Gabriela García Guzmán

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta reiteró que su administración actuará con estricto apego a la ley en las investigaciones relacionadas con el caso del Banco Accendo y otros procesos heredados de gobiernos anteriores, enfatizando que en su gestión “no hay persecución, pero tampoco  omisión”.

El mandatario subrayó que la indagatoria surgió en administraciones previas y precisó que corresponde a las autoridades fiscalizadoras dar seguimiento a los expedientes, mientras que el Gobierno del Estado tiene la obligación de entregar toda la información requerida sin distinción política.

“Nosotros ni acusamos ni protegemos ni perseguimos. Son procedimientos que competen en el actuar de los servidores públicos. En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, afirmó.

Explicó que, como ocurre en cualquier nivel de gobierno, la administración actual debe colaborar con los entes fiscalizadores y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como encubrimiento.

El gobernador detalló que existen 22 expedientes abiertos, entre ellos los relacionados con el caso Banco Accendo y el CONALEP, que involucran a exservidores públicos por posibles desvíos de recursos.

Recalcó que su gobierno responde puntualmente a cada requerimiento de información y que las futuras administraciones deberán hacer lo mismo.

“Quien administra tiene la obligación de tener toda la documentación que acredite el ejercicio del gasto. Nadie está por encima de la ley”, añadió.

El mandatario estatal señaló que los procesos se llevan a cabo bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia, recordando que la transparencia y la rendición de cuentas son política de Estado en Puebla.

Enfatizó: “la amistad no es una capa protectora para la impunidad”, puntualizó.

También aclaró que los recientes reportes de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a la Cuenta Pública 2024, y no a los gobiernos actuales, llamando a no generar interpretaciones erróneas sobre responsabilidades administrativas.