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Armenta abre la puerta a mayor vigilancia federal en San Miguel y anuncia traslado de internos
Gabriela García Guzmán
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su disposición a fortalecer la participación de las autoridades federales en la supervisión del penal de San Miguel, ante las denuncias de presuntas extorsiones, cobros indebidos y otras irregularidades señaladas por familiares de personas privadas de la libertad.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara su disposición para colaborar en la revisión de los centros penitenciarios, el mandatario poblano reconoció la importancia de mantener la coordinación con las instituciones federales para atender la problemática.
Armenta Mier adelantó que durante los próximos días podrían ser trasladados algunos internos presuntamente involucrados en actos de extorsión e intimidación dentro del reclusorio, aunque no precisó cuántas personas serían reubicadas ni los centros penitenciarios a los que serían enviadas.
Explicó que la Secretaría de Gobernación estatal, a cargo de Samuel Aguilar Pala, mantiene comunicación con las autoridades de seguridad y los responsables del penal para revisar las inconformidades presentadas por familiares de los reclusos.
El titular del Ejecutivo aseguró que ya se encuentra instalada una mesa de trabajo para analizar las denuncias y determinar las acciones correspondientes, incluidas posibles investigaciones contra servidores públicos.
En ese sentido, afirmó que su administración mantiene una política de diálogo y apertura, pero advirtió que cualquier señalamiento deberá investigarse conforme a la ley.
Respecto a la intervención federal, destacó que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina realizan visitas y recorridos periódicos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
El gobernador reconoció que el penal de San Miguel ha registrado diversos cambios durante su administración y sostuvo que continuará la revisión de su funcionamiento para atender las inconformidades.
Las declaraciones ocurren después de que familiares de personas privadas de la libertad denunciaran presuntos cobros ilegales y exigieran modificaciones en la dirección del centro penitenciario.
Por ahora, las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones, mientras se define el traslado de los internos señalados y las medidas que podrían adoptarse para reforzar la supervisión del reclusorio.
Operativo contra transporte irregular en San Miguel termina con agresión a personal de Movilidad
Gabriela García Guzmán
Un operativo realizado para retirar de circulación una unidad de transporte público que presuntamente operaba sin concesión derivó en un enfrentamiento entre particulares y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) en la zona de San Miguel, hecho que dejó a dos trabajadores lesionados.
De acuerdo con información de la dependencia estatal, el incidente ocurrió mientras inspectores realizaban labores de supervisión para detectar unidades que prestan servicio de manera irregular. Durante la intervención para asegurar el vehículo señalado, un grupo de personas reaccionó de forma violenta contra el personal.
El subsecretario de Movilidad y Transporte, Juan Manuel Vega Rayet, informó que dos trabajadores resultaron heridos durante la agresión. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, donde permanece bajo observación para evaluar la gravedad de sus lesiones.
Además de los daños físicos al personal, también se reportaron afectaciones a un vehículo oficial utilizado durante el operativo.
Tras los hechos, se solicitó la intervención de las autoridades de seguridad, lo que permitió la detención de siete personas presuntamente involucradas en la agresión. La Secretaría de Movilidad y Transporte presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones y determinen las responsabilidades legales.
La dependencia estatal reiteró que mantiene operativos permanentes en distintos puntos del estado con el objetivo de detectar y retirar unidades que operan sin autorización, ya que este tipo de transporte irregular representa riesgos para los usuarios y afecta a los concesionarios que prestan el servicio conforme a la ley.
Finalmente, la SMT señaló que continuará realizando acciones de supervisión para garantizar que el transporte público en la entidad funcione bajo condiciones de legalidad, seguridad y orden.
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