Aurelia Navarro Niño

El Congreso local aprobó la homologación con la Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo este delito.

La medida fue avalada en sesión extraordinaria, alineándose con la propuesta impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La aprobación contó con el respaldo de distintas fuerzas políticas, incluyendo a partidos de oposición como el PAN y el PRI, lo que permitió consolidar un acuerdo institucional en torno a la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir la violencia contra las mujeres.

Entre los principales aspectos avalados destaca la obligatoriedad de investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, así como el reconocimiento de agravantes y la tipificación de la tentativa, contemplando más de 20 supuestos.

Asimismo, se establecen sanciones más severas, que van de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas, especialmente en casos donde las víctimas sean menores de edad, embarazadas, periodistas, personas con discapacidad o cuando el agresor sea servidor público.

La reforma también contempla medidas de reparación integral del daño a víctimas indirectas, la pérdida de derechos como la patria potestad y derechos sucesorios para los agresores, así como una mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

De igual forma, se establecen protocolos claros para ministerios públicos, policías y peritos, con el fin de fortalecer la investigación y garantizar el acceso a la justicia.