En sesión virtual de la Comisión de Transporte y Movilidad, compareció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, como parte del análisis de la glosa del segundo informe de labores del gobernador Miguel Barbosa.
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, recibió cuestionamientos sobre diagnóstico, actividades y avances de los programas de modernización y ordenamiento en el transporte, el combate a la corrupción y transporte pirata, así como el cumplimiento del Pacto Comunitario.
Por lo que el secretario Guillermo Aréchiga, puntualizó que durante esta administración, se han señalizado 2 mil 271 asientos preferentes, esto con el objetivo de dar prioridad a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajen con menores de cinco años.
Así mismo indicó que como medida contra el aumento del Covid-19, con el solidario apoyo de las empresas ORO, Estrella Roja, ADO, AUDI, GNP Seguros y el Consejo Taxista, fueron realizados 435 mil 770 traslados al 15 de enero del 2021. En el Sistema RUTA se establecieron vagones exclusivos y gratuidad para el personal de la salud, realizándose 525 mil 384 viajes.
Así como la realización de mil 940 operativos de sana distancia, supervisando 28 mil 262 unidades y haciendo entrega de 30 mil 952 cubrebocas, gel antibacterial y sanitizante.
Luego de su exposición de motivos, los diputados, cuestionaron al secretario de Movilidad y Transporte, sobre las acciones de combate contra los taxis piratas, la generación de rutas recreativas y el programa Hoy no circula en Puebla, entre otros.
A lo que el secretario respondió de manera puntual, señalando que hasta el momento, la dependencia ha dado parte a las autoridades competentes por la reasignación irregular de 2 mil 449 concesiones y permisos, entregados en administraciones anteriores.
En materia de combate al pirataje, señaló que se han realizado un total de 460 operativos en donde fueron detenidos mil 405 vehículos, poniendo a disposición de las autoridades a 18 personas, gracias a la reforma al artículo 190 Bis que castiga con privación de la libertad esta práctica.
