Mostrando artículos por etiqueta: el chapo
Nicolás Maduro, 'El Chapo', García Luna y una avioneta cargada con cocaína
Milenio.com
En abril de 2006, el inesperado aterrizaje en Ciudad del Carmen, Campeche, de un avión cargado de cocaína cruzó los caminos de tres personas muy distintas: el entonces legislador venezolano y futuro presidente Nicolás Maduro, el ex jefe de la Policía Federal Preventiva y próximo secretario de Estado, Genaro García Luna, y el capo de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán. Un avión, tres nombres y una ruta criminal. MILENIO te cuenta cómo pasó.
La historia narrada en el expediente mexicano PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006 y en la acusación 1:25-cv-20040 contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York arranca el 9 de abril de hace 20 años: un avión bimotor tipo DC-9 despega del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la terminal aérea que sirve a Caracas, Venezuela.
En lugar de pasajeros, el copiloto venezolano Miguel Vicente Vázquez Guerra identifica que el avión lleva pilas de maletas azules y negras.
Parece un vuelo de carga como muchos otros, así que no pregunta por el contenido al piloto. Horas después, ya detenido, se arrepiente de no haber cuestionado el motivo del viaje: las maletas llevan, en total, 5.5 toneladas de cocaína que deberán ser entregadas al Cártel de Sinaloa.
El plan fallido de la Policía Federal
Mientras el avión está en el aire, al menos cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), ascendidos en los tiempos en que Genaro García Luna fungió como coordinador general, ponen en marcha el plan para el aterrizaje en México: necesitan un aeropuerto donde tengan sobornados a inspectores de la Policía Fiscal para que no hagan revisiones al contenido del avión proveniente de Venezuela.
El plan original es usar el Aeropuerto Internacional de Toluca, pero el ofrecimiento económico a los inspectores no fue aceptado de último momento, así que echan a andar un plan de contingencia: que el avión haga escala en otro aeropuerto mexicano para que el vuelo sea registrado como nacional y que la Policía Fiscal –encargada de inspeccionar vuelos internacionales– no les estorbe hasta el destino final y lugar de entrega de la droga, que es el Estado de México.
El cambio inesperado hace que los agentes de la PFP tomen una decisión apresurada y elijan para el aterrizaje el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán.
Así se lo comunican al piloto, quien anuncia a las autoridades aeroportuarias su cambio de destino. Apenas lo hace, recibe una nueva instrucción: es mejor llegar a una “plaza” controlada por el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Así que ahora debe pilotear hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche.
Son dos cambios de destino en minutos, que la tripulación no puede justificar por una falsa falla mecánica. El avión está en perfectas condiciones. Por ello los cambios en el plan de vuelo prenden las alertas en las oficinas en México de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) que lanza una advertencia a sus homólogos mexicanos.
Cuando el avión llega a la pista de aterrizaje, ya está rodeado por agentes del Ministerio Público Federal.
Ayudados por militares y binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, los agentes sacan del avión 128 maletas repletas de polvo blanco comprimido.
Al mismo tiempo, esposan al copiloto venezolano Vázquez Guerra y a los pilotos mexicanos Fernando Poot Pérez y Marcos Pérez de Gracia, adscritos oficialmente a la Comisión Nacional del Agua, a pesar de contar con antecedentes penales por narcotráfico.
La indecisión de los agentes corruptos de la PFP le cuesta al Cártel de Sinaloa un cargamento con un valor cercano a los 700 millones de dólares.
A pesar del golpe financiero, tres involucrados en esa operación crecerán en los meses siguientes en el mismo 2006: Nicolás Maduro se convertirá en el canciller de Venezuela y, a la postre, en presidente al suceder a Hugo Chávez; Genaro García Luna llegará a ser el “arquitecto de la guerra contra el narco” y mano derecha presidencial antes de caer preso en Estados Unidos por favorecer al Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán Loera se consolidará como el narcotraficante más famoso y poderoso del mundo.
Maduro y el eje Venezuela-México-EU
La acusación formal al mandatario Nicolás Maduro, elaborada desde el 2020 en Nueva York, apunta a que el avión DC-9 cargado con cocaína realizaba operaciones regulares de tráfico de drogas desde el aeropuerto de Caracas, Venezuela, y era protegido por el Cártel de los Soles, una supuesta organización dedicada al tráfico de drogas que desde el 24 de noviembre de 2025 es designada por el gobierno del presidente Donald Trump como terrorista.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Cártel de los Soles “tiene sede en Venezuela y es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela”.
El nombre del presunto grupo criminal proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos del ejército bolivariano, uno de los pilares más importantes para el chavismo, la corriente política con la que se identifica Nicolás Maduro.
Esos militares de crucial rango serían aliados de grandes capos latinoamericanos, como El Chapo Guzmán, quien se aseguraba de recibir los envíos de droga que le llegaban desde Sudamérica y colocar su contenido en calles de Estados Unidos, “envenenando” a la población al causar desde serias enfermedades hasta, por supuesto, muertes por sobredosis.
A cambio, los militares venezolanos, dice la acusación, recibían millones de dólares que terminaron en sus cuentas bancarias, en paraísos fiscales y en el financiamiento del régimen socialista.
Un negocio sucio cuyo corazón sería la ruta narcótica Venezuela-México-Estados Unidos, en la que también participaban cárteles colombianos como suministradores de cocaína.
La acusación incluye a otro cártel mexicano, Los Zetas, porque de acuerdo con los fiscales estadunidenses aunque el avión DC-9 fue incautado, la ruta narcótica siguió operando por varios años con más aeronaves saliendo desde Caracas hasta Campeche, una entidad que fue arrebatada por la guardia paramilitar del Cártel del Golfo.
Entre 2008 y 2011, Los Zetas comenzaron un proceso de independencia respecto de sus creadores y buscaron nuevos bastiones fuera de Tamaulipas. De tal manera que viajaron al sur de la mano de sus fundadores, Heriberto Lazcano, El Z3 y Mauricio Guízar Cárdenas, El Amarillo, quienes lideraron las incursiones en Veracruz, Tabasco y Campeche, atraídos principalmente por la bonanza petrolera en esas entidades.
Buscando petróleo y gasolina, Los Zetas encontraron otro negocio: el tráfico de drogas a escala continental gracias a la posibilidad de instalar pistas aéreas clandestinas en lugares poco vigilados como la selva de Campeche, donde los bajos salarios de policías y servidores públicos en general generaron condiciones ideales para la corrupción.
En poco tiempo, Los Zetas ya recibían aviones y avionetas en Campeche provenientes de Venezuela, que salían repletos de drogas desde aeropuertos como el de Caracas, sin que las autoridades hicieran los mínimos controles de seguridad.
Juicio de Maduro por narcoterrorismo
Ahora, con la declaración de no culpabilidad de Nicolás Maduro este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos asociados al narcoterrorismo transnacional, el gobierno de Estados Unidos intentará comprobar ante un jurado que esa ruta narcótica contaba con la bendición del gobierno venezolano.
Específicamente, que Nicolás Maduro, antes de ser presidente, es un narcotraficante que durante dos décadas se desempeñó como jefe estratégico de una empresa criminal con sede en su país, y que su esposa Cilia Adela Flores es una participante activa con responsabilidad penal autónoma.
Tratarán de documentar, entre otros hechos, que aviones como el DC-9 de abril de 2006 salían de Venezuela debido a que el país sudamericano se volvió un centro de protección criminal, donde la droga durante años ha sido consolidada y despachada utilizando recursos oficiales, que incluyen aeropuertos, militares, escoltas y pasaportes diplomáticos con la firma y aprobación de Nicolás Maduro.
El Menchito”, hijo de El Mencho, trasladado a prisión de máxima seguridad en EE. UU. junto a El Chapo
Publimetro México
Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, donde también se encuentra recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
La medida se da en el marco de su sentencia de cadena perpetua por narcotráfico y posesión de armas, dictada en marzo de 2025, tras ser hallado culpable en 2024 de conspirar para importar y distribuir cocaína y metanfetamina hacia EE.UU.
Oseguera González, de 35 años, está bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), que lo mantiene aislado de la población general y limita estrictamente su comunicación con el exterior. “Está en completo aislamiento, sin contacto con otros internos y con visitas muy limitadas. Su comunicación con el exterior es extremadamente restringida, con un número limitado de minutos para llamadas al mes”, explicó su abogado, Jan Ronis, según Milenio.
Ronis calificó las condiciones como “una tortura innecesaria” y aseguró que la decisión de ubicarlo en ADX Florence no responde a su comportamiento, sino a una imposición de castigo adicional.
“El Departamento de Justicia ha decidido ubicarlo en la ADX Florence para someterlo a un trato extremadamente duro, una forma de castigo que no fue dictado por la corte en el momento de su sentencia”, señaló el abogado.
Líder del CJNG
A pesar de su juventud, Oseguera González llegó a ser segundo al mando del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y Estados Unidos. Durante su carrera, coordinó el envío de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense, y se le vincula con actos de violencia y amenazas a autoridades mexicanas.
En septiembre de 2024, un jurado en Washington D.C. lo encontró culpable de conspiración para traficar drogas y utilizar armas de fuego en actividades ilícitas, luego de una extensa investigación que documentó su rol dentro del CJNG. En febrero pasado, el gobierno estadounidense incluyó al CJNG en su lista de organizaciones terroristas debido a sus actos de violencia y expansión internacional.
Prisión de máxima seguridad
La ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, alberga a algunos de los criminales más peligrosos del mundo, incluidos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de proteger a cárteles de la droga. La prisión se distingue por sus estrictas medidas de seguridad y su régimen de aislamiento extremo.
Parientes de El Chapo dan golpe a Chávez Jr.; aportan información a EU
Excelsior
El matrimonio que conforman Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, y Kenia Muñoz Róman, quienes son parientes y eran operadores financieros de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos, aportaron a las agencias de seguridad nacional y antidrogas estadunidense testimonios y evidencias de un esquema de lavado de dinero que involucraría a Julio César Chávez Carrasco, con la facción de La Chapiza, revela un documento en la carpeta de investigación de la FGR.
En la audiencia de vinculación a proceso, el propio abogado defensor de Chávez junior reveló que en la imputación del Ministerio Público federal presentó 21 pruebas, de las cuales, nueve hacen alusión al nombre del boxeador, destacando dos investigaciones de agencias estadunidenses que la Embajada de ese país en México entregó a la FGR: una de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otra de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Víctor Manuel Félix Beltrán es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, El 69, compadre de Joaquín Guzmán y encargado de la ruta de cocaína de Ecuador, Perú y Colombia a México, mientras que su esposa Kenia Muñoz Román, emparentada con la esposa de Chávez Jr., Frida, quien estuvo casada con Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.
Durante la segunda audiencia, donde el juez de Control vinculó a proceso penal a Julio César Chávez junior por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas en supuesta complicidad con La Chapiza del Cártel de Sinaloa, el agente del Ministerio Público especializado en delincuencia organizada, terrorismo, acopio y tráfico de armas, presentó como evidencias contra el boxeador dos documentos que refieren a las investigaciones de agencias estadunidenses.
La otra investigación se trata de un oficio que también fue entregado por la Embajada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde la agencia antidrogas estadunidense DEA, confirma que también está investigando al boxeador.
Antes de dar el fallo de vinculación a proceso, el juez de Control Enrique Hernandez Miranda dijo que las investigaciones que realizan las agencias de Estados Unidos confirman y coinciden con las sospechas sobre las que ha estado trabajando e indagando los agentes de la FGR.
El 4 de julio pasado, Excélsior publicó que la justicia mexicana tenía a Julio César Chávez Jr. en la mira desde marzo de 2023.
Contra el boxeador había una orden de aprehensión por crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, había revelado la FGR.
García Luna es trasladado al mismo penal de máxima seguridad que ‘El Chapo’
aristeguinoticias.com
Florence ADX es una cárcel diseñada para albergar a personas consideradas de “riesgo extremo” y es conocida como " el Alcatraz de las Montañas Rocosas".
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y quien actualmente cumple una condena por narcotráfico, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad Florence ADX, ubicado en el estado de Colorado, conocido por ser la prisión con más alta seguridad de los Estados Unidos.
De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, García Luna ya se encuentra registrado en esta instalación penitenciaria clasificada como “supermax”, ubicada en el condado de Fremont, cerca de la localidad de Florence. Su fecha de liberación está programada para el 19 de junio de 2052.
Según informó el diario Milenio, la defensa legal de García Luna había intentado evitar su traslado a una prisión de esta naturaleza. El nuevo entorno complica aún más su estrategia para apelar la condena de 38 años que le fue impuesta en noviembre del año pasado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Desde diciembre, sus abogados han intentado presentar una apelación, pero las dificultades para comunicarse con su cliente han retrasado el proceso, reportó Milenio.
Florence ADX es una cárcel diseñada para albergar a personas consideradas de “riesgo extremo” y es conocida como “el Alcatraz de las Montañas Rocosas”.
Sus internos, no más de 500, permanecen confinados en celdas individuales durante 23 de las 24 horas del día. Solo se permite una llamada telefónica al mes y las condiciones de aislamiento incluyen celdas de concreto insonorizadas, vigilancia continua con tecnología de punta, y una estricta separación entre reclusos.
En este penal también cumplen condena personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Alfredo Beltrán Leyva, ambos exlíderes del narcotráfico en México.
Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2019, ha denunciado mediante escritos a tribunales el aislamiento al que está sometido.
Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, fue sentenciado a prisión de por vida en 2017 y también se encuentra recluido en el complejo.
Además de narcotraficantes, Florence ADX alberga a personas condenadas por terrorismo, como Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado en el Maratón de Boston de 2013, y Zacarias Moussaoui, acusado de conspirar en los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Florence ADX ha operado desde su inauguración sin registrar una sola fuga. Sus medidas de seguridad incluyen puertas de acero controladas remotamente, cámaras, sensores de movimiento, barreras con alambre de púas, torres de vigilancia y patrullajes armados.
Trasladan a García Luna: ahora está con El Chapo en la prisión más temida de Estados Unidos
Publimetro Mèxico
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, fue trasladado a la temida prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, donde también está recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Este movimiento marca un nuevo episodio en la caída del exfuncionario mexicano, condenado por nexos con el narcotráfico y considerado uno de los presos más importantes de origen mexicano en territorio estadounidense.
ADX Florence es conocida como la prisión más segura y dura de Estados Unidos, apodada la “Alcatraz de las Rocosas”. Allí, los internos pasan hasta 23 horas diarias en aislamiento, con visitas restringidas y sin contacto humano, un castigo que busca evitar fugas de alto perfil.
García Luna ahora comparte esta prisión con otros criminales de alto riesgo, incluyendo a “El Chapo” Guzmán, con quien supuestamente tuvo vínculos durante su tiempo como alto mando de seguridad en México.
¿Por qué García Luna fue condenado?
García Luna fue declarado culpable en 2023 en una corte de Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración, al demostrarse que aceptó sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa mientras lideraba la lucha contra el crimen en México.
En octubre de 2024, recibió una condena de 38 años de prisión. Sin embargo, su defensa busca apelar la sentencia, aunque el traslado a ADX Florence podría complicar sus movimientos legales.
De acuerdo con registros del Buró de Prisiones de Estados Unidos, la fecha tentativa de liberación de García Luna es el 19 de junio de 2052, cuando tendría casi 83 años de edad. El exfuncionario ha insistido en su inocencia, pero hasta ahora las cortes estadounidenses han mantenido los cargos y la sentencia.
Un mensaje político para México
El caso García Luna sigue siendo un tema de alto voltaje político en México. Durante años, fue el rostro de la guerra contra el narcotráfico, y su condena se usa como ejemplo de corrupción en las estructuras de seguridad durante los gobiernos pasados.
La administración actual ha insistido en que se investigue a fondo la red de corrupción vinculada a García Luna.
Además de la condena penal, García Luna y su esposa fueron sentenciados en mayo de 2025 a pagar más de 2,500 millones de dólares al gobierno mexicano por desvíos de recursos públicos, detectados a través de investigaciones de la UIF. Sin embargo, hasta ahora, solo se han recuperado unos pocos millones de dólares, dejando abierta la duda sobre el destino del dinero desviado.
El futuro de García Luna: aislamiento y apelaciones
La realidad de García Luna en ADX Florence será dura. La prisión está diseñada para eliminar la posibilidad de fugas o influencia externa, y muchos internos pasan décadas sin ver la luz del sol directamente. Mientras tanto, su equipo legal prepara una apelación que podría definirse en septiembre de 2025, aunque las probabilidades de revertir la sentencia son reducidas.
Ex abogada de ‘El Chapo’ y un acusado de narcotráfico, en boleta para ser jueces
EXCELSIOR
Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango forma parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola.
Nunca me he vendido antes ustedes como el candidato perfecto", dijo Chávez en un video que compartió en Facebook, aseveró que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
En el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción.
Dijo a Reuters que las acusaciones eran "calumnias y difamaciones". "Que me juzgue el pueblo", señaló.
En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultra violento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Su conocimiento de la ley de extradición, sobre la que asesoró a los capos, lo convirtió en un activo, dijo a Reuters.
¿Ser una persona asesor en temas de derecho internacional o extradición te da mala fama pública? Considero que no", dijo. "Eso es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para poder ver ese tipo de situaciones", añadió.
En vísperas de las elecciones del 1 de junio, organizaciones civiles, asociaciones de jueces y algunos legisladores mexicanos están planteando serias preocupaciones sobre una votación que, según advierten los críticos, podría poner en peligro el estado de derecho en el país.
La reforma judicial fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por su sucesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Ambos afirmaron que acabaría con la corrupción en el viciado sistema judicial mexicano y permitiría al pueblo decidir quién debe ser juez.
Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), formado por organizaciones sin ánimo de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de candidatos opositores y ha criticado problemas en el diseño de complicadas papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue criticada por el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien trabajó durante la administración del presidente Joe Biden, como una amenaza a la democracia mexicana.
Críticos afirman que la reforma, una de las más amplias que se han intentado en los últimos años en cualquier país del hemisferio occidental, corre el riesgo de eliminar los contrapesos al partido, Morena, y de permitir a los grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.
La reforma reduce de 11 a 9 el número de ministros de la SCJ, reduce la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y recorta a la mitad, cinco años, la práctica jurídica necesaria.
También elimina algunos beneficios para los trabajadores judiciales y crea un tribunal disciplinario de cinco personas que, según críticos, es insuficiente para supervisar un poder judicial de 50,000 miembros.
El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, dijo que los candidatos que su organización había señalado revelaban graves faltas en el sistema de investigación de antecedentes del Gobierno, que estaba destinado a verificar los criterios de elegibilidad, incluyendo: Ciudadanía mexicana por nacimiento, licenciatura en Derecho, "buena reputación" y un historial limpio de delitos graves.
Meza dijo que su organización ha estado revisando la lista de candidatos y ha identificado otros nombres problemáticos que aún no han publicado.
Explicó que, al parecer, los aspirantes a jueces no habían sido investigados para comprobar si habían sido condenados en el extranjero o a quién habían representado legalmente. Atribuyó gran parte del problema a la premura de la elección.
Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de intentar aprobar esto de manera 'fast track'", consideró.
La oficina de Sheinbaum y el poder judicial federal de México no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la reforma o la investigación de antecedentes.
Tanto la coalición gobernante como la autoridad electoral han tratado de distanciarse de las cuestiones sobre la elegibilidad, diciendo que es demasiado tarde para hacer algo antes de las elecciones. Los candidatos que resulten electos tendrán que ser destituidos después de la votación, según las autoridades electorales.
Una asociación mexicana de magistrados y jueces, JUFED, dijo que la lista de candidatos controvertidos confirma su opinión de que la reforma es una amenaza para la independencia judicial en México.
Es peligroso esto que está sucediendo con el tema de la elección", dijo la directora nacional de la JUFED, Juana Fuentes. "El grave riesgo de que se involucraran intereses o grupos delincuenciales o gente representativa de ellos", subrayó.
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en funciones anunciaron que no participarían en las elecciones y que, en su lugar, presentarían su renuncia.
Los candidatos no pueden utilizar material de campaña que los vincule a un partido político, participar en actos organizados por partidos políticos ni aceptar donaciones de ningún tipo.
DEBER PROFESIONAL
Quizá la candidata que más titulares ha acaparado es Silvia Delgado, quien representó en 2016 al tristemente célebre "El Chapo", antiguo jefe del cártel de Sinaloa. Ella lo visitaba semanalmente en prisión para compartir con él actualizaciones antes de que fuera extraditado a Estados Unidos y finalmente condenado a cadena perpetua.
Ahora, espera convertirse en jueza penal en Chihuahua.
Una tarde reciente en la norteña ciudad fronteriza Ciudad Juárez, Delgado desafió el calor sofocante para repartir folletos y charlar con los votantes a las puertas de una escuela local.
Madre soltera que crió a sus cuatro hijos y estudió derecho, Delgado es una mujer carismática en un traje negro de falda y tacones altos.
No soy corrupta", aseguró. "No te pueden quemar por haber llevado una representación", subrayó.
El mejor legado que puedo dar yo, como ser humano y para mis hijos y para mis nietos, es haber sido una persona íntegra, que todo el tiempo defendió a las personas", añadió.
Dijo que considera que su trabajo de representación de "El Chapo", que incluyó la presentación de una petición para que se le proporcionara una cobija en prisión, está en línea con sus obligaciones profesionales.
Delgado es sincera sobre la razón por la que aceptó el trabajo. Fue, dice, un gran paso adelante para ella como abogada, un paso que volvería a dar. "Me interesó porque era una oportunidad a nivel curricular (...) atender un asunto de un personaje tan famoso", explicó.
Dijo que no había tenido ningún contacto con los abogados de "El Chapo" desde el caso, aunque sí aceptó ayudar a su esposa, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana, a llevar a sus hijas a Estados Unidos.
Guardó sus palabras más duras para el activista Meza, calificándolo de "irresponsable" y de dirigir un "grupo de Robin Hood" empeñado en atacarla "directamente".
Meza dijo que Defensorxs no estaba interesado en "atacar" a ningún candidato, sino en exponer los riesgos asociados a ellos.
Nuestro objetivo es informar a la sociedad sobre ellos para que puedan tomarlos en cuenta al ejercer su derecho al voto", dijo. "Nos parece evidente que este riesgo existe en el caso de Silvia Delgado", añadió. No identificó otras preocupaciones aparte de su trabajo legal para "El Chapo".
GUERRA MEDIÁTICA
El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo a Reuters que el enfoque sobre la elegibilidad de ciertos candidatos era una guerra mediática "racista y clasista" destinada a desacreditar las elecciones.
No es importante. No es relevante", dijo Noroña, añadiendo que las personas declaradas inelegibles podrían ser retiradas después de la votación.
La autoridad electoral, el INE, ha dejado claro que los nombres no pueden ser retirados antes de la votación.
Claudia Zavala, consejera electoral del INE, dijo que el organismo debería haber sido incluido antes en el proceso de depuración, que se llevó a cabo por miembros de un comité seleccionados por el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Desagregar esa función a otras autoridades parece que no fue lo óptimo", dijo.
Ahora, lo único que puede hacer y6 con el fin de demostrar que una persona no es elegible para ocupar el cargo, dijo Zavala. Si un ganador no cumple con los requisitos, el cargo pasaría al segundo lugar.
Sin embargo, cualquier investigación sobre la elegibilidad de un candidato debe estar terminada antes del 15 de junio, dijo Zavala, cuando se completan los resultados de las elecciones y se confirman los cargos.
Las pruebas deben ser muy claras", enfatizó.
‘El Chapo’ y sus hijos planearon ‘levantar’ a Galilea Montijo para que traicionara a Arturo Beltrán Leyva
El ‘Mini Lic’ cuenta que los capos exploraron pagarle medio millón de dólares a la conductora de televisión para que “pusiera” a Arturo Beltrán.
Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, reaparece en una fiesta tras ser liberada
A solo dos días de haber recuperado su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció en un evento público, la noche del 15 de septiembre en Los Ángeles, California.
Familiares de desaparecidos piden ser atendidos por AMLO
Los manifestantes demoraron el paso del vehículo del AMLO rodeándolo con carteles que decían “Ayúdalo a regresar a casa”
Hija de “El Chapo” reparte despensas a los adultos mayores en Jalisco
La hija de uno de los narcos más conocidos a nivel global, dio "muestras de apoyo" a las personas de la tercera edad
