José Carlos Sánchez
Presuntas violaciones sexuales, esterilizaciones sin consentimiento y explotación sexual de pacientes fueron denunciadas por una trabajadora del Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano, conocido como «El Batán», en Puebla.
Los señalamientos fueron difundidos por colectivos, familiares y víctimas en redes sociales recogen (entre otros) el testimonio de una empleada identificada con el seudónimo de «Roberta» para proteger su identidad.
De acuerdo con la denunciante, los abusos llevarían alrededor de 20 años y presuntamente involucrarían a personal de enfermería, intendencia, vigilancia e incluso médicos y directivos del hospital.
La trabajadora aseguró que mujeres ingresadas al área de larga estancia serían sometidas a oclusiones tubarias bilaterales (salpingoclasias) sin su consentimiento, durante los primeros días de hospitalización, para impedir que pudieran embarazarse.
También acusó que algunas pacientes serían sedadas con medicamentos para facilitar agresiones sexuales durante los turnos nocturnos. Como ejemplo, relató el caso de una mujer colombiana que presuntamente habría sido víctima de abusos reiterados y por quien los trabajadores involucrados cobrarían hasta 500 pesos para acceder a ella.
La denunciante sostuvo que estas prácticas serían toleradas por mandos del hospital y que las pacientes que intentan denunciar son desacreditadas debido a sus padecimientos psiquiátricos, sin que necesariamente se realicen exámenes médicos legistas.
Las acusaciones se suman a otros señalamientos publicados en diciembre de 2025 por e-consulta, que documentó testimonios de trabajadores y familiares sobre presuntos abusos sexuales y mecanismos de protección al interior del nosocomio.
En ese momento, la Secretaría de Salud anunció revisiones internas para esclarecer las denuncias. Posteriormente, en julio de 2026, la diputada Delfina Pozos Vergara solicitó la comparecencia del director del hospital ante el Congreso local.
Hasta ahora, las acusaciones específicas sobre esterilizaciones forzadas y el presunto cobro por agredir sexualmente a pacientes requieren corroboración independiente. La gravedad de los testimonios hace necesaria una investigación de la Fiscalía y la intervención de los organismos de derechos humanos para determinar posibles responsabilidades y garantizar la protección de las pacientes.
