Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha desmantelado una red masiva de corrupción que operó durante décadas, revelando más de 58,000 irregularidades en las concesiones de agua en todo el país. Esta investigación, resultado de una revisión federal exhaustiva, expone un entramado de falsificación, acaparamiento y tráfico ilegal de derechos de agua, con títulos que incluso ubican pozos en el mar o en el extranjero. Como respuesta, el gobierno de la Cuarta Transformación prepara una reforma legal sin precedentes que busca imponer sanciones draconianas para acabar con el mercado negro del vital líquido.
La magnitud del fraude es un reflejo de la impunidad del pasado. Conagua, que ha revisado el 90% del padrón nacional, encontró casi 60,000 títulos con graves anomalías. Entre las más flagrantes se hallaron 18,000 concesiones con coordenadas falsas, incluyendo casos absurdos con ubicaciones en medio del océano o en países como Tailandia, un claro intento de burlar la ley. Esta práctica se suma al uso indebido de permisos, donde se han utilizado concesiones agrícolas, que están exentas de pago, para beneficiar a industrias, balnearios y clubes de golf, o se han desviado permisos de uso público urbano para el enriquecimiento de particulares.
Además de las irregularidades administrativas, se documentó un sofisticado mercado negro. La perforación de pozos clandestinos para la venta de agua en pipas ha generado ganancias millonarias, con algunos operadores extrayendo hasta 200 pipas diarias y vendiéndolas a precios exorbitantes. A esto se suma el acaparamiento especulativo, donde particulares han acumulado múltiples títulos de concesión para mantenerlos inactivos, esperando a que el crecimiento urbano o industrial los convierta en activos vendibles a precios inflados, confirmando que el agua se ha tratado como una simple mercancía.
La depuración del padrón ha rendido frutos tangibles. La labor de la actual administración ha permitido una recaudación adicional de 2,938 millones de pesos y, lo más importante, la recuperación de 4,475 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen, equivalente a miles de millones de garrafones, ahora podrá ser reasignado con transparencia para garantizar el acceso al recurso. Las acciones de fiscalización ya han resultado en 490 clausuras de obras e instalaciones irregulares, enviando un mensaje claro de que la impunidad ha llegado a su fin.
Conagua señala que la raíz del problema se encuentra en el sistema de concesiones establecido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La falta de controles, las sanciones mínimas y la opacidad crearon un caldo de cultivo para la corrupción. Ante esta situación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para enviar al Congreso dos iniciativas históricas: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas.
Estas iniciativas no solo buscan aumentar las multas hasta 5 millones de pesos, sino que también incorporarán la figura de extinción de dominio para decomisar los bienes adquiridos con ganancias ilícitas del tráfico de agua. Esta medida, junto con la nueva legislación que busca garantizar el derecho humano al agua y cerrar los vacíos legales, marca un punto de inflexión. El objetivo es claro: dejar de tratar el agua como una mercancía para consolidarla como un bien público y un derecho fundamental para todos los mexicanos.
@_Melchisedech
