Gabriela García
Según datos de Diario Reporter, esta situación estaba desbordada desde febrero de 2022, cuando se hablaba de una “red de corrupción y complicidades” debido a que tenían un negocio redondo y millonario en la venta de documentos como actas matrimoniales, juicios y rectificaciones de actas de nacimiento, registros extemporáneos y la venta de actas de defunción.
Según personal al interior se reveló que las denuncias de ciudadanos, de indígenas, así como de agencias funerarias terminaban en la basura, a pesar de que llegaban a la extitular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral y la Función Pública, debido a que tras la muerte de Luis Miguel Barbosa, exgobernador de Puebla fue despedida.
Para llegar a su fin laboral, Manuel Carmona Sosa no pudo solventar las quejas constantes que realizaron los diputados locales en el marco de las comparecencias, donde externaron que existe mal funcionamiento de las oficinas de Registro Civil en los municipios.
Aunado a esto, se destaca que varias oficinas municipales están como elefantes blancos, debido a que no cuentan con luz eléctrica, personal, no cuentan con papelería y mobiliario, para trabajar.
En este tenor, se menciona que estas fallas no terminarán con la salida del hoy exfuncionario, debido a que quedará como encargada de despacho Alejandra Guadalupe San Martín Huerta, incondicional de Carmona y sobrina del ex diputado federal Saúl Huerta, acusado por pederasta.
Algunos funcionarios plenamente identificados como parte de esa red de corrupción son Adrián Juárez Núñez, jefe de ratificaciones; los jueces Javier Jara Fregoso, José Arturo Parra Rodríguez, Daniel Ruíz Jerónimo, David Santos, Carmen Ruíz, Paola Díaz Aranda, Julio Adolfo Fierro Kauffmann, Rubén Darío Jiménez Mejía, Rafael Adame Gómez, entre otros, a quienes rotaba y privilegiaba con las mejores plazas o distritos.
