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La presidenta Claudia Sheinbaum señala que le corresponde a la FGR analizar las pruebas contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy sobre el caso del exsecretario de Seguridad Publica de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien el lunes tuvo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos de América (EUA), por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

En contexto: Gerardo Mérida, junto con Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios mexicanos, está acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La justicia de Estados Unidos acusa a las 10 personas de presuntamente haberse alineado a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de recibir millones de dólares.

Mérida se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue detenido el 11 de mayo de 2026, en Arizona. Posteriormente, se declaró no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, delitos por lo que podría enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua.

El lunes, 1 de junio de 2026, Gerardo Mérida tuvo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se fijó para el 4 de agosto de 2026 la siguiente comparecencia.


FGR deberá analizar pruebas contra Gerardo Mérida

En la conferencia mañanera de hoy, 2 de junio de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que “le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar si hay pruebas" contra Gerardo Mérida.

En la audiencia del lunes, la jueza Katherine Polk señaló que hay “abundante” evidencia por el caso de Gerardo Mérida y también "muchos acusados" que están "llegando en olas", por lo que la mandataria dijo que la FGR debe analizar las pruebas.

Esta fue la primera vez que se le vio al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa con uniforme color beige y encadenado de los pies y las manos.

La jueza estableció un calendario de mociones para el caso, que se rige por la Ley de Juicio Rápido, y dio un plazo de 60 días para que la evidencia sea procesada, además de indicar al acusado que puede revisar las pruebas para "evaluar sus opciones".

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aristeguinoticias

El vicefiscal Dámaso Castro evitó profundizar en detalles específicos sobre el desarrollo de la diligencia o la condición jurídica en la que comparecía.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el vicefiscal general con licencia de dicha entidad, Dámaso Castro Saavedra, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones derivadas de la acusación formal por narcotráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

A través de redes sociales, Rocha Moya confirmó su asistencia ante la sede de la FGR en Culiacán.

“Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió en su cuenta oficial de X.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, añadió. “Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”.

Por otra parte, el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, acudió a las oficinas de la FGR alrededor del mediodía de hoy.

Allí fue abordado por medios de comunicación, pero evitó profundizar en detalles específicos sobre el desarrollo de la diligencia o la condición jurídica en la que comparecía.

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nmas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la acusación en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por posible asociación con el Cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció hoy 30 de abril de 2026 sobre la acusación de una Fiscalía en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un documento difundido por autoridades de Estados Unidos, se menciona que Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa estarían involucrados con el narcotráfico.
La autoridad de Estados Unidos señala que Rubén Rocha Moya tendría algún tipo de asociación con el Cártel de Sinaloa, lo cual favoreció al grupo delictivo para ingresar droga a territorio norteamericano.

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto sobre los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya por parte de EUA.

Además de Rocha Moya, aparecen Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza Cázarez, senador, y Dámaso Castro Saavedra, exfiscal de Sinaloa, entre otros funcionarios.
La acusación de reemplazo, certificada el 23 de abril de 2026, no involucra a un funcionario aislado: describe una red que, según los fiscales federales estadounidenses, abarcó desde el despacho del gobernador hasta las patrullas de la Policía Municipal de Culiacán. Los diez acusados son funcionarios en activo o exfuncionarios de Sinaloa.

La pena máxima, en caso de ser detenidos y enviados a Estados Unidos, podría ser de hasta cadena perpetua.

Rubén Rocha Moya confirmó ayer a N+ que luego de revelarse la acusación en su contra habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.


¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre acusación contra Rocha Moya?

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la acusación a Rocha Moya por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa.

"Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", dijo la presidenta.

Además, enfatizó en que "nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".

La mandataria federal leyó un comunicado de prensa en el cual resaltó la defensa de la soberanía de México. "Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de Mexico".

En el mismo sentido, en el texto que leyó resaltó que "México establece relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación, menos de entreguismo", y finalizó con la frase "verdad, justicia y defensa de la soberanía".


Los perfiles centrales del expediente:

Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, 76 años

Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años

Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, 54 años

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años


Todos enfrentan cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y posibilidad de cadena perpetua.


De la campaña electoral al acuerdo con los Chapitos

La acusación traza el origen del vínculo entre Rocha Moya y la cúpula del cartel antes de las elecciones de junio de 2021. Según el expediente, el entonces candidato se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes prometieron asegurar su triunfo a cambio de que, una vez en el cargo, colocara en posiciones de autoridad a funcionarios favorables a sus operaciones de tráfico de drogas.

El expediente detalla que, para garantizar ese resultado, sicarios del cártel robaron boletas y urnas, secuestraron candidatos opositores e intimidaron a votantes. Enrique Díaz Vega, entonces colaborador cercano de Rocha Moya, habría entregado a los líderes de los Chapitos una lista con nombres y domicilios de los contrincantes del candidato.


Una nómina mensual de corrupción

Parte de la evidencia que cita la acusación son fotografías de listas manuscritas con los sobornos que la facción de los Chapitos distribuía mensualmente entre funcionarios. Según el expediente, el fiscal adjunto Castro Zaavedra recibía el equivalente a unos 11,000 dólares al mes; el jefe de la Policía de Investigación, alrededor de 16,000 dólares; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", aproximadamente 41,000 dólares para repartir entre él y decenas de agentes bajo su mando.

Valenzuela Millán es además el único de los diez acusados que enfrenta cargos de secuestro con resultado de muerte, por los que la legislación estadounidense contempla cadena perpetua obligatoria.

El expediente lo señala de haber participado, en octubre de 2023, en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona, en represalia por su colaboración con las autoridades estadounidenses en la investigación del caso.

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unotv

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante, un comunicado, que integra dos investigaciones por los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas estadounidenses, pertenecientes a la CIA, quienes fallecieron junto con otras dos personas, “luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre”.

De acuerdo con la autoridad federal, las indagatorias se originaron luego de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua notificó sobre el caso, el cual ya investigaba desde meses atrás. La FGR indicó que no tenía conocimiento previo de esa carpeta local, pero ya analiza la información para integrarla a sus propias investigaciones.

FGR integra dos investigaciones

La primera investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) tras recibir información sobre la instalación clandestina destinada a la elaboración de narcóticos sintéticos. La segunda carpeta se abrió por “noticia criminal”, luego de una conferencia del fiscal estatal el pasado 19 de abril y datos compartidos en la Mesa de Seguridad estatal.

Posibles delitos de seguridad nacional, bajo análisis

La FGR señaló que, por la presencia de personas extranjeras y la relevancia del caso, la investigación fue turnada a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos. Esto, debido a la posibilidad de que se hayan cometido delitos relacionados con la seguridad nacional.

Además, la dependencia informó que apenas recibió copia de la carpeta estatal, tras solicitarla en varias ocasiones, por lo que actualmente se revisan las actuaciones realizadas por autoridades locales.

La institución federal indicó que se investigan posibles delitos de su competencia para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Añadió que los avances se darán a conocer de forma transparente, respetando el debido proceso.

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nmas

La Fiscalía General de la República solicitó ayuda internacional por el caso de Erika María, quien le quitó la vida a Carolina Flores, exreina de belleza.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ficha roja de la Interpol para Erika María Guadalupe por el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza.

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El aseguramiento representaría una afectación económica cercana a los 309 millones de pesos para las organizaciones criminales

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Aurelia Navarro Niño

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inicio el proceso para la entrega de los restos de Rubén N., identificado como Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares, luego de que sus representantes legales presentaran la solicitud formal correspondiente.

De acuerdo con un comunicado oficial, los abogados de la familia del occiso promovieron ante la autoridad ministerial la petición para recuperar los restos mortales, en apego a los derechos que la ley contempla para los familiares directos.


En el documento difundido por la institución se señala:

“Con relación al estado que guarda el cuerpo de Rubén N., representantes jurídicos de familiares del occiso solicitan la entrega de sus restos mortales”, por lo que se iniciaron los procedimientos administrativos y legales necesarios para atender dicha petición.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado durante años uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones internacionales de narcotráfico.

El fallecimiento de Oseguera Cervantes ocurrió el pasado 22 de febrero de 2026, tras un operativo realizado por las Fuerzas Armadas federales. El despliegue se llevó a cabo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones permanentes contra el crimen organizado.

La Fiscalía detalló que el procedimiento de entrega se encuentra sujeto a la integración de la carpeta de investigación correspondiente, así como a la realización de dictámenes periciales y la verificación plena de identidad mediante protocolos científicos.

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La audiencia de Javier Duarte prevista para hoy, fue diferida para el próximo jueves

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Gabriela García Guzmán

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la detención en Puebla de Eduardo Gómez, exfuncionario federal identificado como colaborador cercano del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El arresto se realizó por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada, relacionados con el manejo de recursos de origen ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las indagatorias apuntan a que entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el ahora imputado habría intervenido de manera irregular en la firma de contratos de servicios destinados a diversos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Dichos contratos se habrían celebrado cuando estas instalaciones estaban bajo la supervisión de Genaro García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia y acciones conjuntas entre la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, lo que permitió ubicar y asegurar al exservidor público para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

Este aseguramiento se suma a una serie de detenciones recientes relacionadas con una red de presunta corrupción vinculada al mismo exfuncionario federal.

En días anteriores, la FGR informó sobre la aprehensión de Jesús N. y María N., quienes también habrían formado parte de este entramado.

En el caso de Jesús N., el Ministerio Público Federal de la FEMDO le imputó los delitos de delincuencia organizada y peculado. Un juez federal lo vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa, medida que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones señalan que Jesús N. presuntamente participó, entre 2013 y 2015, en la simulación de contratos para la adquisición de servicios, con la finalidad de desviar recursos de dependencias de la administración pública federal. Su detención se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, mediante un operativo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de diversas instituciones de seguridad federales.

Por otro lado, María N. fue capturada en un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad y posteriormente vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como medida cautelar, un juez le dictó prisión preventiva en el Cefereso Número 16, en el estado de Morelos.

Las autoridades ministeriales indicaron que María N. presuntamente pertenecía al círculo cercano de Genaro García Luna y habría recibido facultades para participar en actividades relacionadas con la presunta estructura delictiva que se investiga.

Finalmente, la FGR reiteró que, conforme al principio de presunción de inocencia, todas las personas mencionadas serán consideradas inocentes hasta que exista una resolución judicial definitiva en su contra.

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Contraparte/Staff

a Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia superior a 10 años de prisión en contra de Luis Daniel N., declarado penalmente responsable de los delitos de robo de vehículo agravado y privación ilegal de la libertad.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2018, cuando dos repartidores de bebidas energéticas fueron interceptados en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla, presuntamente por el hoy sentenciado y otros sujetos armados. De manera violenta, las víctimas fueron privadas de su libertad, despojadas de la unidad, de sus pertenencias y del dinero correspondiente a las ventas del día, y posteriormente trasladadas a una vecindad ubicada en la colonia Ignacio Mariscal.

Gracias a la oportuna intervención de vecinos del lugar y de elementos de la Policía Municipal, las víctimas fueron liberadas y los probables responsables detenidos.

Tras el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, la autoridad judicial determinó imponer una sentencia condenatoria de 10 años, un mes y 15 días de prisión, además de las sanciones económicas que marca la ley.

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