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TOLUCA, Edomex (apro).- Más de 30 servidores públicos activos y retirados, así como particulares fueron detenidos para ser investigados como integrantes de una red de “aviadores” de distintas dependencias del Estado de México.

La red operaba al menos desde 2021 y el daño al erario bajo este esquema se estima en 96 millones de pesos tan solo en el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026, a razón de 4 millones de pesos quincenales en salarios, aguinaldos, primas vacacionales y bonos.

Los investigados también se otorgaron a sí mismos una o más plazas de docentes con salarios aproximados a 50 mil pesos mensuales que podrían ocupar con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza. Estas conductas, refiere la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encuadran en los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Además, el entorno socioeconómico de los investigados no corresponde al de los servidores públicos que viven de su salario, toda vez que realizaban viajes suntuosos a destinos turísticos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto, además de que utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía.

Entre los detenidos están dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador de delegaciones, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores de las Secretarías de Finanzas, Educación (SECTI), Seguridad y Oficialía Mayor (OM).
Los "aviadores" se daban una vida de lujos, según documentó la Fiscalía. — Fiscalía Edomex

Modus operandi

Las detenciones responden a investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense a partir de denuncias entabladas el 11 y 26 de febrero, y el 4 de mayo de este año por la representación legal de la SECTI, por 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes donde los “supuestos servidores públicos” no ejercían función alguna.

También se identificó que varios de los intervinientes guardan una relación familiar y/o de estrecha confianza entre sí, de manera que los servidores públicos, al dejar el cargo, continuaban dentro del esquema delictivo y quien lo sustituía en el puesto ocupando esa vacante era integrado a la red.

Además se encontró ausencia de soporte documental administrativo y/o profesional de las personas contratadas, que sí se encontraban registradas en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la SECTI y en la Plataforma “META 4” para la dispersión de nómina de la OM, infraestructura tecnológica que fue puesta en funcionamiento a finales del año 2017, cuando Óscar “N”, uno de los detenidos, fungía como director general de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Este sujeto incorporó a los ahora investigados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros, en las Secretarías de Seguridad y de Finanzas.

Estas personas tenían una relación de amistad previa e incluso algunas participaron en el desarrollo de “META 4”, por lo que, al integrarse como servidores públicos, paulatinamente fueron designados en áreas estratégicas que propiciaron y facilitaron las conductas delictivas investigadas al interior de la Secretaría de Finanzas y en otras dependencias.

El 19 de diciembre de 2021, Juan Alberto “N”, otro de los servidores públicos presuntamente involucrados, había sido detenido mientras realizaba retiros en un cajero automático del centro de Toluca de 164 tarjetas de débito expedidas a favor de servidores públicos adscritos en ese momento a la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Entonces, su superior jerárquico, Rodolfo Alejandro “N”, señaló que: “Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas y por eso las tenía en su poder”, mientras Eduardo “N”, entonces subordinado del investigado, declaró que “le prestó a Juan Alberto el dinero en efectivo que tenía en su poder al momento de ser detenido y le había firmado un pagaré”. En aquel momento también comparecieron ante el Ministerio Público Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N” con versiones similares para desvirtuar la acusación.

Es decir, al menos desde esa fecha se han obtenido sistemáticamente recursos del erario mediante el reclutamiento de personas que son dadas de alta en plazas oficiales de la Secretaría de Educación –ahora SECTI–, la Secretaría de Seguridad y posiblemente otras dependencias como la Secretaría de Salud.

A partir de la denuncia de la SECTI se identificó una estrecha relación de esa dependencia con la OM en la alta de docentes, con lo que se pudo establecer que funcionarios de ambas dependencias habrían intercambiado claves personales de acceso al SIGAP, permitiendo con ello que las altas de docentes fueran fraudulentamente asignadas a planteles educativos inactivos para evitar que fueran “descubiertos”.

Algunos de los detenidos fungían como “reclutadores” dedicados a captar personas de su confianza, principalmente familiares y amigos. Una vez efectuadas las altas, los “reclutadores” o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas y los dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo.

A los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental. En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, los “falsos docentes” recibieron 6 mil, en tanto que los servidores públicos de más alto rango que operaban esta red, tanto de la OM como de la SECTI, se quedaban con la mayor cantidad de dinero e incluso tenían estrategias sobre los montos máximos que podían bancarizar.

La red también contaba con personal operativo con funciones de capturista que se encargaba de las altas, a pesar de que las personas contratadas no hubieran cumplido con los requisitos y documentación solicitadas. Pese a que ellos ocupaban los puestos de menor rango dentro del esquema delictivo, algunos realizaron más de 70 movimientos de alta irregulares y recibían un pago de cinco mil pesos por cada uno.

Las altas se realizaban durante la madrugada y se alternaban mensualmente las cuentas de registro para intentar ocultar los movimientos.

Los directivos autorizaban las altas y/o licencias, tramitaban pagos y adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

Por mensajes de texto, los “reclutadores” indicaron a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM”, y después de la primera denuncia les informaron que “debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno”.

Los investigados

De los 33 investigados, seis son exservidores públicos:

Óscar “N” fungió como subsecretario de Administración del 16 de abril 2021 al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría de Finanzas.

Sergio Andrés “N” se desempeñó como subsecretario de Administración y Finanzas del 2019 al 2023 en la Secretaría de Educación.

Alfredo “N” fue delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica del 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2025 en la SECTI.

Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N” fueron elementos de la Secretaría de Seguridad durante 2021.

También fueron detenidos nueve servidores públicos en funciones de la OM:

Juan Alberto “N” como delegado administrativo de la Dirección General de Personal desde el 16 de marzo de 2020.

Araceli “N”, directora de Remuneraciones al Personal de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2021 a la fecha.

Yunuen “N”, subdirectora de Actualización de Base de Datos de la Dirección General de Personal del 16 de abril de 2021 a la fecha.

Fabiola Lidia “N”, líder de Proyecto A con funciones de secretaria particular de Yunuen “N”.

Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Personal del 16 de octubre de 2024 a la fecha.

Diego Emmanuel “N”, jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2022 a la fecha.

David “N”, director de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Dirección General de Personal del 16 de junio de 2024 a la fecha.

Daniel “N”, secretario particular del Director General de Personal del 1 de mayo de 2021 a la fecha.

Jair “N”, analista especializado de 2022 a la fecha y persona de confianza de Yunuen “N”.

También hay 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI:

Daniel Arturo “N”, delegado administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica del 1 de junio de 2025 a la fecha.

Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” y Alan Israel “N”, todos capturistas.

Asimismo, se detuvo a una servidora pública de la Secretaría del Bienestar, identificada como Diana Paola “N”, actualmente Analista B con funciones de asistente del coordinador administrativo de esa dependencia y quien entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de jefa de proyecto con funciones de secretaria particular de Óscar “N”, entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.

De igual manera se ejercitó acción penal en contra de “falsos docentes” con funciones de “reclutadores”, entre estos Sabina “N”, quien contó con una plaza de docente del 2 de enero de 2025 al 15 de febrero de 2026.

Cinco de los investigados, aún no vinculados a proceso, identificados como Jaime Noé “N”, director general de Personal de la Subsecretaría de Administración del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 en la Secretaría de Finanzas; Eduardo “N”, subdirector de Control de Pagos de la Dirección General de Personal en la OM; Erick Jonathan “N”, subdirector de Soporte de Nómina de la Dirección General de Personal de la OM; José Ernesto “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad en 2021; y Areli “N”, subdirectora de Control de Calidad de Procesos de la OM, presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión en su contra.

En el esquema delictivo también se encuentra relacionado un individuo identificado como José Daniel “N”, quien se desempeñaba como servidor público adscrito a la SECTI con funciones de enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la OM, quien fue hallado sin vida al interior de su domicilio el pasado 2 de abril, cuyas circunstancias de muerte continúan en investigación bajo el protocolo de homicidio.

Del 28 de junio al 4 de julio de 2026, 28 de los investigados fueron vinculados a proceso; 27 con medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de “Santiaguito” ubicado en Almoloya de Juárez.

El MP considera que se actualiza un concurso real homogéneo de delitos, dado que habrían realizado mediante diversos actos independientes, en momentos distintos, por lo que, si bien las penas podrían ser de entre 10 y 26 años, estas se acumulan por cada evento delictivo y se sancionaría por cada alta irregular.