Aurelia Navarro Niño

El Consejo de Honestidad y Justicia de Morena deberá analizar si la dirigente estatal del partido en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, ha hecho uso de su posición política para obtener ventajas en el conflicto jurídico por una herencia millonaria.

Así lo señaló el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, quien evitó pronunciarse sobre una eventual separación del cargo de la líder partidista, al subrayar que cualquier acción dependerá de la presentación formal de una queja.

“Si existe una queja, se le dará curso”, puntualizó el legislador, al insistir en que hasta el momento no se puede actuar sin un procedimiento interno debidamente iniciado.
No obstante, hizo un llamado directo a la dirigente para que se mantenga enfocada en sus responsabilidades partidistas, al recordar que su encomienda es fortalecer la estructura de Morena en todo el territorio poblano y no utilizar el cargo para beneficios personales.

El posicionamiento se da en medio de la controversia derivada del litigio por una herencia estimada en 600 millones de dólares, vinculada a la fallecida Socorrito Romero Sánchez. En este contexto, también ha surgido el señalamiento de que Romero Garci-Crespo anteriormente se identificaba como Mónica Caballero Garci-Crespo, lo que ha intensificado el debate público sobre su identidad y el uso de su figura política.

El conflicto legal ha escalado al ámbito judicial con el arraigo domiciliario de Estela Romero Bringas, de 86 años, y de Ramiro Rodríguez Maclub, de 75 años y titular de la Notaría Pública 3 de Tehuacán, quienes fueron señalados por la propia morenista de intentar apropiarse indebidamente de la herencia.

A partir de estos hechos, han crecido los cuestionamientos dentro y fuera de Morena sobre si la dirigente estatal podría estar utilizando su posición política para influir en un litigio personal, así como sobre sus posibles aspiraciones rumbo a la candidatura a la alcaldía de Tehuacán.

Mientras tanto, el partido mantiene que cualquier determinación dependerá de los mecanismos internos y de la presentación formal de denuncias ante sus órganos de justicia partidaria.