En próximas semanas, darán inicio varios procedimientos legales en contra de ex presidentes municipales que deshonraron el servicio público al haber incurrido en varios ilícitos de carácter penal y otros de orden administrativo.

Ellas y ellos desaprovecharon la convocatoria que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE), a quienes ejercieron funciones como autoridad entre el 2019 y el 2022.

Se trató de darles una última oportunidad para que comprobaran el manejo de los recursos a su cargo y evitar que sean inhabilitados y acusen persecución política.

No importa de qué partido sean. Ninguno se salvará de las sanciones ejemplares que se anunciarán porque ahora los y las ediles compiten por encabezar la lista de quienes desvían recursos e incurren en el delito de enriquecimiento ilícito.

Esos ex ediles desdeñaron la invitación que se hizo pública para que entregaran documentación contable y fiscal, pero lo que menos les importa es su honor y que se descubra su inmensa ambición.

El apellido Rivera estará en las carpetas de investigación, Domínguez, también Tlatehui, Alvarado Juárez, Hernández Juárez y Márquez Lecona entre muchos, muchos, muchos más.

Con un alto sentido de responsabilidad habrá carpetas de investigación en contra de varios Varguitas que se creyeron protagonistas de su propia Ley de Herodes, aquella apología de cine que exhibe el vergonzoso comportamiento de los ediles que se corrompieron y dejaron en ruinas los municipios que gobernaron.

Ha llegado la hora de dar justicia a los poblanos de la mano de las instituciones y recordar lo que Montesquieu en El Espíritu de las Leyes estableció: El amor por la gente y el pueblo en una democracia, es similar a la igualdad y limita la ambición.