Gabriela García Guzmán
El Gobierno del Estado de Puebla invertirá 13 millones de pesos en la compra e instalación de inhibidores de señal telefónica en centros penitenciarios estatales y municipales, como parte de una estrategia para evitar que desde estos espacios se realicen llamadas de extorsión, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.
Los dispositivos serán colocados en los penales estatales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, así como en 11 centros de reclusión municipales, para lo cual se trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos.
La ejecución del proyecto iniciará este año y estará sujeta a evaluaciones técnicas para garantizar su correcto funcionamiento y cobertura.
El funcionario explicó que, aunque Puebla no presenta niveles elevados de extorsión telefónica originada en cárceles como ocurre en otras entidades, la intención es eliminar cualquier posibilidad de que estas llamadas se generen desde el interior de los penales y afecten a la población.
Indicó que el programa estatal contra la extorsión ha logrado una efectividad cercana al 80 por ciento, principalmente al evitar que las víctimas realicen depósitos de dinero.
En estas acciones participa de forma activa la Fiscalía General del Estado, especialmente en la atención de casos de secuestro virtual, mediante labores de prevención, rastreo y localización de personas.
Sánchez González destacó que existe una coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales para la atención inmediata de reportes, el seguimiento de llamadas y el acompañamiento a las familias afectadas, con el fin de interrumpir la comunicación utilizada para cometer el delito.
La instalación de los inhibidores se complementará con revisiones de infraestructura y análisis de compatibilidad tecnológica en cada penal, además de acuerdos de colaboración con los municipios responsables de los centros de reclusión locales.
Finalmente, el secretario subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral de seguridad enfocada en disminuir la incidencia de extorsión y fortalecer las medidas de prevención, con el objetivo de impedir cualquier comunicación ilícita desde los centros penitenciarios hacia la ciudadanía.
