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Gabriela García Guzmán

La Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, negó categóricamente cualquier acto de violencia, presión o amenaza contra la hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como “El Toñín”, la presidenta municipal de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, luego de que éste difundiera un video en redes sociales acusando al titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala de presunta agresión.

La Segob estatal destacó que mantiene una relación institucional y de diálogo permanente con las autoridades de los 217 municipios, actuando bajo los principios de humanismo, respeto y cercanía, pilares de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La dependencia informó que la mañana de este martes se registró una manifestación en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 190, en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente a Quecholac, donde se bloquearon ambos carriles.

Con el fin de conocer las razones de la movilización, la Segob solicitó información directamente a la presidenta reiterando que su labor es garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social.

La Secretaría puntualizó que desconoce si existe alguna injerencia de personas ajenas a la autoridad municipal en las decisiones locales.

Por esta razón, el gobierno del Estado subrayó que trabaja de manera coordinada con todas las administraciones municipales, sin importar su filiación política, y que el trato hacia los alcaldes y alcaldesas —incluyendo Quecholac— se caracteriza por el diálogo y el respeto.

Por ello, la dependencia desmintió rotundamente cualquier tipo de amenaza o acto de violencia relacionado con los recientes señalamientos.

Mensaje de “El Toñín” en redes sociales

Las declaraciones surgieron luego de que Antonio Valente Martínez Fuentes publicara un video en su cuenta de Facebook, en el que afirmó que su hija habría sido víctima de violencia de género y expresó su indignación:

“Perdónenme por lo que hablo y por lo que estamos pasando mi hija y yo en estos tristes momentos. Estamos en contra de la violencia de género… Me siento mal por ver a mi hija sentirse mal”, expresó en su grabación.

Gobierno estatal reitera diálogo y apoyo

La Secretaría de Gobernación reiteró su solidaridad con los habitantes de Quecholac y aseguró que mantiene canales permanentes de diálogo para atender cualquier demanda, privilegiar la paz social y evitar la desinformación.

Contraparte/Staff

Puebla, Pue.- El Gobierno del Estado se mantiene respetuoso ante las diferentes formas de manifestación de las y los ciudadanos, sin embargo, reprueba los hechos de violencia y vandalismo como los que se generaron durante la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta, en todo momento se ha priorizado el diálogo y se han escuchado las voces de las integrantes de los diferentes colectivos de madres buscadoras, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares.

De igual forma, la Secretaría lamenta los actos de vandalismo en inmuebles del patrimonio histórico de Puebla y que desviaron el objetivo de la marcha de este día.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación reitera su compromiso de trabajar con todos los sectores sociales y de mantener un diálogo y puertas abiertas en las diferentes instancias de la administración, para atender sus principales demandas, sin ponderar actos que transgredan incluso la seguridad de las personas.

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Gabriela García Guzmán

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, descartó que los hermanos y exalcaldes Uruviel y Giovanni González Vieyra, hayan recuperado su libertad, pese a que obtuvieron un amparo a su favor.

En entrevista, el funcionario explicó que este recurso legal no implica su liberación inmediata, ya que ambos enfrentan otros procesos penales.“No se ha dado otra situación porque, al parecer, tienen más temas ahí pendientes”.

Cabe mencionar que los exediles fueron detenidos en marzo de 2025 junto con su padre, Ramiro González, y permanecen bajo proceso por diversos delitos.

Esto ocurrió tras operativos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, que incluyeron cateos a sus propiedades donde se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, drogas y animales exóticos.

Las acusaciones en su contra son: Giovanni González, exalcalde de Tlachichuca, fue acusado de encubrimiento de mercancía robada; Uruviel González, exedil de Chalchicomula de Sesma, enfrenta cargos por robo a transportistas, posesión de armas exclusivas y tenencia ilegal de fauna silvestre.

Sin embargo, el funcionario dijo que permanecen recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones.

Para finalizar, Samuel Aguilar reiteró que, aunque los González Vieyra promovieron un amparo como parte de su defensa, a lo que dijo que “eso no significa que estén libres ni que sus procesos hayan concluido”.

Contraparte/Staff

Luego de una serie de reuniones con familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, con respeto a la autonomía de esa institución y al debido proceso, que analice el cambio de medida cautelar del imputado, en razón de que no se advierte que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia.

El Secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, explicó que este mecanismo opera a nivel federal, pero también se vincula con entidades federativas como Puebla para reforzar la protección a personas que en virtud de su trabajo, están relacionadas con la defensa de los derechos de otras personas.

Por tanto, en sus facultades de conciliar intereses entre las partes involucradas en un conflicto de carácter político y social, el Secretario de Gobernación Samuel Pala, solicitará a la Fiscalía General del Estado, apegarse a este mecanismo que, entre otros propósitos, tiene el de generar recomendaciones para garantizar la seguridad e integridad física de las personas en riesgo; fomentar la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades para fortalecer la defensa de los derechos humanos.

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