Gabriela García Guzmán

El gobierno estatal afirmó que su actuación frente a la concesión del servicio de agua se rige por la prudencia jurídica, con el objetivo de evitar decisiones precipitadas que puedan derivar en sanciones económicas contra el Estado, al tiempo que se revisa a fondo el desempeño de la empresa Agua de Puebla.

La administración dejó en claro que no está en contra de los movimientos sociales, sino que se considera aliada de ambientalistas y defensores del agua. En ese sentido, subrayó que no respalda el modelo de concesión vigente, el cual —recordó— fue heredado de administraciones anteriores.

No obstante, enfatizó que cualquier acción debe apegarse a la ley. “No podemos cometer una arbitrariedad política que termine en una penalización económica para el Estado”, se señaló, al explicar que la Consejería Jurídica ya analiza posibles incumplimientos de la empresa concesionaria.

Mientras se realiza esta revisión legal, el gobierno estatal implementa medidas emergentes para garantizar el acceso al agua como un derecho humano. Entre ellas, el suministro mediante pipas y tinacos en colonias que enfrentan desabasto, particularmente en zonas periféricas.

Asimismo, se trabaja en una estrategia integral para atender el problema de fondo, en coordinación con los ayuntamientos, conforme a lo establecido en el Artículo 115 constitucional, que les otorga la responsabilidad sobre los servicios públicos.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Bienestar estatal, encabezada por Laura Artemisa, realizará acercamientos directos con comunidades y colonias para identificar necesidades y coordinar la distribución del recurso.

El gobierno también cuestionó la falta de inversión en rubros como el saneamiento del agua, pese a que este concepto es cobrado en los recibos, lo que forma parte de los elementos bajo análisis jurídico.

Finalmente, se reiteró que no existe complacencia con la concesionaria, sino una estrategia basada en la legalidad: “No hay protección para la empresa; hay prudencia jurídica para defender el interés público sin comprometer las finanzas del Estado”.