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Gabriela García Guzmán

El Gobierno del Estado mantiene el seguimiento a las indagatorias derivadas de los hechos registrados el 14 de febrero en el bar Dala de Despecho, al tiempo que avanza en una revisión integral del funcionamiento de los centros penitenciarios municipales, informó el vicealmirante Francisco Sánchez.

El responsable de la seguridad estatal explicó que uno de los casos en análisis es el del penal de San Pedro Cholula, luego de que se registrara la evasión de una persona privada de la libertad.

Detalló que ya sostuvo un encuentro con la autoridad municipal para valorar si el ayuntamiento cuenta con las condiciones técnicas y operativas necesarias para mantener la administración del centro o si será pertinente que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla asuma su control.

Señaló que la revisión tiene como propósito reforzar los mecanismos de seguridad, gobernabilidad y control al interior de los penales, con el fin de prevenir incidentes que puedan comprometer la estabilidad institucional o generar riesgos a la ciudadanía.

Asimismo, adelantó que esta semana se realizará una mesa de trabajo con representantes de los 11 centros penitenciarios municipales del estado, donde se evaluará de manera individual la situación de cada uno y se definirá si los gobiernos locales continúan al frente de su operación o si será necesario un relevo en la administración.

Finalmente, el vicealmirante destacó que el fortalecimiento del sistema penitenciario es una prioridad para el gobierno estatal y subrayó la importancia de una coordinación estrecha entre autoridades municipales y estatales, con el objetivo de garantizar seguridad, orden y legalidad en todos los centros de reclusión de Puebla.

Gabriela García Guzmán

El Gobierno del Estado de Puebla invertirá 13 millones de pesos en la compra e instalación de inhibidores de señal telefónica en centros penitenciarios estatales y municipales, como parte de una estrategia para evitar que desde estos espacios se realicen llamadas de extorsión, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

Los dispositivos serán colocados en los penales estatales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, así como en 11 centros de reclusión municipales, para lo cual se trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos.

La ejecución del proyecto iniciará este año y estará sujeta a evaluaciones técnicas para garantizar su correcto funcionamiento y cobertura.

El funcionario explicó que, aunque Puebla no presenta niveles elevados de extorsión telefónica originada en cárceles como ocurre en otras entidades, la intención es eliminar cualquier posibilidad de que estas llamadas se generen desde el interior de los penales y afecten a la población.

Indicó que el programa estatal contra la extorsión ha logrado una efectividad cercana al 80 por ciento, principalmente al evitar que las víctimas realicen depósitos de dinero.

En estas acciones participa de forma activa la Fiscalía General del Estado, especialmente en la atención de casos de secuestro virtual, mediante labores de prevención, rastreo y localización de personas.

Sánchez González destacó que existe una coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales para la atención inmediata de reportes, el seguimiento de llamadas y el acompañamiento a las familias afectadas, con el fin de interrumpir la comunicación utilizada para cometer el delito.

La instalación de los inhibidores se complementará con revisiones de infraestructura y análisis de compatibilidad tecnológica en cada penal, además de acuerdos de colaboración con los municipios responsables de los centros de reclusión locales.

Finalmente, el secretario subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral de seguridad enfocada en disminuir la incidencia de extorsión y fortalecer las medidas de prevención, con el objetivo de impedir cualquier comunicación ilícita desde los centros penitenciarios hacia la ciudadanía.