En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Néstor Camarillo Medina, informó a los diputados presentes en el Pleno sobre la reforma al Código Penal y la Ley Orgánica Municipal.
Este documento, establece sanciones de hasta 7 años de prisión para los alcaldes que designen a un secretario o director de seguridad pública, sin tener la certeza que son personas honestas y sin ningún nexo con grupos criminales como sucedió en Tulcingo del Valle.
También, señala una sanción de cárcel para los policías municipales que ejerzan el cargo sin tener el Certificado Único Policial o acepten ser contratados sin tener la capacitación y certificación correspondiente.
“Se da cuenta del oficio SEGOB/2045/2022 de la Secretaría de Gobernación del Estado quien por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo remite la iniciativa de reforma de decreto que modifica el artículo 418 y se adiciona las fracciones XVI Bis y Ter al artículo 419 del Código Penal”.
Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidades de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente, para luego ser enviada al Pleno del Congreso.