Además de estar presuntamente vinculado con grupos de Huachicoleros en Palmar de Bravo, el alcalde de este municipio, Pablo Morales Ugalde, enfrentará un proceso penal por tráfico de influencias, atentado y amenazas, por la pelea legal de la custodia de su hijo.
En conferencia de prensa, su ex pareja, Karina Fernández Patricio, dio a conocer que desde hace 4 años procedió en contra del edil de Palmar de Bravo por un juicio de paternidad de su hijo de 9 años.
Dicho proceso, señaló, se mantiene abierto ante el Juzgado de Primera Instancia de Tecamachalco, en donde se inició una persecución en su contra como someterlo a pruebas de ADN cuando el juicio era de paternidad que en su momento manipuló el acusado.
La ex pareja destacó que a raíz de esto desde la Secretaría de Acuerdos se comenzó a obstaculizar el proceso con la manipulación de escritos para que fueran rechazados a pesar de que la sentencia que se obtuvo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la favorecía para solicitar la pensión alimenticia.
Relató que desde 2013 peleó una pensión alimentaria de 5 mil pesos, a lo cual el alcalde de Palmar de Bravo se comprometió sin cumplir hasta le fecha, por lo que levantó denuncia en 2015 por el delito de abandono e incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La afectada destacó que comenzó a recibir amenazas e incluso un atentado, el cual fue orquestado en octubre de 2016 en donde uno de los vehículos fue dañado a propósito además de recibir constantes amenazas.
Fernández Patricio aseveró que el pasado 22 de febrero, la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el amparo en donde se ordena condenar al edil Pablo Morales a pagar alimentos retroactivos por los 9 años de su hijo.
Sin embargo, señaló que al radicar la sentencia al Juzgado Civil de Tecamachalco se otorga al acusado una sentencia favorable donde se le otorga un amparo para proceder a entregar la patria potestad al edil.
Por ello, pidió la intervención del gobierno del estado y autoridades locales para frenar el tráfico de influencias que ha obtenido ilegalmente el acusado e impedir que el menor quede en manos del denunciado.
Parte del argumento es que la afectada tiene temor por la seguridad de su hijo debido a que de concretarse la patria potestad, tendría que vivir en Palmar de Bravo, uno de los municipios más inseguros de la entidad por la presencia de huachicoleros.
Al final, sentenció que ratificará sus denuncias en contra de Pablo Morales por tráfico de influencias, amenazas y atentado.