el gobierno de Nicolás Maduro, en una estructura que financiaba parte de sus actividades mediante tráfico de oro, migrantes, personas, drogas y armas.
En contraste, consideró que Sheinbaum no podría adoptar una posición similar porque ello representaría un costo político para su gobierno. “Entonces, es imposible. Cuando no se entrega Sheinbaum, por razones obvias, no puede entregarse porque sería un suicidio político a la mafiocracia que sostiene a la presidenta Sheinbaum”, sostuvo.
Afirmó que, ante la negativa mexicana a alinearse completamente con Washington, Trump utiliza distintas medidas de presión, entre ellas restricciones de visas, aranceles y declaraciones sobre una eventual intervención en México.
Buscaglia sostuvo además que Trump ejerce una política exterior basada en el “patrimonialismo”, concepto que definió como un sistema en el que un gobernante no separa los intereses privados de los bienes del Estado.
“Entonces, Trump es un hombre que no concibe una política exterior sin que al mismo tiempo se beneficie el patrimonio de su familia y de sus allegados. Es una persona que gobierna a través de la corrupción”, afirmó.
“Si le empieza a entregar a Estados Unidos, a los empresarios más allegados a Trump, áreas ligadas a la explotación de recursos energéticos, áreas ligadas al sector financiero. Esa es una manera de poder conquistar el beneplácito de Trump”, señaló.
Afirmó que el gobierno de Sheinbaum se encuentra en una posición intermedia, debido a que no ha entregado sectores económicos a empresarios cercanos a Trump ni se ha plegado completamente a los grupos de trabajo impulsados por el Pentágono para combatir a los cárteles.
“Entonces está en ese limbo, como Brasil, en donde se la va a seguir atacando de manera continua al país, a Brasil y a México, hasta que se dobleguen de una manera o de otra”, dijo.
Buscaglia extendió esa lectura a Honduras y al nuevo presidente Nasry Asfura, así como al empresario tecnológico Peter Thiel y a integrantes de la familia Trump. Según su exposición, existirían intereses empresariales vinculados con estos actores para ampliar inversiones y operaciones en territorio hondureño.
Señaló que Thiel ha defendido posiciones contrarias a la democracia liberal, apoyando movimientos de extrema derecha en distintos países, como el partido ultraderechista alemán Alternative für Deutschland.
El investigador incluyó asimismo a Elon Musk entre los empresarios con gran poder económico que, según su análisis, han respaldado movimientos políticos autoritarios. Afirmó que Musk ha apoyado partidos de ese tipo en Alemania e Italia y sostuvo que estos sectores comparten la idea de que democracia y libertad son incompatibles.
“Entonces estamos hablando de una transformación de los sistemas políticos de nuestra región”, afirmó. A su juicio, América Latina enfrenta una vulnerabilidad mayor que Europa debido a la debilidad de sus sociedades civiles y a la facilidad con la que algunos sectores empresariales pueden ser capturados por organizaciones criminales o sometidos a presiones políticas.
Buscaglia sostuvo que la estrategia estadounidense combina presión política, económica y militar con intereses relacionados con la competencia frente a China. En particular, señaló que empresas militares privadas vinculadas con empresarios cercanos a Trump podrían desempeñar un papel en la protección de inversiones estratégicas.
“Estamos ante un tsunami antidemocrático en Latinoamérica, que está básicamente llevado adelante a través de grandes inversiones sujetas a corrupción política y corrupción económica, y una ideología de extrema derecha antidemocrática”, concluyó.
Gobernadora de Chihuahua ve que EE.UU. puede protegerla más que el Estado mexicano: Buscaglia
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El analista sostuvo que agencias estadounidenses seguirán operando en territorio mexicano 'con o sin el permiso' de la presidenta Claudia Sheinbaum mientras persista la debilidad institucional.
El analista y académico Edgardo Buscaglia afirmó que, ante la expansión del crimen organizado y la fragilidad institucional en distintas regiones del país, autoridades estatales pueden considerar que el gobierno de EE.UU. les brinda mayores condiciones de protección que el propio Estado mexicano, al referirse al caso de Chihuahua y a la señalada presencia de agentes de la CIA en un operativo en la entidad.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Buscaglia sostuvo que Washington parte de la premisa de que en amplias zonas del territorio nacional “existe un estado fallido en donde gobierna la delincuencia organizada”.
A partir de ese diagnóstico, dijo, las agencias estadounidenses desarrollan operaciones directas o encubiertas en México, independientemente de autorizaciones formales del gobierno federal. Recordó que desde el año pasado había anticipado que el presidente estadounidense Donald Trump actuaría en territorio mexicano “con o sin el permiso de la presidenta Sheinbaum”.
Buscaglia explicó que la CIA no sería la única instancia involucrada en este tipo de operaciones, sino una entre diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estadounidenses con presencia internacional. “Hay 18 agencias de inteligencia federales y militares en territorio norteamericano que operan alrededor del mundo y la CIA es solamente una de ellas que opera en México”, indicó.
Al abordar lo ocurrido en Chihuahua, aseguró que la relación entre autoridades locales y organismos de EE.UU. responde a criterios de seguridad práctica. “La gobernadora de Chihuahua [María Eugenia Campos] considera con total naturalidad, por simple lógica y experiencia, que el estado norteamericano, Estados Unidos, puede protegerla más que el estado mexicano”, afirmó.
Añadió que, en un contexto marcado por asesinatos de candidatos, funcionarios y episodios de violencia política, una autoridad estatal que reciba ofrecimientos de protección tendería a responder “con mucha más efectividad y mucha más reacción que al estado mexicano”.
Así se refirió a la polémica por el operativo ocurrido en Chihuahua, donde murieron dos personas señaladas en versiones periodísticas como presuntos agentes de la CIA, así como dos funcionarios estatales. El caso detonó cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense en territorio nacional y sobre el nivel de conocimiento que tuvieron autoridades mexicanas.
Buscaglia sostuvo que lo ocurrido no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia aplicada por EE.UU. en países donde considera que existen territorios bajo control criminal o con instituciones penetradas por redes ilícitas. Mencionó experiencias en Afganistán, Yemen y la frontera con Pakistán.
Relató que en esos escenarios observó a agentes estadounidenses operar de manera encubierta, incluso haciéndose pasar por integrantes de grupos locales para infiltrar organizaciones y desmantelarlas desde dentro. Según dijo, métodos similares estarían siendo utilizados ahora en México.
“Se disfrazan de policías estatales o de policías municipales, como en Afganistán se disfrazaban de talibanes o en Yemen se disfrazaban de hutíes”, señaló.
El especialista afirmó que el problema central radica en la pérdida de confianza hacia las instituciones mexicanas. Señaló que cuando no existen cuerpos confiables ni mecanismos de depuración internos, Washington evita compartir información sensible o coordinar operativos de manera abierta con autoridades mexicanas.
Contrastó esa situación con lo que, dijo, ocurría en la década de los noventa. Recordó que en ese periodo existían grupos de élite del Ejército mexicano y de la entonces PGR que colaboraban de forma estrecha con la CIA, el Departamento de Justicia y otras dependencias estadounidenses.
“Así fue como se capturaron a capos y se desmantelaron redes criminales en la década del 90”, afirmó al señalar que en ese entonces había mejores condiciones de cooperación bilateral.
“Infiltrado desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo”
A su juicio, ese modelo dejó de funcionar por el avance de la infiltración criminal en estructuras políticas y administrativas. “El estado mexicano ha sido infiltrado desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo”, expresó.
Buscaglia sostuvo que esa penetración alcanza niveles federales, estatales y municipales, lo que vuelve complejo establecer alianzas operativas estables. Señaló que los grupos criminales han perfeccionado durante años mecanismos para capturar funcionarios y obtener protección política.
En ese contexto, consideró que la respuesta del gobierno mexicano no debería limitarse a protestas diplomáticas por la violación de soberanía, sino centrarse en reconstruir capacidades institucionales y generar confianza internacional.
Propuso que la administración federal seleccione células específicas del Ejército, fuerzas de seguridad e inteligencia mexicanas para cooperar formalmente con agencias extranjeras, bajo controles permanentes y revisiones patrimoniales.
Explicó que esos grupos tendrían que ser monitoreados de manera continua por autoridades mexicanas y también por instancias de EE.UU. y Europa, con el objetivo de garantizar que no hayan sido contaminados por organizaciones criminales.
El especialista aseguró que existen bases jurídicas para ese tipo de cooperación en convenciones internacionales de Naciones Unidas contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional. En su opinión, un esquema de esa naturaleza permitiría actuar con legalidad y evitar incursiones unilaterales.
“Lo van a seguir haciendo”
No obstante, advirtió que mientras no exista una reforma institucional profunda, EE.UU. mantendrá sus operaciones. “Lo van a seguir haciendo con mayor y mayor frecuencia porque para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional”, señaló al referirse a la situación de la frontera compartida.
También vinculó estas acciones con la coyuntura política estadounidense. Dijo que Trump busca mostrar resultados en materia fronteriza de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en un contexto de desgaste interno por otros temas internacionales y económicos.
Para Buscaglia, el control de la frontera con México forma parte de las principales cartas políticas del mandatario estadounidense, por lo que prevé una intensificación de medidas de seguridad y operaciones de inteligencia en los próximos meses.
El académico comparó el momento actual con procesos ocurridos en Colombia, Italia y Rumania, donde, dijo, hubo presión internacional para depurar sistemas políticos infiltrados por mafias y fortalecer instituciones judiciales.
En ese sentido, consideró que México enfrenta una oportunidad para emprender un “pacto político de integridad antimafia” que permita limpiar estructuras de gobierno y recuperar capacidades estatales.
Si ello no ocurre, concluyó, el escenario seguirá deteriorándose. “Ya estamos de mal en peor en la situación de peor y vamos hacia peor todavía”, advirtió.
