Aurelia Navarro Niño

Por años las organizaciones 28 de Octubre y Antorcha Campesina han estado detrás de los hechos violentos protagonizados por transportistas que se oponen al retiro de unidades en mal estado en la entidad, acusó el diputado local de Fuerza por México (FxM), Elpidio Díaz Escobar.

El legislador acusó a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) y a Antorcha Campesina de estar detrás de los actos de violencia, por ello pidió al gobernador, Alejandro Armenta Mier aplicar la Ley, tener “mano dura”.

Según Díaz Escobar, estas agrupaciones habrían construido durante décadas una red de “protección” en distintas rutas del transporte público, en la que concesionarios se afiliaban a cambio de respaldo ante operativos o conflictos, lo que —aseguró— generó un sistema permisivo que frenó la modernización del servicio.

El diputado sostuvo que la resistencia actual a los operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) responde a la pérdida de control de estos grupos sobre las rutas y a la exigencia de renovar unidades que por años circularon sin cumplir estándares mínimos.

De acuerdo con su postura, la presencia de personas encapuchadas con palos y piedras en protestas recientes evidenciaría la intervención de organizaciones que buscan mantener privilegios, más allá de una inconformidad legítima de transportistas.
“Como todo mexicano se esperan hasta el último momento para cumplir con las obligaciones, ahora ya todos tienen una multa. Muchos son adultos, hay placas que ya no existen, hay que depurarlo y ver la realidad. Vinieron varios, uno de ellos pidió que me removieran, le dije que habría que cumplir, y respondieron que ellos están acostumbrados así, pero con Armenta tienen que cumplir”.

Pidió que se aplique la ley sin distinciones y que se investigue el posible financiamiento o movilización de grupos externos en las manifestaciones, al advertir que no se debe permitir que intereses particulares condicionen la política pública en materia de movilidad.

Afirmó que el proceso de regularización del transporte debe continuar para garantizar seguridad a los usuarios y romper con prácticas que, sostuvo, han perjudicado la calidad del servicio durante años.