Contraparte/Staff
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo fallo condenatorio en contra de Juana N., responsable del delito de secuestro agravado, por hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán. Como resultado del procedimiento judicial, la autoridad jurisdiccional le impuso una pena de 60 años de prisión.
Las investigaciones permitieron establecer que el 30 de mayo de 2019, la víctima acudió a una institución bancaria ubicada en la plaza comercial Paseo Tehuacán, lugar donde fue vista por última vez. Durante varias semanas se desconoció su paradero, hasta que el 12 de julio del mismo año, familiares comenzaron a recibir mensajes mediante los cuales exigían el pago de dinero (500 mil pesos) a cambio de su liberación.
Derivado de las negociaciones realizadas por los captores, los familiares acordaron la entrega de 300 mil pesos, cantidad que fue proporcionada con la finalidad de salvaguardar la integridad de la víctima. Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, se logró identificar la participación de Juana N. en la privación de la libertad, obteniéndose una orden de aprehensión en su contra que fue cumplimentada el 9 de septiembre de 2019.
Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó diversos datos y medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de la acusada en el delito de secuestro agravado, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio el 28 de mayo de 2026.
Posteriormente, en audiencia de individualización de sanciones celebrada el 4 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso a Juana N. una pena de 60 años de prisión, una sanción pecuniaria superior a 422 mil pesos, amonestación pública y dejó a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral durante la etapa de ejecución de sentencia.
La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará fortaleciendo las acciones de investigación y litigación para combatir los delitos que atentan contra la libertad de las personas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
